Los pactos silenciosos: Gobierno y comunidades cierran más de 50 acuerdos para evitar los tribunales

La polarización domina el escenario político español. Las sesiones de control son el termómetro del fuerte choque entre el Ejecutivo y la oposición. Los acuerdos parecen en esos momentos una película de ciencia ficción, incluso ni siquiera el PP ha asegurado su apoyo al decreto para hacer frente a las consecuencias económicas por la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero frente a ese ruido, hay una realidad fuera de los focos que demuestra que es posible el diálogo entre el Gobierno central y las administraciones dominadas por el Partido Popular. El Ejecutivo y las comunidades han alcanzado durante esta legislatura hasta 56 acuerdos para evitar ir a los tribunales, según los datos registrados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hasta el pasado mes de marzo.

Una de las líneas que marcó el ministro Ángel Víctor Torres al llegar al departamento tras la formación del Gobierno de coalición fue buscar acuerdos con las comunidades (la mayoría en manos del Partido Popular tras el 28M) para no tener que llegar a largos litigios competenciales en los tribunales. Los pactos alcanzados suponen una interpretación compartida por las dos administraciones o una modificación legal para evitar el choque.

Los pactos cerrados

A la cabeza de los acuerdos está Balears, que suma diez pactos con el Ejecutivo central en normas como la de cooperativas, de Menorca como reserva de la Biosfera, de vivienda y de actividad sanitaria urgente. También destaca Canarias, con hasta ocho acuerdos, sobre decretos respecto a vivienda y de ayudas para recuperación de la isla de La Palma. Y hasta cinco acuerdos se han alcanzado con País Vasco, Aragón y Comunidad Valenciana.

En este particular ranking aparecen luego los pactos con Andalucía (4), Castilla- La Mancha (3), La Rioja (3), Extremadura (2), Madrid (2), Asturias (2), Galicia (2), Cantabria (2), Cataluña (1) y Murcia (1).

La mayor parte de estos acuerdos se han alcanzado en las reuniones discretas en órganos bilaterales entre el Gobierno y las autonomías. La conflictividad entre administraciones se ha rebajado considerablemente en los últimos años. En la legislatura anterior, acabaron en el Constitucional por estas razones 41 recursos. Una cifra muy inferior a períodos pico como las legislaturas 1982-1986 (382), 1986-1989 (284), 2000-2004 (217) y 2011-2016 (213).

Según explicó recientemente el ministro Torres, desde que llegó Sánchez a La Moncloa en 2018 el número de recursos directos planteados se ha reducido un 69% (de 124 a 39) con respecto a la etapa anterior, en tanto que el número de recursos presentados tras la negociación que permite el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha descendido un 60% (de 114 a 45).

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En cuanto a los resultados de las negociaciones aplicando el 33.2 en los más de seis años que Sánchez lleva gobernando se han logrado 306 acuerdos con las comunidades autónomas, 112 acuerdos más que los que se lograron en los seis años anteriores.

El flanco de los traspasos

Además, otro flanco donde se están consiguiendo avances y diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas es en materia de traspasos de competencias. La semana pasada hubo pacto con la Xunta de Galicia, que domina con mayoría absoluta el PP, uno de los buques insignia de los populares y de donde proviene Alberto Núñez Feijóo. No se había producido una transferencia a esta administración desde 2008.

En concreto, el acuerdo pasa por traspasar a la Xunta las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y la vigilancia, tramitación e imposición de sanciones. El acuerdo también establece una serie de formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte. El coste total efectivo supera los 1,2 millones de euros.