Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) recordaron este viernes al Gobierno español que "está obligado" a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas".
La declaración de los expertos internacionales se produce a raíz de la decisión del Consejo de Ministros de no extraditar a 19 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. La magistrada argentina que instruye el caso, la jueza María Servini, llegó a requerir la extraditación de varios exministros del dictador Franco, como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina.
El juez Velasco, sin embargo, archivó el pasado mes de febrero la petición de las víctimas para que se detenga a Martín Villa y a otros exministros franquistas al considerar que las asociaciones demandantes no tienen legitimación para solicitar la extradición de los acusados de crímenes durante la dictadura, ya que esa competencia corresponde al Estado.
“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas"
“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos de la ONU.
La justicia argentina estableció que los delitos que investiga la jueza Servini en la llamada querella argentina -sobre fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos- constituyen "crímenes de lesa humanidad" y pide poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.
Si bien es cierto que entre las competencias del Gobierno español cabe la posibilidad de denegar la solicitud de extrdaitación, la organización señaló que "si no extradira, tiene la obligación de garantizar el acceso a la justica para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad ante las jurisdicciones españolas”.
Asimismo, los expertos de la ONU recalcaron que los argumentos del Consejo de Ministros “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”.
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A su entender, "el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar, o juzgar, a los responsables”, ya que "los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir, que no 'vence' la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.
En esta línea, los expertos de la organización señalaron que "la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos" y que "la obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”.
La ONU, que asegura haber mantenido mantenido comunicación con el Gobierno español sobre este asunto, detalló que el Ejecutivo de Rajoy también recurrió a los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación para justificar la no extradición de los acusados por la magistrada argentina. Sin embargo, los expertos de la organización explicaron que estos principios no se aplican en estos casos, ya que a la fecha –más de 40 años después de los hechos– no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo.
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) recordaron este viernes al Gobierno español que "está obligado" a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas".