Una organización que documenta redadas racistas denuncia ante la ONU persecución policial

La organización de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico efectuados por la policía, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Bvodh), ha denunciado la actuación de los agentes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las sanciones recibidas al "observar y documentar" una redada "racista" en Madrid. La organización ha recibido desde finales de 2010 y principios de 2011 tres tandas de multas, cada una interpuesta a tres o cuatro miembros, por un total de 3.500 euros. "Consideramos que esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación", afirman. 

Las multas fueron impuestas, según relata a infoLibre Nerea García, una miembro de la organización, por documentar este tipo de redadas, en las que la policía utiliza un criterio étnico para decidir a quién interroga. Las brigadas se sitúan a una distancia prudencial de los controles policiales y, como cuenta la portavoz, registran a quién detienen, el sexo y la etnia de los interrogados y otro tipo de datos estadísticos. Las sanciones son, según el expediente, "por emitir comentarios que pudieron haber generado reacciones en el público", alterando así el orden, explican desde el colectivo. La asociación niega esa versión, insiste en que simplemente los sancionados estaban haciendo su labor y desvela que los agentes, a la hora de pedirles los datos a los brigadistas, no les notificaron que iba a haber multa. 

Las brigadas vecinales consideran que la policía está ejerciendo "una persecución del colectivo", que les atacan con multas por documentar y denunciar las redadas por perfil étnico y no por los hipotéticos incidentes registrados durante la observación de las labores policiales. De las cuatro sanciones impuestas, Una fue por la vía penal –"archivada el mismo día de la vista, porque no tenía sentido", explica García– y tres fueron por la vía administrativa, dos de ellas desestimadas por falta de pruebas, relatan desde la organización. En la tercera, las brigadas vecinales consideran que la delegación de Gobierno del Ministerio del Interior les "está haciendo un ataque directo", así que el recurso de la sanción fue planteado desde la óptica de los derechos fundamentales. 

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Un juzgado de primera instancia de Madrid estimó parcialmente el recurso, entendiendo que se había vulnerado la presunción de inocencia, pero el abogado del Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y este órgano dictaminó que estos derechos fundamentales presuntamente vulnerados –libertad de expresión y de reunión– no eran procedentes en el caso y no cabían en el recurso del colectivo. Es por ello que Bvodh acude a la ONU, para denunciar "el mecanismo de burorrepresión institucional que viola derechos humanos fundamentales para coartar la denuncia social y que debe ser respondido en diferentes ámbitos". Critican en un comunicado que el Estado español "castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial que forman parte de políticas migratorias criminales". La policía española no solo hace redadas racistas sino que ataca a quien cuestiona dichas redadas, dirán ante Naciones Unidas. 

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, cuyo lema es "vigilando a los vigilantes", se dedican a observar, documentar y visibilizar los controles policiales "apostados en puntos estratégicos y de uso cotidiano" que piden papeles y detienen a ciudadanos "en función de su apariencia", estableciendo criterios étnicos para decidir si intervienen o no. Estos controles "criminalizan la libertad de movimiento de las personas" e imponen con sus maniobras "segregación, persecución, encierro y expulsión". "Extienden el miedo, el racismo y la desconfianza en nuestros barrios: son los controles los que generan una inseguridad de la que ninguna cámara de vigilancia puede protegernos", critican.