Tras ocho meses de comparecencias de organizaciones educativas, sindicatos, académicos, expertos y ONG los grupos parlamentarios retomaron a mediados de enero las reuniones a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados con las que pretenden alcanzar el primer pacto educativo de la democracia. El objetivo de gran parte de la oposición es que ese acuerdo ponga los cimientos de una nueva ley educativa y permita desterrar la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013.
Pero no será fácil. Así lo cree, al menos, el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez Serna (Murcia, 1985), que critica al Partido Popular por no asumir "compromisos concretos" en materia de financiación y por cerrarse en banda a admitir la situación de "deterioro" que sufre la educación tras los años de recortes. Llama a unirse a las fuerzas progresistas para defender la enseñanza pública como columna vertebral del sistema, al tiempo que afea al PSOE haber ido "de la mano del PP" al aprobar el sistema de votación que determinará qué propuestas forman parte del dictamen que la subcomisión llevará al pleno de la Cámara.
Sánchez Serna, que recibe a infoLibre en el Congreso de los Diputados, asumen que su grupo "no se puede ir de esa subcomisión permitiendo que la religión sea evaluable o que se sigan financiando con dinero público colegios del Opus Dei que segregan a niños y niñas en clase", y asegura que le preocupa especialmente que el hipotético pacto sea "sordo" a la necesidades de la sociedad y se rubrique sin contar con la comunidad educativa y las comunidades autónomas.
PREGUNTA. El PP es el único grupo que no ha ofrecido ningún compromiso de financiación para empezar a debatir sobre el pacto educativo. ¿Una negociación así puede empezar sin el que el partido que sustenta al Gobierno ponga números encima de la mesa?
RESPUESTA. No sólo eso, es que el PP ha comenzado esta subcomisión sin reconocer ninguno de los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo. De hecho, no se han aprobado ninguna de las propuestas de diagnóstico del grupo Unidos Podemos precisamente por el veto del PP, que no quiere que se incluya mención alguna al deterioro que ha tenido la educación pública debido a los recortes ni tampoco a la situación de infrafinanciación. Hay que recordar que tenemos una inversión en términos de PIB del 3,8% frente al 5,6% de la OCDE.
P. ¿Cuáles son las propuestas de Unidos Podemos en materia de financiación?
R. Entendemos que no se pueden revertir los 8.000 millones de euros de recortes desde 2010 sin aumentar la financiación a un 5% del PIB en 2020 y al 7% en 2024. Esto nos permitiría converger con los modelos educativos más exitosos de Europa como son el de Dinamarca o el de Finlandia. Además, creemos que el presupuesto del Ministerio de Educación tendría que aumentar de los 2.400 millones de euros actuales a 3.000 millones e incluir una serie de partidas que se distribuirían a las comunidades autónomas con carácter finalista para crear un fondo de infraestructuras para acabar con los barracones, asegurar el material escolar a todas las familias que lo necesiten y poner en marcha una red de escuelas infantiles (0-3 años).
P. Llevar la financiación al 5% del PIB en 2020 supondría una inversión de casi 15.000 millones de euros más respecto a lo que el Gobierno ha previsto en el plan de estabilidad presupuestaria que ha enviado a Bruselas. ¿Lo ve realmente factible?
R. Es factible que un Parlamento nacional decida su política económica y su política educativa. Y a esto se le llama democracia. Si acordamos que una de las vías para salir por arriba de la crisis es ser más ambiciosos en la educación y el Congreso, con los representantes que deciden todos los españoles, acuerda que se tiene que invertir más, por supuesto que el Gobierno tiene que ir a Bruselas a renegociar el plan de estabilidad. Creo que el Gobierno es consciente de que no se puede sacar adelante un pacto educativo con el compromiso del 3,7%. Sería imposible. Si realmente quieren darle credibilidad al pacto en un momento u otro tendrán que plantearse que hay que revisar ese plan de estabilidad.
P. ¿Hay líneas rojas para Unidos Podemos en esta negociación? ¿Cuáles son?
R. Quien ha empezado con demasiadas líneas rojas ha sido el PP, que no quiere ni reconocer la obviedad del deterioro que han causado los recortes. Lo que nosotros hemos dicho es que sin revertir los recortes o con la falta de recursos que actualmente padece nuestro sistema educativo va a ser muy difícil definir esto como un pacto que sirva para mejorar sustancialmente la educación para los próximos años. Hemos trabajado desde el primer día, hemos aportado nuestras propuestas, hemos acordado con otros grupos… pero el problema es que tenemos un método de pacto muy estrecho. Parece que el diseño estuviese hecho a la medida del Gobierno y de las necesidades del ministro Méndez de Vigo. Por ejemplo, nuestra propuesta de incluir la cuestión de laicismo como uno de los problemas del sistema que hay que resolver contó con el apoyo del PSOE y ERC. Por tanto, mayoría absoluta. Pero al no haber contado con el respaldo de los tres quintos de los diputados, que es el método que pactaron PP y PSOE, pues no se ha aprobado. Creemos que no es tanto las líneas rojas que pueda marcar un grupo u otro sino que este diseño de pacto ya empieza con algunas líneas rojas.
P. ¿Pero Unidos Podemos está dispuesto a dejar de lado cuestiones sensibles para su electorado (enseñanza de religión, papel de enseñanza concertada...) si hay acuerdo en otras áreas sustanciales como, por ejemplo, la financiación?
R. Podría haber acuerdo en unas cuestiones, pero no en otras. La financiación sí nos parece sustancial si va unida a la defensa de la enseñanza pública porque creemos que la educación tiene que ser un vehículo de equidad que garantice la igualdad de oportunidades. Es innegable que los recortes han afectado más a la educación pública, cuya financiación se ha reducido en 16 puntos mientras que los fondos para la concertada incluso han aumentado en época de crisis. Y esto ha afectado especialmente a los hijos de las familias que más necesitan que la educación equilibre las diferencias y las desigualdades. Por eso nosotros planteamos que no se tiene que desligar el tema de la financiación de la defensa de la educación pública, a la que queremos dar un nuevo valor e impulso.
P. ¿Quiere decir eso que ustedes van a estar en el pacto aunque mantenga el actual diseño de la materia confesional, que cuenta para la media?
R. Sabemos que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con el PP en este tema, que con la LOMCE se plegó a todas las exigencias de la Conferencia Episcopal. Nuestra propuesta es que la educación tiene que ser laica, humanista y científica y que las cuestiones confesionales se tendrían que dar en las iglesias o, a lo sumo, fuera del horario escolar. Sabemos que hay un Concordato que habrá que abordar en su día y que a lo mejor excede de los trabajos de la subcomisión, pero nosotros sabemos que no nos podemos ir de esta subcomisión permitiendo que la religión sea evaluable. Tampoco podemos salir de esta subcomisión permitiendo que se sigan financiando con dinero público colegios el Opus Dei que segregan a niños y niñas en clase.
P. ¿A pesar de todo cree que un mal acuerdo será mejor que ningún acuerdo? ¿Está Unidos Podemos dispuesto a suscribir un pacto que no recoja las principales reivindicaciones de la comunidad educativa?
R. Un pacto vacío es algo que desanimaría por enésima vez a la comunidad educativa. Después de un año de trabajos no puede ser que este pacto no se traduzca en la superación completa de la LOMCE, que es el compromiso que adquirimos al llegar al Congreso todos los partidos de la oposición. Lo digo con todas las letras: eso sería una estafa. Si tenemos que entrar, lo haremos en un pacto que tenga contenido. El problema es que el PP no ha planteado el mejor diseño para que este pacto sea real.
P. ¿Por qué?
R. Se está desarrollando en el Congreso, a puerta cerrada, con grupos a los que incluso les molesta que salga información a la prensa y al debate público... Tampoco hay un diseño territorial y, por tanto, no sabemos cómo vamos a integrar a las comunidades autónomas; ni un diseño social, pues el ministro Méndez de Vigo no tiene interlocución ni con los sindicatos, a los que dejó plantados en el tema de los interinos, ni con los estudiantes, con los que no se reúne. Eso lo estamos intentando solventar los grupos de la oposición, pero el PP está en una posición de máximos y ni quiere reconocer ni los diagnósticos más básicos, ni hace propuestas de financiación. Efectivamente va a ser difícil que nosotros estemos en la foto del pacto. Y los que estén a lo mejor tienen que explicar por qué están.
P. ¿Por qué siguen entonces en la subcomisión?
R. Puede que algunos grupos esperaran que nosotros nos levantáramos, pero creemos que solo por respeto a toda la comunidad educativa que ha participado en la subcomisión debemos estar presentes y, además, muy vigilantes. Queremos llevar sus propuestas y ver cómo se posiciona cada uno. Tenemos que estar atentos para evitar que algún partido, sólo con la intención de alcanzar un pacto, pueda presentar alguna medida incluso más lesiva. Y esto yo creo que sería un error.
P. ¿A qué partido y a qué medidas se refiere?
R. Por ejemplo, el PP planteó en la sesión del miércoles ligar la libertad de enseñanza a la creación a demanda de centros. Es decir, que si en algún pueblo una familia considera que no quiere llevar a sus hijos a la escuela pública, tendría casi el derecho de pedir un centro concertado. Sería ir incluso un paso más allá del concepto de demanda social que ya consagra la LOMCE. Los partidos progresistas de la Cámara tenemos el deber de seguir defendiendo que la red pública tiene que ser la columna vertebral del sistema educativo y que la red privada subvencionada, aunque siga existiendo, tiene que tener un carácter subsidiario y excepcional. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer que en aquellos sitios donde se haya cerrado una sola aula pública no se pueda abrir un centro concertado.
P. Entiendo que cuenta para ello con los partidos progresistas. ¿Cuál es la sintonía entre ustedes?
R. Esa era nuestra idea inicial y por eso plantemos un método que era aprobar las propuestas con mayoría absoluta, lo que permitía que algunas medidas de este calado pudieran ser lideradas por Unidos Podemos y por el PSOE. Pero la metodología ha sido otra porque el PSOE decidió ir de la mano del PP, lo que ha estrechado las opciones del pacto. Aun así, esperamos que el PSOE no siga yendo de la mano del PP en cuestiones que tienen que ver con el laicismo, con recuperar los programas de atención a la diversidad, con la financiación, con la defensa de la red pública...
P. ¿De qué no se está hablando en la elaboración del pacto?
R. Creo que más que una temática concreta es un problema de diseño. Está siendo un debate muy cerrado. Tenemos un guion como muchos temas, pero no sé hasta qué punto ese debate está realmente conectando con los problemas y las inquietudes de las familias, de la comunidad educativa, de la opinión pública... El problema es que sea sordo a las necesidades de la sociedad. El pacto educativo no puede ser una LOMCE 2.0, no puede hacerse de espaldas a la sociedad y sin contar con la comunidad educativa.
P. ¿No hubo margen para cambiar ese diseño?
R. Es que el diseño le corresponde al ministro de Educación. Tenemos un problema con Méndez de Vigo porque que está mucho más cómodo siendo portavoz del Gobierno que ministro de Educación. Como no quiere ejercer de ministro, lo que hizo fue delegar en el Congreso. Pero es que un pacto del Congreso luego se tiene que integrar a nivel territorial, a través de una negociación con las comunidades autónomas; y también a nivel social, pero no hay ningún foro para ello. El ministro puede decir que tiene la voluntad de alcanzar un pacto educativo, pero nosotros sospechamos que de lo que tiene voluntad realmente es de darle un mayor margen de tiempo a la LOMCE y de marear la perdiz sin asumir compromisos concretos.
P. ¿Ve posibilidades de derogar la LOMCE en esta legislatura?
R. Veo pocas, aunque depende de cuando sean las elecciones generales. La subcomisión tiene que hacer un dictamen de conclusiones que pasaría a la Cámara en mayo y después correspondería al Gobierno redactar el anteproyecto de una nueva ley, lo que con seguridad no estará hasta otoño. Después habría que seguir el trámite parlamentario, así que iría todo bastante justo. Creo que año y medio sería tiempo suficiente si realmente hubiera voluntad de acuerdo. Si alguien pide seis meses más de prórroga nosotros nos negaremos.
P. ¿Cree que hay un problema en la formación del profesorado?
R. Es mejorable, lo que también tiene que ver con el hecho de que la partida de formación del profesorado está en mínimos históricos por los recortes del Gobierno del PP. No obstante, no creo que ese sea el problema fundamental, sino el continuo deterioro de las plantillas, con 25.000 docentes menos en estos años de crisis; el aumento de la carga de trabajo; la campaña de desprestigio de la escuela pública por parte del Gobierno… Por otro lado, a veces se pone demasiado el acento en la formación inicial de los profesores jóvenes, pero no en la formación continuada de los docentes más mayores, que suponen la mayoría de nuestra plantilla y que muchas veces se ven abandonados por la Administración y cuando no maltratados con tareas muy burocráticas y con cada vez menos tiempo para atender al proceso de enseñanza y a las necesidades de sus alumnos.
P. ¿Qué le parece la idea de MIR educativo para acceder a la docencia que el Gobierno quiere incluir en los próximos Presupuestos?
R. Por ahora está muy poco concretada, pero creo que parte de una cierta trampa, que es decir que un profesor es como un cirujano, cuando a un cirujano no se le pone el primer día en un quirófano solo, sin recursos, para operar. Y esto es lo que te pasa cuando eres profesor. Es una cuestión de recursos, no de llamar a la formación inicial MIR.
"Si el Gobierno no hace una propuesta seria de financiación el pacto educativo no tiene credibilidad ni sentido"
Es un anuncio muy vistoso, pero que tiene poca concreción. Nosotros decimos que la formación inicial del profesorado es importante y que uno cuando entra de interino quizá tenga que tener unas prácticas tutorizadas, pero eso no se soluciona con un sistema de doble oposición como el que tienen los médicos, ni escalando salarios… Cuando el Gobierno tendría que estar hablando de financiación y reconociendo que los profesores han sido los que han sacado el sistema educativo adelante en los momentos más duros de la crisis, da la vuelta al diagnóstico y dice que el problema es que los profesores no tienen formación. Eso nos parece tramposo.
P. ¿Está de acuerdo con la propuesta del PSOE sobre la gratuidad de la primera matrícula para todos los alumnos de las universidades públicas, independientemente de su renta, como ya se aplica en Andalucía?
R. Es una propuesta que nosotros llevábamos en nuestro programa y que si el PSOE quiere abordar ahora, bienvenida sea. Tampoco a la gente se pide el nivel de renta para atenderla en un centro de salud. Creemos que tiene que ver con la universalización y gratuidad de la educación, que es un principio que tiene que ir muy ligado a tener universidades y colegios públicos. Eso sí se tiene que financiar con impuestos progresivos, de forma que si uno gana más tiene que aportar más. Creo que después de este pacto tendríamos que abordar los grandes problemas que tiene la Universidad, principalmente la cuestión de las tasas.
Tras ocho meses de comparecencias de organizaciones educativas, sindicatos, académicos, expertos y ONG los grupos parlamentarios retomaron a mediados de enero las reuniones a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados con las que pretenden alcanzar el primer pacto educativo de la democracia. El objetivo de gran parte de la oposición es que ese acuerdo ponga los cimientos de una nueva ley educativa y permita desterrar la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013.