El último equipo económico de Rajoy se apunta a la puerta giratoria

Las puertas giratorias no se detienen en España. Sólo ha pasado un mes desde que Mariano Rajoy introdujo cambios en su nuevo Ejecutivo y tres ex secretarios de Estado ya están haciendo las maletas para fichar por multinacionales del sector privado. Dos de ellos formaron parte del equipo de Cristóbal Montoro: Miguel Ferre, de Hacienda, y Marta Fernández Currás, de Presupuestos y Gastos. El tercero, el ex secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, desempeñó sus funciones en el ministerio que dirige Luis de Guindos.

Ferre, que fue hasta su nombramiento en diciembre de 2011 socio de fiscalidad internacional de la asesoría PricewaterhouseCoopers (PwC), ha firmado un acuerdo de intenciones para empezar a trabajar en Burson-Marsteller, una consultora de relaciones públicas y comunicación –perteneciente al gigante de la publicidad WPP– con presencia en 110 países del mundo a través de sus 160 oficinas. Durante su trabajo al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ferre tuvo voz en decisiones sobre la reforma fiscal y la tan cuestionada amnistía fiscal.

Fernández Currás, por su parte, está en proceso de incorporarse al área de sector público de Ernst & Young (EY), una de las cuatro firmas más importantes en el ámbito de la consultoría y la auditoría, según informó Voz Pópuli. La ex secretaria de Estado de Presupuestos, que llegó a Madrid después de pasar dos años al frente de la Consellería de Hacienda del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo –donde, entre otras cosas, tuvo que hacer frente a la compleja fusión de Caixa Galicia y Caixanova–, ha sido la encargada durante la primera legislatura de Rajoy de coordinar en plena crisis los recortes para intentar cuadrar las cuentas públicas.

Íñigo Fernández de Mesa, según confirmó el pasado viernes la agencia de noticias Europa Press, fichará por la elitista banca de negocios Rothschild. El economista ha trabajado durante los últimos años tanto para el sector público como el privado. Tras desempeñar cargos de responsabilidad en Lehman Brothers (2007-2008) y Barclays Capital (2007-2011), Fernández de Mesa se pasó a la Administración, donde, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, ocupó el puesto de secretario general del Tesoro y Política Financiera, vicepresidente del FROB y consejero del Banco de España y la CNMV.

De las tres empresas por las que ficharán, dos –Rothschild y Ernst & Young– han conseguido licitaciones en nuestro país, según los datos obtenidos por infoLibre en la Plataforma de contratación del sector público. En el caso de la Rothschild, ningún contrato fue ni con el Ministerio de Economía ni con ninguno de los organismos adscritos a esa cartera. Sin embargo, no pasa lo mismo con EY, ya que la consultora se ha hecho con dos contratos que fueron adjudicados en procesos controlados desde el Ministerio de Hacienda para el que trabajaba Fernández Currás, aunque ella no participó en la decisión.

El primero de ellos era para llevar la auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con un plazo de ejecución de dos años, que posteriormente se ampliaría a un tercero, Ernst & Young se embolsó un total de 143.385 euros (IVA incluido). El segundo, adjudicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenía por objeto llevar la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de varias empresas públicas participadas por la SEPI en los años 2012, 2013 y 2014. Con esta licitación, EY ingresó 217.800 euros (IVA incluido).

Incompatibilidades

Iñigo Fernández de Mesa ya cuenta con luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para su trabajo en Rothschild. Será asesor del mayor grupo independiente de asesoría financiera del mundo y su trabajo girará en torno al sector público de países de América Latina, el África subsahariana y Oriente Medio, motivo por el cual la Administración considera que no existe conflicto de intereses ya que su labor no está relacionada con España ni con las decisiones que hayan podido tomarse durante su estancia en el cargo.

La Ley 3/2015 es la encargada de regular el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. En su artículo 15.1, la norma establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese "no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". En este sentido, el reglamento también recoge que tampoco podrán fichar por aquellas empresas que pertenezcan "al mismo grupo societario".

Pero, ¿cuándo se entiende que un alto cargo participa en una decisión que afecta a una entidad? En su punto 3, el mismo artículo establece dos supuestos: "Cuando (...) suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad que se trate" o "cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad".

La ley, por lo tanto, no impide que un alto cargo se pueda mover a una empresa privada del mismo sector en el que desarrollaba sus actividades para la Administración. Algo que critican desde Transparencia Internacional: "La norma deja abierto un ámbito muy difuso", sostiene en conversación con infoLibre Jesús Lizcano, presidente de la organización y catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso, Transparencia Internacional pide que esa limitación de dos años sea para todas aquellas actividades "que tengan que ver directamente con el cargo que ocupó en la Administración".

Para Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, el tema de las puertas giratorias es "complejo" porque "no puedes condenar a alguien a no volver a trabajar nunca": "Si alguien tiene una carrera prestigiosa en un determinado ámbito, lo más normal es que cuando acabe vuelva a ese sector. Por eso, lo que hay que controlar es que no acceda a puestos que tengan una relación con el sector público". En relación con la ley que regula el ejercicio de los altos cargos, el experto critica que no estén bien reguladas las puertas giratorias a la inversa –del sector privado al público– y que la Oficina de Conflictos de Intereses, que es la encargada de dar el visto bueno a estos movimientos, no tenga "la independencia adecuada".

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De momento, la autorización para trabajar en el sector privado de los tres ex secretarios de Estado no consta en el Portal de Transparencia del Gobierno. Y ello a pesar de que, al menos en el caso de Fernández de Mesa, se supone que la Oficina de Conflicto de Intereses ya ha dado el visto bueno a su nuevo destino profesional.

De hecho, desde que se desbloqueó la formación de Gobierno hace más de un mes, el Portal de Transparencia no ha hecho pública ninguna autorización de compatibilidad. Las dos últimas que se recogen en el listado son del pasado septiembre. El 26 de ese mes, la que fuera directora general de Tráfico hasta julio, María Seguí, recibió luz verde para empezar a trabajar como asesora en la Federación Internacional del Automóvil. Un día más tarde, el consejero de la CNMV Oriol Amat i Salas obtuvo el visto bueno para desarrollar su actividad en diversas empresas del sector de las aseguradoras.

Cuando el Gobierno presentó este portal a finales de 2014 en cumplimiento de la Ley de Transparencia, pronosticó que para su primer año de andadura podrían enfrentarse a unas 35.000 peticiones ciudadanas. Sin embargo, en diciembre de 2015 tan sólo habían recibido 3.292. Ni el 10% de lo que esperaban.