Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.
La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, "establecer el nuevo régimen jurídico" de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y "proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas". Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.
A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo "una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio" de la Fundación del Valle de los Caídos y de las "situaciones jurídicas" derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. "No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse", recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.
Un "proyecto de informe" que "nunca fue llevado a término"
No es el único documento que recoge dicha parálisis. El 14 de febrero de 2017, la Abogacía del Estado elaboró un informe dirigido al Consejo de Administración de Patrimonio en el que analizaba el marco normativo alrededor de Cuelgamuros y detallaba los intentos frustrados de cumplir con lo que se fijó por ley en 1982. Así, el estudio, señalaba que la comisión de 1984 "se reunió en múltiples ocasiones" y llegó a elaborar "un proyecto de informe" que, sin embargo, "nunca fue llevado a término". Tampoco las recomendaciones plasmadas en 2011 en el informe del Comité de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, entre las que se incluía la conversión de la citada fundación en un Real Patronato, "fueron cumplidas".
infoLibre ha tenido acceso al informe de la Abogacía del Estado tras acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
"A día de hoy hemos de señalar que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos sigue subsistente (...) en tanto en cuanto el Gobierno no ha hecho uso de la autorización que, para su modificación, transformación o extinción establece la disposición final tercera de la Ley 23/1982 –la de Patrimonio Nacional–", recoge el escrito firmado por el abogado del Estado Juan García González-Posada. Como consecuencia directa de dicha inacción, la entidad que gestiona los bienes de Cuelgamuros sigue manteniendo "un régimen excepcional" distinto al del resto de fundaciones del sector público y rigiéndose por una "normativa específica". En este caso, por un conglomerado de decretos, convenios y reglamentos que siguen denominando "Cruzada" al golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil y que fueron alumbrados en los últimos compases de los años cincuenta, en plena dictadura.
Esta situación de interinidad ya fue utilizada hace unos años por el organismo dependiente de Presidencia para intentar justificar las graves irregularidades que el Tribunal de Cuentas había puesto de manifiesto en una de sus fiscalizaciones. "Solamente señalaremos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional sigue haciéndose cargo de su gestión de forma transitoria", sostuvieron en las alegaciones remitidas en respuesta a un durísimo informe, en las que reiteraron que "todo lo relativo" a Cuelgamuros "se encuentra deslegalizado" y que ellos estarían "a lo que establezca el Gobierno sobre la materia". El órgano fiscalizador, sin embargo, dejó claro que dicha situación de "transitoriedad" no excusaba "la insuficiencia de control sobre los bienes y derechos de la Fundación" ni tampoco su "confusa gestión ordinaria", un descontrol que, como desvelamos en la segunda entrega de esta serie sobre el Valle de los Caídos, se ha prolongado en el tiempo.
Sin naturaleza de fundación del sector público no hay transparencia
Patrimonio también recurrió a esta falta de regulación para intentar cubrirse de las peticiones de información que en su día registró este periódico. Lo hizo en respuesta al recurso interpuesto por este diario ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ante la falta de respuesta de algunas de las cuestiones planteadas. Así, en su escrito de alegaciones, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional recordó que la fundación de la que ejerce el patronato se somete a un "régimen jurídico especial", no teniendo, en ningún caso, "la naturaleza jurídica de fundación del sector público". "Consecuentemente, no se encuentra incluida en el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia", señalaba el organismo público. Una explicación que no convenció al CGTB: "La información solicitada, más allá de que pueda afectar a entidades no obligadas por la Ley de Transparencia, están en poder de Patrimonio Nacional en base a la relación jurídica existente entre dicho organismo y la fundación".
Tras casi cuatro décadas sin cumplir con el mandato que se dio al Ejecutivo en 1982, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ponerse manos a la obra. El proyecto de Ley de Memoria Democrática, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, declara en su artículo 54 la extinción de la Fundación de la Santa Cruz "por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales", algo que se producirá en cuanto entre en vigor el real decreto que se preparará para establecer "el nuevo marco jurídico" aplicable a Cuelgamuros, en el que se determine "la organización, funcionamiento y régimen patrimonial".
Sobre la nueva entidad gestora se pronunciaban ya los servicios jurídicos del Estado en febrero de 2017. "Entendemos que a la futura fundación gestora del Valle de los Caídos, cuando se constituya, debería aplicársele la regulación general de las fundaciones del sector público estatal, y en ningún caso, el régimen excepcional de la actual Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", apuntaba la Abogacía en su informe.
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Patrimonio se saltó la Ley de Subvenciones en el Valle de los Caídos y desconoce si entregó fondos indebidos a los monjes
Puedes consultar aquí las dos primeras entregas de esta serie de investigación:
Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.