Un lustro después de la crisis de refugiados que tensó las costuras entre los socios europeos, el Viejo Continente se enfrenta nuevamente a una ola migratoria de enorme envergadura. En solo cuatro días, la invasión rusa de Ucrania ha provocado el éxodo masivo de cientos de miles de civiles desesperados hacia occidente. Una afluencia masiva de desplazados que desde Bruselas se muestran dispuestos a absorber, aunque para ello sea necesario recurrir a soluciones excepcionales nunca antes utilizadas. Y para la que ya se preparan los principales colectivos dedicados a dar cobertura a las personas refugiadas o migrantes y los Gobiernos. En España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado orden de priorizar y agilizar todos los trámites de extranjería relacionados con esta nacionalidad. "Vamos a extender las medidas para que los 100.000 ciudadanos ucranianos que hay en España puedan vivir legalmente en nuestro país", anunció en la noche de este lunes en una entrevista en TVE. Así, ha señalado que estas medidas van a ir encaminadas a que puedan acceder a la educación, la sanidad y las políticas sociales, "como un ciudadano más".
En la última década, según datos de Eurostat, se han registrado en los países europeos 89.265 peticiones de asilo. El 55% de ellas, solo en los tres años posteriores a la anexión de Crimea –2014, 2015 y 2016–. Si antes de la adhesión de la península la Unión Europea recibía alrededor de un millar de solicitudes anuales, tras la misma esa cifra se disparó, llegando a alcanzar un pico de 22.405. Una situación en la que España juega un papel importante. Echando de nuevo mano a los datos, solo en nuestro territorio se registraron durante esa última década recogida por el servicio estadístico comunitario el 16,3% de las peticiones de asilo. Solo por detrás de otros dos Estados: Alemania e Italia.
España es el cuarto Estado europeo en el que residen mayor número de ciudadanos ucranianos, solo por detrás de Polonia, Italia o República Checa. Más de 112.000 a enero de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con una comunidad tan importante, todo hace pensar que un buen número de las personas que han decidido huir de la guerra puedan tener entre sus planes el instalarse en suelo español. De ahí, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya comenzado a moverse para intentar absorber la futura llegada. "No se va a ahorrar ningún esfuerzo para la acogida de desplazados", aseguró hace unas horas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien insistió una y otra vez en que todas estas personas "tendrán la solidaridad" del país.
En primer lugar, el Gobierno se ha puesto en marcha para agilizar los trámites en extranjería. "Para los ucranianos que ya se encuentran en España, se ha dado la instrucción a las Oficinas de Extranjería de priorizar y agilizar todos los trámites de extranjería relacionados con esta nacionalidad", explican fuentes del Ministerio de Inclusión. Además, señalan que en el ámbito normativo "se están estudiando, a través de diversas herramientas, una batería de medidas que facilitarán inmediatamente la estancia de las personas ucranianas que ya están en España y de aquellas que pudieran llegar". Sólo en el último año, se registraron 1.037 solicitudes de asilo de ciudadanos ucranianos en suelo español, según los datos del Ministerio del Interior.
Desde la cartera que dirige José Luis Escrivá resaltan que nuestro país cuenta con "un sistema" de acogida "robusto y flexible", capaz de "adaptarse con rapidez a las posibles demandas". No obstante, dejan claro que si es necesario se ampliará esta red "en función de las necesidades" que se vayan "observando". En este sentido, el contacto con todas las regiones es "permanente". El martes está prevista una reunión con los directores de las oficinas de extranjería y las comunidades autónomas para detallar cómo pueden ayudar o durante cuánto tiempo.
Por el momento, los ofrecimientos han sido continuos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha ofrecido viviendas sociales y toda la capacidad de sus centros hospitalarios, incluido el Enfermera Isabel Zendal, al Ejecutivo central. Una acogida para la que también se han ofrecido los gobiernos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia o Aragón, entre otros. Y numerosas ciudades.
Mientras, los principales colectivos que trabajan con personas refugiadas en el país se mantienen en posición. "Estamos preparados para poder responder", afirma de forma rotunda en conversación con infoLibre Luis Manzano, del Área de Programas de Accem. La ONG forma parte del sistema integrado de atención y acogida a las personas refugiadas desde hace tres décadas. Y gestiona, en la actualidad, más de un millar de plazas de acogida en doce comunidades autónomas. Viviendas que, al fin y al cabo, se convertirán en el hogar de la mayoría de ciudadanos ucranianos que aterricen en España. "Quitando el centro que tenemos en Sigüenza (Guadalajara), nosotros trabajamos con un modelo de pisos", explica al otro lado del teléfono.
La atención psicológica, prioritaria
A no ser que haya cualquier cambio de planes, dan por hecho que el modelo de acogida será idéntico al de otras muchas crisis similares. Por ejemplo, la de Afganistán del pasado verano. "Se diseñará un itinerario a nivel individual o familiar en función de las necesidades", explica Manzano. En este caso, dice, lo primero será la atención psicológica. "Es una situación extremadamente dramática porque se trata de personas que han tenido que emprender una huida abrupta de su país. A esto se le añade la ansiedad que les genera el hecho de no poder contactar, o no saber nada, de aquellos familiares o amigos que se han quedado allí", sostiene el responsable de Accem. Un proceso en el que habrá que prestar especial apoyo a los más pequeños: "Son víctimas al cuadrado de todo esto".
Las primeras semanas son de adaptación ante un shock tan brutal y de resolución de aquellas cuestiones administrativas. Desde la escolarización de los chavales al acceso al sistema sanitario o las solicitudes de asilo. Un proceso en el que reciben el acompañamiento permanente de los colectivos. En un corto espacio de tiempo, tienen que aprender absolutamente todo. Y, para ello, es fundamental también manejarse con el idioma. Esto es clave tanto para poder desenvolverse con la administración como a nivel laboral. Un acceso al mercado de trabajo que se convierte en otro de los pilares del programa de acogida. "Les ayudamos a homologar títulos o en su recualificación para poder desarrollar una nueva actividad", explican los colectivos.
Desde que se incrementó la tensión en la zona a raíz de la crisis de 2014, Accem ha dado respaldo a más de un millar y medio de ucranianos. "El perfil era gente joven, con una gran capacidad de resiliencia, preparadas y con muchas ganas de trabajar. Ahora, quizá esto cambie y el perfil se vuelva mucho más variado", reflexiona Manzano. Familias que, por la condición sociodemográfica del país de origen, tienen más facilidad a la hora de adaptarse a su nueva vida. "La proximidad con Europa hace que se encuentren con un estilo de vida similar al que tenían", señala el responsable adjunto de Programas de la ONG.
Medio millón de desplazados en pocas horas
Mujeres y niños dejan atrás a los hombres y colapsan la frontera con Hungría
No han pasado ni cien horas desde el estallido de la guerra. Y más de medio millón de ucranianos han dejado ya el país, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), a través de Polonia, Hungría, Rumanía o Eslovaquia, los principales receptores. No obstante, solo son los primeros movimientos de población de una guerra de consecuencias imprevisibles. La entidad de Naciones Unidas calcula que alrededor de cinco millones de personas –algo más del 10% de la población ucraniana– podrán abandonar el Estado en cuestión de días. Cinco veces más que el flujo detectado durante la crisis de refugiados de 2015, cuando llegaron a las costas europeas alrededor de un millón de personas escapando de la persecución, los conflictos y la pobreza.
La crisis de hace un lustro tensó las relaciones entre los Veintisiete. Varios países, principalmente los del grupo de Visegrado –Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia–, se resistieron e, incluso, se negaron a aceptar entonces el reparto de refugiados fijado desde Bruselas. Ahora, sin embargo, la situación es diferente. Entre los Estados miembro hay un "gran apoyo" a abrir las puertas del Viejo Continente a los ciudadanos ucranianos. Tanto, que la Unión Europea tiene previsto activar su mecanismo de acogida masiva: la directiva de protección temporal, reservada para "una afluencia masiva de personas desplazadas". "Muchos ministros han dicho muy claramente hoy que esta es la hora de la solidaridad", señaló la comisaria de Interior, Ylva Johansson.
Durante un año, prorrogable hasta tres, el estatus de protección temporal, ideado a comienzos de siglo y al que nunca antes se había recurrido, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para que los beneficiarios dispongan de permisos de residencia, puedan trabajar, tengan acceso a un alojamiento adecuado o accedan al sistema de educación. La norma contempla un "esfuerzo equitativo" entre los Estados miembro para "acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida". Pero se queda en lo voluntario, no fija cuotas obligatorias. Esta es, por el momento, una de las incógnitas que aún quedan por despejar. Sobre todo, teniendo en cuenta que la activación de este mecanismo requiere de una mayoría cualificada entre las capitales.
Un lustro después de la crisis de refugiados que tensó las costuras entre los socios europeos, el Viejo Continente se enfrenta nuevamente a una ola migratoria de enorme envergadura. En solo cuatro días, la invasión rusa de Ucrania ha provocado el éxodo masivo de cientos de miles de civiles desesperados hacia occidente. Una afluencia masiva de desplazados que desde Bruselas se muestran dispuestos a absorber, aunque para ello sea necesario recurrir a soluciones excepcionales nunca antes utilizadas. Y para la que ya se preparan los principales colectivos dedicados a dar cobertura a las personas refugiadas o migrantes y los Gobiernos. En España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado orden de priorizar y agilizar todos los trámites de extranjería relacionados con esta nacionalidad. "Vamos a extender las medidas para que los 100.000 ciudadanos ucranianos que hay en España puedan vivir legalmente en nuestro país", anunció en la noche de este lunes en una entrevista en TVE. Así, ha señalado que estas medidas van a ir encaminadas a que puedan acceder a la educación, la sanidad y las políticas sociales, "como un ciudadano más".