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Cuando Nevenka Fernández plantó cara a su acosador en los tribunales, la justicia le dio la razón, pero la sociedad la condenó al ostracismo. Tuvo que abandonar la política, salir del país y reconstruir su vida con sus propias manos. Cuando Ana Orantes salió en un talk show hace más de dos décadas, su exmarido le quitó la vida, a pesar del grito desesperado de socorro. Rocío Carrasco expuso en la pequeña pantalla años de presunta violencia psicológica por parte de su expareja, acompañada de la complicidad mediática. ¿Alguien les ha pedido perdón? ¿Cuál ha sido su reparación?
Hace siete años, el Estado español era condenado por primera vez por un organismo internacional a raíz de un caso de violencia machista. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación con la Mujer (CEDAW) señalaba la responsabilidad del Estado tras el asesinato de una menor, hija de una víctima de violencia de género que había buscado en repetidas ocasiones la ayuda de la justicia. Ángela González perdió a su hija de siete años en 2003. El agresor, el padre de la criatura, le arrebató la vida durante el régimen de visitas fijado tras la separación. Ángela González había denunciado a su exmarido una treintena de veces por amenazas y agresiones, pero no sirvió. El organismo internacional dictaminó en agosto de 2014 que el Estado había sido responsable, por lo que exigió una reparación adecuada para la madre.
También habló de reparación años después, cuando S.F.M. acudió al organismo institucional para denunciar la violencia sufrida durante su parto. CEDAW instó entonces a "proporcionar una reparación apropiada", no sólo en cuanto a una indemnización económica, sino también a la hora de trabajar para impedir, como en el caso de Ángela González, que la violencia vuelva a producirse.
En 2018, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pidió perdón a la familia de Maguette Mbeugou, víctima mortal de violencia de género que perdió la vida pese a haber seguido los cauces formales de denuncia. Pero también a la sociedad en general, por las deficiencias en los juzgados: "Esto es un fracaso de la justicia con mayúsculas". La ley contra la violencia de Castilla-La Mancha, elaborada hace tres años, incluye de hecho la violencia institucional como "las acciones u omisiones" que realizan las autoridades y agentes de cualquier órgano que tengan "como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres" accedan a las políticas públicas para tener "una vida libre de violencia". También la ley catalana incluye la violencia institucional en los mismos términos y pone como ejemplos "la omisión de actuar cuando se conozca la existencia de un peligro real o inminente", las prácticas revictimizadoras o la utilización del síndrome de alienación parental.
Según el informe Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España a lo largo de 15 años, encargado al Instituto de Salud Carlos III por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 26,3% de las mujeres que perdieron la vida a manos de sus maltratadores sí habían dado la voz de alarma presentando una denuncia. En total, el 12,8% de las víctimas mortales contaba con medidas de protección en vigor en el momento del asesinato. Pero el sistema les falló. ¿Merecen una disculpa?
Merecen una disculpa y algo más. Así lo sostienen las expertas en violencia de género consultadas. Recuerdan que la reparación no es un concepto vacío, sino que está reglado y debe cumplir unos requisitos. "La reparación del daño es un concepto jurídico que se aplica en los delitos que son muy invalidantes respecto al pleno disfrute de los derechos de las personas". Habla Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Cuando se trata de "daños irreparables", pedir perdón "puede tener cierto sentido", pero debe ir acompañado por otras medidas de carácter material. Y la única manera de "medir el daño es el carácter indemnizatorio de la reparación". La restitución, insiste, debe estar valorizada y acompañada por una pregunta: ¿somos capaces de devolver a la víctima –o a sus familias– a su situación anterior? Si no es así, la administración debe ser capaz de desarrollar medidas integrales que abarquen ámbitos como el psicológico o el laboral, para que el impacto sea mínimo. El objetivo último es que esa persona "pueda volver a transitar por la vida".
Glòria Poyatos, directora regional de Europa, Norte de África y Oriente Medio de la International Association of Women Judges, disecciona el concepto de reparación, construido en torno a "valores asociados a la masculinidad que revalorizan lo racional y devalúan lo emocional". La indemnización económica, vinculada a lo racional, a los valores masculinos, es la única reparación válida hoy día, pero a veces se queda corta. Poyatos aporta una mirada internacional. Tanto el CEDAW como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala la jurista, "lo que están haciendo es trascender mucho más allá de la reparación económica", poniendo en el centro una óptica preventiva encaminada a que "otras personas no puedan sufrir lo mismo que vivió la persona a la que están reparando". Ahí entran en juego elementos como la formación del personal que ha incurrido en el daño.
Una placa, un monumento, una disculpa
En el pueblo de Cúllar Vega fue asesinada Ana Orantes y en sus calles se levantó, años después, un monumento en forma de monolito en su recuerdo. En el mismo municipio granadino, pero también en otros como La Zubia, Montefrío, Gilena y Sevilla, el nombre de la víctima apareció en el callejero y en Marbella luce en su memoria una glorieta. Los homenajes no han dejado de sucederse.
En verano del pasado año, el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentaba un proyecto normativo de su departamento: la ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia. En aquella comparecencia, Pablo Iglesias pedía perdón. "Quiero pedir perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde", decía en nombre del Gobierno. Recientemente, Colombia pidió perdón por el caso de una periodista secuestrada y agredida sexualmente hace dos décadas. Holanda, por su parte, rogó el perdón de todas las personas trans que habían sido obligadas a una esterilización para cambiar su identidad hasta 2014.
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Para Marisa Soleto se trata de gestos que "hay que hacer", pero que no deben "sustituir a la reparación". Pone un ejemplo: ¿basta con que la Iglesia pida perdón por los casos de pederastia? A su juicio, la reparación simbólica no debe eclipsar a la material. "Hay víctimas reales que deben ser compensadas", recuerda, "los procesos de reparación por vulneración de derechos tienen contenido y producen resultados".
Lucía Avilés, magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, apuesta con rotundidad por la capacidad sanadora del perdón. "Tiene una importancia y un valor simbólico fundamental, es necesario que los poderes públicos se desprendan de esa necesidad de tener razón a toda costa", dice al otro lado del teléfono. El reconocimiento del error, aunque sea un mero gesto, representa "mucho más" para las víctimas y "puede llegar a sanar mucho más que una mera compensación económica", entre otras razones porque contribuye a aplacar la sensación de impunidad.
Además de la reparación simbólica y material, la magistrada se detiene en un tercer nivel: el legislativo. El caso de Ana Orantes es paradigmático, supuso un "antes y un después en la legislación española" porque permitió que empezaran a dictarse órdenes de protección y luego aceleró el impulso de la Ley integral contra la Violencia de Género. "A raíz de esta ley se transformó la manera de hacer justicia para las mujeres", lo que supuso una suerte de reparación desde la integración de la óptica feminista en la justicia. En el caso de Ángela González, sólo un año después del dictamen del CEDAW, España modificó la legislación para empezar a considerar víctimas a los hijos de las mujeres que sufren violencia de género. "Esto es reparación, no sólo de la víctima, sino de la sociedad española a futuro", sentencia la jueza.
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