"Inconcebible", "precipitada", "sorprendente" y "contradictorio" han sido las palabras utilizadas por IU, UPyD, Jueces para la Democracia y la asociación Observatori DESC tras conocer la decisión de la Fiscalía de Madrid de pedir a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, el archivo de la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. En concreto, una de estas destrucciones se produjo seis días después de la entrada en prisión de Bárcenas el 27 de junio pasado.
La decisión, según explicaron fuentes del Ministerio Público a infoLibre, se adoptó al considerar, al contrario de lo que indicaba en su auto el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que la actuación del PP no es constitutiva de haber cometido el delito de daños informáticosactuación del PP: "La juez trasladó el informe de competencia, y la Fiscalía entiende que de todo lo actuado y todo lo que se hizo en el Juzgado número 21 de Madrid procede archivar los hechos, pues los hechos no son constitutivos de los delitos de daños informáticos y de encubrimiento", zanjó un portavoz de la Fiscalía.
Con esta decisión, la Fiscalía de Madrid echa una mano al Partido Popularecha una mano pues hace más difícil que la magistrada que instruye el caso impute a este partido. Pues de tomar esta decisión lo haría en contra del criterio del fiscal, pese a que su decisión no es vinculante. La imputación del PP sería la primera de la historia de un partido político español, una posibilidad que se abrió tras la modificación del Código Penal en diciembre pasado.
"Sorprendente", según Izquierda Unida
"Sorprendente". Así calificó el letrado de Izquierda Unida en el caso Bárcenas, Enrique Santiago, la decisión del fiscal. "Es también contradictoria con el criterio de Ruz, que en su auto de inhibición no descartó diversos indicios de criminalidad. Pero también es contradictorio con nuestra acusación, que se puede observar en la querella sobre la cual no se ha pronunciado. Pero el hecho de que haya comparecido el fiscal jefe de Madrid es una prueba de que esta decisión responde a directrices políticas del Gobierno para no implicar al PP, y no se han atendido los criterios jurídicos", explicó a infoLibre Santiago, autor junto con otras asociaciones de la querella que dio origen al caso Bárcenas.
Gonzalo Boye, que encabeza la asociación Observatori DESC, que es acusación en el caso Bárcenas, considera que la celeridad con la que la Fiscalía trata de cerrar el caso es "sorprendente". "Pero el fiscal se olvida de que la Fiscalía Anticorrupción no se opuso a la inhibición de Ruz y tampoco cuestionó la existencia de tal delito. No recurrió el auto por el que el magistrado dedujo testimonio", completa Boye, que presentó una querella contra las secretarias de Bárcenas y Álvaro Lapuerta y contra el jefe de seguridad del PP por la destrucción de los libros en los que se registran las entradas en la sede nacional del PP.
El secretario del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, considera "inconcebible" la decisión del Ministerio Público. Y para justificar esta opinión destaca que el auto del juez Ruz en el que decretaba la inhibición de la investigación sobre la destrucción de los ordenadores incluía una "prolija" y "detallada" motivación. "Si el juez Ruz ha apreciado indicio sobrados de la existencia delitos no se entiende cómo la Fiscalía tiene un criterio distinto". Herzog destaca también que en el auto de Ruz se habla de análisis indiciario de hechos delictivos: "Y no se puede concluir que no hay delito si no se lleva a cabo una mínima investigación. Es muy sorprendente la decisión de la Fiscalía, sobre todo cuando ahora mismo sí se puede imputar a los partidos políticos, por lo que no se puede archivar la denuncia por autor desconocido".
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquín Bosch, califica como "bastante discutible la decisión de la Fiscalía".Jueces para la Democracia (JpD) Especialmente tras la decisión de Ruz de derivar el caso al juzgado competente: "Lo más razonable es que se efectúen las diligencias de instrucción, pues si se archiva no se podrán analizar las pruebas. Esto impediría un análisis suficiente de las personas que pueden ser imputadas por los delitos considerados por Ruz". Este es el motivo por lo que Jueces para la Democracia considera que el Ministerio Público se ha precipitado: "Es una petición muy precipitada y con poco fundamento. Lo más correcto es que se practicaran las diligencias con la intención de ver quien ordenó la destrucción y si dicha conducta puede encajar en los diversos delitos del Código Penal".
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José Luis González Armengol, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, es más comprensivo con la decisión de archivo del fiscal: "Es un caso muy difícil, y yo lo que creo que ha hecho la Fiscalía es considerar que el borrado tuvo carácter previo a saber que formaba parte del caso Bárcenas". Pero la única asociación jurídica que apoya al Ministerio Público es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter mayoritario: "En lo que a mi me consta no hay ninguna acreditación de que el ordenador tuviera información valiosa para la investigación. También es necesario que la persona que realiza el borrado tuviera conocimiento de que ese material era reclamado por el juez, y que además lo hubiera hecho con intención de perjudicar la investigación", resalta Pablo Llarena, de APM. La ausencia de solo uno de estos requisitos puede justificar el porqué del pronunciamiento de la Fiscalía, explica este portavoz.
Delito informático
Tras la decisión de la Fiscalía de Madrid, la jueza Esperanza Collazos tendrá que optar por si llama a declarar como imputados a los representantes legales del PP o por archivar el caso. La Fiscalía Anticorrupción adscrita a Gürtel ya había rechazado pedir diligencias a Ruz, pues entendía que la destrucción de los ordenadores debía investigarse en un juzgado ordinario de Madrid Gürtel. Izquierda Unida presentó hace menos de un mes una querella en la que apuntaba también a la posibilidad de que la tesorera del PP, Carmen Navarro, podría haber cometido el delito de encubrimiento.
"Inconcebible", "precipitada", "sorprendente" y "contradictorio" han sido las palabras utilizadas por IU, UPyD, Jueces para la Democracia y la asociación Observatori DESC tras conocer la decisión de la Fiscalía de Madrid de pedir a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, el archivo de la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. En concreto, una de estas destrucciones se produjo seis días después de la entrada en prisión de Bárcenas el 27 de junio pasado.