ONG de infancia instan a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a investigar delitos de odio contra niños migrantes solos

Unicef, Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo para mostrarles "su profunda preocupación" acerca del "fenómeno de estigmatización creciente" en torno a los niños migrantes que llegan solos a España (MENAS).

Las organizaciones enviaron una carta conjunta a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo el 7 de noviembre trasladándoles su inquietud e instando a las autoridades a que tomen medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños que, "ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro".

Según refieren estas organizaciones, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños, y adolescentes a nivel social y político, "a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos".

Las organizaciones de infancia han constatado que la proliferación de estos mensajes "de criminalización y de odio está calando en la sociedad". Como prueba de ello, se han referido a manifestaciones o actos como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, que, según las ONG, "vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana".

Asimismo, las entidades especializadas en infancia insisten en que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que "niño migrante no acompañado" es sinónimo de delincuente o de problema de orden público.

En este sentido, recuerdan que una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.

Las organizaciones de infancia añaden que las manifestaciones y la realización de "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone "una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños"

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Igualmente, recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores, y prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para "impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación".

Las organizaciones alertan de que este tipo de actos, declaraciones y discursos ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio contra ellos.

Por ello, reclaman a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el Código Penal referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, así como los referidos a los delitos de incitación al odio.