"La policía le pegó seis tiros por la espalda": los Del Valle dan otro martillazo al muro de la impunidad en la Transición
Elda, 24 de febrero de 1976. El municipio alicantino, como tantos otros de la comarca, está en plena ebullición. Los trabajadores del calzado pelean por mejoras laborales. Las autoridades gubernativas, reprimen con violencia. Teófilo del Valle, igual que otros jóvenes de la localidad, también está en la calle. Aprieta para conseguir la tan ansiada libertad tras cuatro décadas de dictadura. Y no duda en enfrentarse a los agentes cuando inician su marcha hacia Alicante. En un momento dado, una piedra impacta contra el autobús de la Policía Armada, que de inmediato detiene su marcha. Los chavales corren. Los guardias, les persiguen. Varios disparos ponen punto y final a la huida. Uno de ellos acaba con la vida del chico.
Casi medio siglo de su muerte, la familia Del Valle ha decidido iniciar una batalla legal para reivindicar "la verdad y la memoria" de Teófilo e intentar que se haga "justicia". Son conscientes de que no lo tienen fácil. Los tribunales españoles siempre se han mostrado reacios a abordar todo lo relativo a la represión durante la dictadura y la Transición. Por lo general, entienden que las torturas y asesinatos cometidos en aquellos años no pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. Y que, por tanto, estarían prescritos. Pero la familia confía en tener más suerte. El suyo es el enésimo "martillazo" contra el muro de impunidad que se levantó tras la muerte del dictador. Y que sigue en pie a pesar de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Cuando aquellos disparos le arrebataron la vida, Teófilo del Valle tan solo era un joven de veinte años apasionado de Pink Floyd que se ganaba el jornal en una fábrica de bolsos de Elda. Su familia, originaria del pequeño municipio pontevedrés de Silleda, se instaló en la localidad alicantina en plena expansión al calor de la industria del calzado, que junto al turismo era uno de los pilares fundamentales de la economía de la zona. De hecho, la muerte del joven se produjo en medio de las tensiones por la negociación del convenio colectivo del sector. "Es ahí cuando comenzó un movimiento asambleario que desbordaba las previsiones de un régimen que no estaba dispuesto a dejar que se ocuparan las calles", cuenta a infoLibre Manuel de Juan, director de Las tres muertes de Teófilo del Valle.
El investigador cuenta que el muchacho "no tenía" en el momento de su muerte ninguna responsabilidad dentro del movimiento sindical. Como mucho, su significación política se había limitado, como la de muchos otros jóvenes de la época, a la firma de un manifiesto exigiendo la amnistía. "Solo era un chaval rebelde que quería esa libertad que todos esperábamos alcanzar y que suponía salir de la oscuridad de cuatro décadas de dictadura. Una rebeldía que pagó con la vida", resalta De Juan. Su muerte tuvo una respuesta contundente. Más de 25.000 personas se manifestaron en señal de protesta. Y se puso en marcha una huelga general en todo el entorno de Elda.
El policía, absuelto por cumplimiento del deber
La familia Del Valle tardó décadas en conocer qué es lo que había sucedido realmente esa noche de febrero de 1976. "Mis padres se fueron al otro mundo sin consuelo", cuenta desde Uruguay su hermano, José Antonio del Valle. El caso lo asumió el juez de instrucción Agustín Ferrer, que se desplazó a la escena del crimen y tomó declaración tanto a los policías como a los muchachos que fueron detenidos. "Vio una imprudencia temeraria con resultado de homicidio", cuenta De Juan. Para el documental, el instructor reconoció haber recibido presiones. "Me dijeron que modificara la resolución por la que acordaba prisión provisional para el policía y que me inhibiera cuanto antes [a favor de la justicia militar] y me lo quitará de encima limpio de polvo y paja", aseguró Ferrer.
El caso acabó en la jurisdicción militar. Se celebró un Consejo de Guerra que no fue más que una "pantomima", con un relato construido en base a las testificales de la Policía. El fiscal solicitó para el autor de los disparos dos años de prisión menor, su suspensión como policía y una indemnización de 650.000 pesetas para una familia que intentó y no pudo personarse en el procedimiento. En la sentencia, el tribunal militar dio por probado que los disparos se efectuaron sin las debidas precauciones. Pero, aplicando la eximente de cumplimiento del deber, terminó absolviendo al procesado. Además, rechazó la indemnización. Al agente le devolvieron los haberes pendientes. Y los Del Valle tuvieron que asumir por completo el gasto del sepelio. 12.632 pesetas.
La familia tuvo acceso recientemente al expediente judicial. De él se desprende, explica el hermano de Teófilo del Valle, que la policía le disparó "seis tiros por la espalda". "No repelieron el ataque, persiguieron a los jóvenes que huían y le mataron por la espalda", insiste De Juan. La investigación inicial descartó que el agente hubiese podido disparar al aire o a la calzada. "No apreciamos ningún impacto en el suelo que nos indicase que ahí hubiese podido rebotar [una bala]. Sí, por el contrario, encontramos impactos en una pilastra a una altura de metro y medio, en el fondo de la calle y en una verja metálica a una altura de dos metros diez. Es evidente, con estos datos, que el policía había tirado a dar", explicaba el juez en el documental. Un disparo dio a Teófilo en el pie. Otro, en la cabeza.
Ahora, con todas estas pruebas bajo el brazo, la familia Del Valle ha decidido interponer una querella criminal por "crimen de lesa humanidad en concurso real con un delito de asesinato". La misma se dirige contra el autor, el policía armado de la segunda compañía de la 32 bandera Daniel Aroca. Y se extiende, explica la abogada Aràdia Ruiz, por toda la "cadena de mando": el sargento Laureano Ballestero, el capitán Carlos Holgado, el exgobernador civil de Alicante Benito Sáez y el entonces ministro de Relaciones Sindicales y luego de Interior, Rodolfo Martín Villa. La letrada espera que el caso de Teófilo del Valle, el primer muerto tras la llegada al trono de Juan Carlos I, sea "un martillazo más" sobre un muro de impunidad que ha impedido hasta ahora el acceso a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición.
Una batalla difícil
La familia es consciente de la dificultad de la batalla. Al fin y al cabo, los tribunales se han negado reiteradamente a meterse de lleno en lo sucedido en la etapa más negra de la historia reciente de España. Tanto antes como después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática. Los jueces han rechazado en los últimos meses las querellas por la muerte de Ramón Reboiras, tiroteado en un operativo policial en 1975, o por las torturas sufridas por María Concepción Edo, Vicent Alminyana, Carles Vallejo o los gemelos Ferrándiz. De hecho, solo sigue viva en estos momentos en un juzgado de Madrid, a la espera de que se decida sobre la posible prescripción, la interpuesta por Julio Pacheco contra varios policías, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo.
El guion es siempre el mismo. La justicia argumenta, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el crimen de lesa humanidad, que no prescribe, no puede ser aplicado a los casos porque no entró en vigor en el Código Penal hasta 2004, varias décadas después de los hechos denunciados, y nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la aplicación retroactiva de normas desfavorables. Por lo tanto, el único tipo que podría tener cabida en estos casos sería el de homicidio o el delito de torturas, que, sin embargo, ya habrían prescrito con el paso del tiempo. A esto hay que sumar, además, la existencia de la Ley de Amnistía de 1977.
Unos carpetazos a los que, sin embargo, el Ministerio Público trata de resistirse. En coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, los diferentes fiscales en los que recaen este tipo de procedimientos están recurriendo las inadmisiones apoyándose en la nueva Ley de Memoria Democrática. "Tras su entrada en vigor, no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento", ha argumentado el Ministerio Público en el recurso interpuesto contra el carpetazo judicial en el caso de los gemelos Ferrándiz, torturados en la Jefatura de Via Laietana de Barcelona.
La abogada de los Del Valle trata en su querella de rebatir con carácter previo cada uno de los argumentos utilizados hasta ahora por los jueces. Sobre la amnistía, señala que nació "nula de pleno derecho" porque contradice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España suscribió meses antes de la norma de punto y final y, además, sostiene que dicha ley prohíbe "como mucho" la "condena", pero "no la investigación". Sobre el principio de legalidad penal, recuerda que nuestro país está vinculado "a costumbre internacional". Y en cuanto a la prescripción de los delitos, insiste en que los hechos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad y que los mismos, por tanto, no prescriben, tal y como establece el Estatuto de Roma en su artículo 29.
Otro escollo puede estar en el hecho de que el caso de Teófilo del Valle ya fuera juzgado en su día. La abogada es consciente de que nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por los mismos hechos. Pero se agarra a uno de los preceptos de la Ley de Memoria Democrática, el que hace referencia a la "ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de sus sentencias, para defender que la investigación por la vía penal podría llevarse a cabo. El problema es que dicho artículo de la norma no pone el foco en los procedimientos seguidos en su momento contra quienes formaban parte del sistema represor, sino que lo sitúa sobre aquellos dirigidos contra personas "por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa".
Con el Tribunal Constitucional de fondo
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La nueva querella se ha interpuesto en un momento en el que el debate sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura y la Transición vuelve a estar sobre la mesa del Tribunal Constitucional. El Pleno del máximo órgano de garantías está pendiente de pronunciarse sobre la admisión a trámite de los recursos de dos víctimas cuyas querellas fueron archivadas por los jueces por prescripción de los delitos. El primero de ellos gira alrededor de Francisco Ventura, torturado por la Brigada de Investigación Social, en 1967. Y el segundo se centra en Ángel Almazán, que murió en diciembre de 1976 tras recibir una brutal paliza por parte de agentes de la Policía Armada en el transcurso de una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España (PTE) contra la Ley para la Reforma Política.
El Constitucional ya rechazó hace tres años debatir en profundidad sobre el alcance de la Ley de Amnistía o la prescripción de estos delitos en base al derecho internacional. Lo hizo al inadmitir de plano el recurso en el caso relativo al histórico sindicalista Gerardo Iglesias, una decisión que rechazaron tres magistrados del denominado bloque progresista, que reclamaron una doctrina que escuchase a las víctimas y plantease su reparación. Entonces, la mayoría dentro del órgano de garantías era conservadora. Y no existía, como ahora, la Ley de Memoria Democrática, que establece que las normas deben interpretarse y aplicarse de conformidad con el "derecho internacional humanitario". Ese será el principal elemento novedoso.
Las fuentes jurídicas consultadas por este diario prevén que ambos recursos se aborden en el Pleno de la segunda semana de mayo. Será entonces cuando se decida si se admiten a trámite, entrando así en el fondo del asunto, o si se rechazan, lo que supondría otro sonoro portazo para las víctimas del franquismo y la Transición. Mientras tanto, la familia Del Valle ha decidido iniciar su propia batalla judicial para evitar que la muerte de Téofilo quede impune. "Es una forma de reivindicar la verdad, honrar su memoria y buscar justicia", sentencia su hermano.
