"El PSOE crujirá vivo a Rajoy (...). Aplicará un programa para derogar la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley educativa, para cambiar la reforma laboral...". Palabras del diputado socialista Eduardo Madina en una entrevista pocos días antes de la investidura de Rajoy en octubre de 2016. Quizá fue él quien lo dijo con mayor rotundidad, pero por aquellas fechas eran muchos los diputados de la oposición que coincidían en frases como estas: "Se han acabado las mayorías absolutas", "el PP no podrá hacer lo que quiera", "será el Gobierno del Parlamento". Nueve meses después, la realidad es bien distinta: los grupos de la oposición no han sido capaces de aprobar una sola ley en contra del Ejecutivo, que veta y torpedea sus iniciativas y gobierna a golpe de decreto.
El Congreso de los Diputados echó a andar esta legislatura inmediatamente tras la investidura de Rajoy y a finales de junio celebró el que será su último Pleno hasta mediados de septiembre. Esta semana la Cámara baja acogió la última sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, y la actividad se reducirá ahora al mínimo durante el verano, tiempo en el que únicamente se reunirá la diputación permanente, compuesta por unos 60 de los 350 diputados. El balance de estos primeros compases de legislatura es claro: sólo se han aprobado cuatro leyes –dos a iniciativa del Gobierno, otra cuyo autor es el grupo popular y una cuarta compartida entre PP y PSOE– y el Ejecutivo ha logrado convalidar hasta 17 reales decretos-leyes.
La primera ley del Gobierno se aprobó en abril. Se trata de una norma que incorpora al ordenamiento español una directiva europea sobre la restitución de bienes culturales que salgan de forma ilegal de España o del territorio comunitario. La otra, de mucho más peso y clave para poder sacar adelante la legislatura, son los presupuestos para 2017: junto con la luz verde al techo de gasto para 2018, esas cuentas alejan el fantasma de un adelanto electoral. Salieron adelante con el respaldo de PP, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, y pese a la oposición de todos los demás grupos de la Cámara. El PP también aprobó a finales de junio una modificación de la ley de jurisdicción voluntaria y otra, junto al PSOE, de asistencia jurídica gratuita, para dejar exento de IVA el turno de oficio.
Enfrente, la oposición no ha logrado aprobar ninguna ley y sólo ha tumbado un decreto del Gobierno: la reforma de la estiba, que sólo apoyaron PP, Cs y PNV. El resto de grupos se opuso e infligió al Ejecutivo una derrota histórica, pues desde 1979, en la época de Suárez, no se perdía una votación de ese tipo. Los grupos sí han registrado multitud de proposiciones no de ley –hasta 435 constan en esta legislatura ante el Pleno–, pero la inmensa mayoría aún no se han debatido, sólo se han aprobado 27 –10 del PP, 6 del PSOE, 4 de Unidos Podemos, 3 de Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto, 1 de ERC y 1 del PNV–, y, para colmo, estas no producen cambios legislativos: sólo instan al Gobierno a actuar en una determinada dirección, y Rajoy ya dijo al mes de tomar posesión que pensaba hacer caso omiso de las proposiciones.
Retrasos y vetos
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Además de la falta de acuerdo, hay dos motivos fundamentales por los que la actividad legislativa de la oposición se ve torpedeada: la primera es el ritmo del Congreso de los Diputados, donde las proposiciones de ley de la oposición se atascan en el trámite de enmiendas con innumerables prórrogas que las dejan varadas durante meses. De hecho, en la actualidad, hay hasta 15 iniciativas de la oposición paralizadas en esa fase, en la que se pasarán, de media, seis meses. Algunas de ellas superan las 20 prórrogas. El PSOE presentó recientemente una proposición para modificar el reglamento y poner coto a esa situación, pero se produce una paradoja: para que ese cambio entrase en vigor los socialistas tendrían que lograr aprobar una proposición de ley que, ahora mismo, está tan atascada en su tramitación como todas las demás.
El segundo freno a la actividad de la oposición es la capacidad de veto del Gobierno, que puede impedir que se tramite toda iniciativa que implique, a su juicio, una reducción de los ingresos o un aumento del gasto. Ese poder está recogido en el artículo 134.6 de la Constitución, y tradicionalmente era utilizado con cuentagotas por el Gobierno: Zapatero tenía el récord hasta ahora, con 23 vetos en su último mandato, pero Rajoy, en apenas un año, ha pulverizado todas las marcas: ha pedido que se veten 36 iniciativas y se ha salido con la suya en 34 de esas 36 ocasiones con la inestimable ayuda de Ciudadanos, partido con el que suma mayoría en la Mesa de la Cámara baja. La oposición ha pedido incluso que el Tribunal Constitucional decida si la capacidad de veto del Ejecutivo es o no ilimitada, pero por ahora no hay respuesta.
La ayuda de Ciudadanos también ha resultado clave para que el Gobierno consiga convalidar todos los decretos que ha presentado –salvo el ya citado caso de la reforma de la estiba–. Hasta ahora, en los primeros meses de Gobierno conservador, el Ejecutivo visto ratificados 17 de 18 decretos, y de esas 18 votaciones Cs dicho sí en 16, se ha abstenido en una y ha votado en contra en la restante. Muy similar ha sido la actitud del PSOE, con 15 votos a favor, una abstención y dos noes, aunque 13 de los 18 decretos se convalidaron durante la etapa de la comisión gestora, por lo que está por ver si la dirección de Pedro Sánchez marca algún cambio con esta actitud. Unidos Podemos es el único grupo que ha votado en contra la mayoría de ocasiones: nueve noes, cuatro abstenciones y cinco votos a favor de medidas del Gobierno.
"El PSOE crujirá vivo a Rajoy (...). Aplicará un programa para derogar la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley educativa, para cambiar la reforma laboral...". Palabras del diputado socialista Eduardo Madina en una entrevista pocos días antes de la investidura de Rajoy en octubre de 2016. Quizá fue él quien lo dijo con mayor rotundidad, pero por aquellas fechas eran muchos los diputados de la oposición que coincidían en frases como estas: "Se han acabado las mayorías absolutas", "el PP no podrá hacer lo que quiera", "será el Gobierno del Parlamento". Nueve meses después, la realidad es bien distinta: los grupos de la oposición no han sido capaces de aprobar una sola ley en contra del Ejecutivo, que veta y torpedea sus iniciativas y gobierna a golpe de decreto.