Los partidos proponen medidas contra las ‘puertas giratorias’ pero no sobre incompatibilidades de los diputados

El régimen de incompatibilidades de los parlamentarios se coló este miércoles en la campaña después de que El Mundo y la Cadena Ser publicaran que el diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna y el actual embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, cobraron comisiones millonarias gracias a su labor de lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica. 

La ley electoral establece un régimen estricto de incompatibilidades para diputados y senadores, aunque en la práctica se permite casi todo y el control efectivo brilla por su ausencia. De hecho, la norma decreta la dedicación exclusiva, si bien da la posibilidad a los parlamentarios de solicitar a la Cámara la compatibilidad de sus cargos con otras actividades siempre que no cobren ni un euro de dinero público y que se comprometan a no tener relaciones con la Administración. 

El problema es que el Congreso no comprueba la veracidad de esas declaraciones. Y la ley tampoco establece sanciones en el caso de que se compruebe que los datos no son ciertos. Hay varios ejemplos. Uno es el de Miguel Arias Cañete, que hizo constar durante dos legislaturas que sus empresas no contrataban con la Administración a pesar de que una de ellas funcionaba con concesión administrativa y, además, tenía adjudicados concursos. También los conservadores Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que además no encontró ningún informe que justificara los cobros. 

Sin embargo, ninguno de los seis principales partidos que concurren a las elecciones del próximo 20 de diciembre propone en sus programas medidas concretas para endurecer las incompatibilidades de los diputados, tal y como ha comprobado infoLibre tras analizar sus programas electorales. La mayoría contempla medidas para limitar las puertas giratorias. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan a trabajar para empresas privadas vinculadas al sector en el que operaban hasta entonces.

Partido Popular

Los conservadores no hacen referencia alguna en sus propuestas para el 20-D al actual régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Se limitan a señalar que regularán "la actuación de los lobbies" y pondrán en marcha un registro de lobbies o grupos de interés con el objetivo de "identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades". 

Tras conocerse este miércoles que Gómez de la Serna y Arístegui cobraron comisiones a cambio de adjudicaciones para Elecnor en Argelia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no hizo reproche alguno. "Por lo que he escuchado, lo que ha dicho es absolutamente normal", señaló el jefe del Ejecutivo respecto a las explicaciones de su candidato por Segovia. 

PSOE 

Los socialistas, por su parte, defienden que en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales que están obligados a presentar los parlamentarios se incluyan sus "intereses específicos o sectoriales", así como las actividades desarrolladas ajenas a esa condición. Es decir, el PSOE reclama más transparencia para que no vuelvan a repetirse casos como el del conservador Gómez de la Serna que, según El Mundo, despachó así su declaración de actividades: "Administrador único de la sociedad Scardovi SL, de la que tiene el 51% del capital social. Se trata de una empresa de consultoría". Tras esa escueta declaración se escondía en realidad un entramado por el que cobraba comisiones millonarias gracias a su labor de lobby.

También defienden fijar un período de incompatibilidad de cinco años –ahora es de dos– para los excargos públicos que pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hubiera tenido responsabilidades de regulación o gestión. Con esta medida pretenden "regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las puertas giratorias". Además, proponen establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido sólo cobren un sueldo. 

Ciudadanos 

El partido de Albert Rivera no propone cambios profundos en el sistema de incompatibilidades de los representantes públicos, aunque sí señala que se exigirá que sea "transparente", "riguroso", así como que se cumpla "de manera efectiva".

Para ello, propone un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas. De esta forma se conseguiría que casos como los de Cañete o Martínez-Pujalte –que ocultaron en sus declaraciones que sus empresas tuvieran relaciones con la Administración– queden impunes. 

Podemos 

Mientras, el partido de Pablo Iglesias propone "prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes". Plantea, además, que los grupos de presión que contraten a antiguos miembros del Gobierno estén obligados a informar sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo. Además, defiende dotar de "capacidad inspectora" a las oficinas de registro de conflicto de intereses e incompatibilidades tanto estatal como de las comunidades autónomas. 

Por otro lado, Podemos quiere "extender" y "clarificar" las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez que abandonen sus funciones. Respecto al fenómeno de las puertas giratorias, la formación morada defiende fijar en diez años el tiempo que tiene que pasar para que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de responsabilidad pública. También propone impedir que cualquier ex alto cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado. 

IU

La candidatura Izquierda Unidad-Unidad Popular propone la regulación de incompatibilidades "durante y después del ejercicio de cargos públicos" con el objetivo de "evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos". Más concreto es el programa de IU, que sí prevé una "incompatibilidad radical" para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración en los tres años anteriores. 

Para limitar las puertas giratorias, IU también propone que, tras su cese, los cargos públicos tengan que esperar tres años si quieren ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en los sectores en los que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de sus cargos. Esa limitación de tres años también deberá respetarse en el caso de que esos excargos quieran pasar a trabajar en empresas que hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual. 

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UPyD

UPyD, por su parte, propone un nuevo régimen de incompatibilidades "más estricto""más estricto"que, entre otras medidas, contempla la necesaria motivación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos así como de las razones del 'sí' o el 'no'.

Sobre las puertas giratorias, la formación magenta apuesta por un "período de enfriamiento" –del que no detalla extensión– para los representantes públicos y que amplía también a todos los funcionarios del Estado, "durante el cual se extienda la inhabilitación profesional".