Maite López ingresó a sus padres en la Residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares (Madrid), el pasado 21 de diciembre. "Como el centro es público, y yo he trabajado en concertados y privados, cuando conseguimos la plaza pensé: 'Qué suerte hemos tenido", recuerda. Sin embargo, ese mismo miércoles empezó a dudarlo. "La llegada fue un poco atropellada, pero lo entendí porque eran dos personas. Lo malo vino cuando subí a la habitación y vi el ambiente, que me dejó boquiabierta. Habían puesto a mis padres en una planta para personas con demencia y agresividad. Mi padre necesita ayuda para todo y mi madre tiene una memoria de cuatro segundos. No había motivos para dejarles ahí", se queja. Desde entonces, su estado ha ido a peor. Su madre apenas tiene estimulación una hora a la semana y su padre está "todo el día sentado", perdiendo peso. "Me duele mucho verles así y me siento profundamente culpable", cuenta.
La historia de Maite se repite con muchos residentes. El centro tiene 557 plazas completamente públicas, cuya propiedad y gestión pertenece a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. A sus puertas han llegado decenas de quejas de familiares que, como Maite, denuncian el deterioro progresivo del centro y de las condiciones en las que viven los mayores. El AMAS, preguntado por infoLibre, no ha detallado exactamente cuántas cartas han recibido, pero aseguran que "todas se responden por escrito, y su contenido se analiza para una solución lo más rápida posible a las cuestiones que plantean". "Con carácter general, las quejas están relacionadas con la asistencia y cuidados, organización del centro y normas de funcionamiento del personal", añaden sus fuentes.
Se comprueba en la última carta que redactaron los familiares el pasado 29 de enero. En ella denuncian, en primer lugar, la "notoria falta de aseo de los residentes más dependientes". "Con suerte hay tres duchas semanales", critican. Además, y como constató Maite nada más ingresar a sus padres, que "no se agrupa a los residentes por similares capacidades cognitivas que favorezcan que los que todavía conservan ciertas facultades sociales las puedan mantener".
Por otro lado, lamentan que "la carencia de terapeutas ocupacionales es indecente" y que tampoco hay fisioterapeutas suficientes ni médico los fines de semana y festivos por la tarde". Hay una "clara falta de organización, coordinación y capacidad de resolución de los problemas que surgen por parte de los gestores del centro, propiciando un malestar en los profesionales que repercute irremediablemente en los residentes que tienen a su cargo", añaden los familiares en su misiva, en la que también denuncian que tres años después de comenzar la pandemia siguen obligados a visitar a sus familiares en horarios recortados y tienen prohibido "conocer cómo es la calidad y cantidad de alimentos que se incluyen en los menús", puesto que el acceso al comedor está restringido.
Precisamente, el pasado mes de septiembre cambió el sistema de provisión de alimentos, siendo adjudicado a una empresa con menores costes, peor calidad y menos cantidad, según relata Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, y David Cobo, de Izquierda Unida en Alcalá de Henares. "Con el nuevo contrato relativo a las comidas hay una carencia importante en las cantidades y algunos familiares nos cuentan que tienen que llevar piezas de fruta o sándwiches para que los mayores no pierdan peso", relata. María, otra familiar que prefiere usar un nombre ficticio, afirma que ha llegado a ver cómo los trabajadores partían los plátanos por la mitad para que todos los usuarios pudieran comer una pieza de fruta. "Sí, a mí me ha pasado, igual que en alguna ocasión se han partido los sandwiches", confirma una trabajadora.
Morales pudo constatarlo con los propios usuarios durante la visita que hizo al centro el pasado 31 de enero, después de meses solicitándola. "Recuerdo que una mujer, a la entrada, nos dijo que la residencia se había convertido en un vertedero, que pasaban hambre, y que los que habían contribuido a construir el país no se merecían vivir en esa situación", relata desde el otro lado del teléfono tras "una de las visitas más duras" que ha hecho a un centro. La acompañó el alcalde del municipio, Javier Rodríguez Palacios, que este jueves calificó de "normal" que la Asociación El Defensor del Paciente solicitase, como anunciaron el 1 de febrero, la intervención de la Fiscalía de Alcalá de Henares en el centro.
"Es normal que una asociación que defiende a los pacientes pueda poner en conocimiento de la autoridad judicial que pueda haber posibles ilícitos penales", dijo. "Lo que vi el otro día con mis propios ojos es a unos responsables políticos de la Comunidad de Madrid mirándote a los ojos y defendiendo que con 4,65 euros la empresa que les suministra la comida la puede comprar, la puede transportar, aplicar el IVA y además tener su beneficio empresarial", denunció, según recogió Europa Press.
Y criticó también que desde el Ejecutivo aludieran a la mala calidad del agua del municipio para justificar que no se deje beber agua del grifo a los usuarios, algo que, a juicio del regidor, implica "un desconocimiento absoluto de todo", ya que el agua "es de gran calidad". "Es el único edificio que tiene que hiperclorar el agua porque tienen tuberías de hace 50 años, de la época de Franco, y que no se han transformado. Cuando se echa mucho cloro los mayores no pueden beber agua del grifo en sus habitaciones. El problema no es de Alcalá, es de no invertir", censuró.
Falta de personal
David Cobo (IU) también la visitó hace algunas semanas. "El mensaje que nos trasladaban los familiares y trabajadores con los que pudimos hablar siempre era el mismo: falta personal", recuerda. Si "lo normal" es que hubiera una persona para cada diez mayores, la realidad es que un trabajador muchas veces tiene que estar a cargo de quince o veinte. "Esto les provoca muchísima frustración. Hay algunos residentes que en lugar de ser duchados una vez al día, son aseados dos veces por semana", añade. Su organización llegó a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación.
Sin embargo, la versión del AMAS es muy diferente. Sus fuentes aseguran a infoLibre que "la plantilla presente es suficiente para la correcta atención de los residentes, con una ratio muy superior al establecido por la normativa estatal para estos centros (0,28)", sostienen. Detallan, en este sentido, que hay 467 trabajadores "para una ocupación actual de unos 480 residentes". "El número de bajas, como en todos los centros laborales, fluctúa a diario. Las bajas comunicadas se cubren, mientras que las que se producen en un día puntual sin aviso previo no permiten esta sustitución", añaden.
Aun así, una de las trabajadoras asegura que no es suficiente. "A nosotros también nos comunicaron que había 467 trabajadores, pero no sabemos si se refieren a los puestos que existen o a los que están cubiertos. En cualquier caso, no llegamos, y eso lleva a los mayores a una situación de abandono y maltrato", lamenta.
Y, según añade, el comité de empresa no hace lo suficiente. Por eso, 144 empleadas firmaron una carta el pasado 29 de noviembre en la que mostraron su "descontento con la labor que ha ido ejerciendo durante su mandato". "Solicitamos [al comité] que nos informe de todas las reuniones que tiene con la dirección del centro: fechas, asuntos a negociar y el resultado de las mismas. También pedimos poder consultar las actas de todas las reuniones llevadas a cabo desde el inicio de su mandato. ¿Qué negocian y qué acuerdan nuestros representantes en nuestro nombre?", se quejan. infoLibre trató de ponerse en contacto con algún integrante del comité de empresa, pero desde CCOO, que forma parte de él, se indicó que prefieren guardar silencio hasta que se evalúe la situación tras una reunión que se produjo con el gerente.
El encuentro, como informa Javier Díaz Toril, responsable del sector autonómico del sindicato, tuvo lugar el pasado 26 de enero, y se llevó a cabo entre las organizaciones que forman parte de la mesa de negociación del convenio —CSIT, CSIF, UGT y CCOO— y la Gerencia del AMAS. Se convocó, recuerda, para hablar precisamente de los "problemas que hay" en la Francisco de Vitoria y el organismo público, dice, ordenó que un equipo técnico la inspeccionase para comprobar "todas las denuncias que se están vertiendo, que consideran falsas".
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Díaz Toril, por su parte, confirma que existe un problema a la hora de cubrir las bajas, pero matiza y recalca que ocurre en todos los centros. "Siempre tenemos problemas con las coberturas de las bajas, porque se tarda entre 20 días y un mes en resolverlas, entonces hay veces que hay problemas de sobrecarga de trabajo", lamenta, y asegura que los problemas del centro ya están atendidos por la Consejería, que asegura que por ejemplo ya ha multado a la empresa de suministros, por lo que pide no "maximizar" la situación. "Es verdad que existen problemas, como en todos los servicios, pero no graves. Los que hemos detectado los hemos trasladado y nos consta que se han tomado las medidas para resolverlos", asegura.
Según informa el AMAS, seis días antes de esa reunión, el 20 de enero, "se realizó una visita de seguimiento en la que los responsables" del organismo público "se reunieron con el comité de empresa, una representación de las familias de residentes y el equipo directivo del centro". "Este encuentro, que se suma a los que también han mantenido técnicos sanitarios y de trabajo social con los distintos colectivos que forman parte del centro", continúan, "tuvo como objetivo recabar información sobre quejas y sugerencias que ahora se están analizando para, en su caso, realizar los ajustes que permitan seguir mejorando la calidad del servicio".
Por ahora, la situación en la residencia seguirá en el primer plano de la política local. El Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario para tratar el estado de esta residencia el próximo martes 7 de febrero, aunque el asunto también llegará a la Asamblea de Madrid. Según informa Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, su grupo ha planteado varias preguntas al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayudo, como si el Ejecutivo piensa "llevar a cabo alguna acción para mejorar la situación en la que se encuentra" el centro, cuestión que hacen extensiva a otras residencias públicas de la comunidad. "Las públicas se estaban salvando del desastre, pero las privadas han cogido mala prensa y no quieren ocuparse de los grandes dependientes, así que ahora se están saturando", lamenta el diputado.
Maite López ingresó a sus padres en la Residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares (Madrid), el pasado 21 de diciembre. "Como el centro es público, y yo he trabajado en concertados y privados, cuando conseguimos la plaza pensé: 'Qué suerte hemos tenido", recuerda. Sin embargo, ese mismo miércoles empezó a dudarlo. "La llegada fue un poco atropellada, pero lo entendí porque eran dos personas. Lo malo vino cuando subí a la habitación y vi el ambiente, que me dejó boquiabierta. Habían puesto a mis padres en una planta para personas con demencia y agresividad. Mi padre necesita ayuda para todo y mi madre tiene una memoria de cuatro segundos. No había motivos para dejarles ahí", se queja. Desde entonces, su estado ha ido a peor. Su madre apenas tiene estimulación una hora a la semana y su padre está "todo el día sentado", perdiendo peso. "Me duele mucho verles así y me siento profundamente culpable", cuenta.