CINCO AÑOS DE LA PANDEMIA
Ni menos plazas ni más personal: las residencias de mayores volverían a ser la zona cero del covid
Apareció de repente, nadie pudo preverlo ni prepararse para combatirlo y su expansión, además, se produjo a toda velocidad. No fueron pocas las voces que compararon la pandemia de covid-19 con una especie de catástrofe natural sobrevenida. Una suerte de tsunami que, sin embargo, sacó a la superficie las carencias de muchos sectores que hasta entonces habían permanecido en un segundo plano. Si las residencias de mayores se convirtieron entonces en la zona cero de la crisis sanitaria fue porque sus características las convirtieron en las víctimas ideales. Por eso cuando terminó todo el objetivo era reconstruir de arriba a abajo ese modelo de cuidados. El problema, que sólo se hizo sobre el papel y que en la práctica nada ha cambiado desde entonces. "Estamos peor ahora que hace cinco años", aseguran, sin titubear, familiares y trabajadoras.
Afectaba con mucha más gravedad a los más mayores. Y para su contagio no hacía falta un contacto extremadamente directo. Con que el virus estuviera en el aire bastaba. Por eso fueron las residencias los centros más golpeados. Varios estudios científicos, además, demostraron que las macrorresidencias y los geriátricos bajo un modelo público-privado sufrieron todavía más las consecuencias del covid-19 durante toda la primera ola. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa.
El Gobierno cogió el testigo y consiguió aprobar junto a las comunidades la que se convertiría en la guía para el nuevo modelo que corregiría todas esas fallas. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y se firmó en julio de 2022 con la oposición, no obstante, de Madrid, País Vasco, Galicia, Murcia y Ceuta. La norma, de "carácter decisorio", no es obligatoria por tanto para ellas, como informan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sólo deben adaptarse a sus criterios, añaden, las regiones que o bien votaron a favor o se abstuvieron, aunque en todo caso el plazo general de adaptación continúa vigente hasta 2029. Mientras tanto, explican también las mismas fuentes, el departamento de Pablo Bustinduy ya ha iniciado un proceso de evaluación que permitirá valorar el grado de cumplimiento normativo y las "buenas prácticas" que se estén llevando a cabo en este ámbito.
Pero en cualquier caso Madrid, Galicia y Murcia no sólo votaron en contra. En su día, y preguntadas por infoLibre, ya aseguraron que no cumplirían con ninguna de las directrices que marcó el Gobierno. Por su parte, el País Vasco rechazó hacer lo propio por, argumentaron entonces, una cuestión de invasión competencial. Menos de un año después aprobaron su propia normativa: un decreto que limitó a 150 el máximo de plazas, que debían además estar divididas en módulos de, como mucho, 25 personas.
Ayuso no ha aprendido nada en estos cinco años tras sus protocolos de la muerte. La normativa que ha aprobado es el reflejo de que piensa que los mayores 'se iban a morir igual'
Son números muy distintos de los pensados por el Gobierno. En concreto, el Acuerdo de acreditación estableció que los geriátricos no podrían superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas de "densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, se fijó que no deberían estar compuestas por más de 15 ancianos.
Pero también le dio igual a Madrid, que en una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del sábado 16 de noviembre fijó, precisamente, los mismos números que el País Vasco. "Ayuso no ha aprendido nada en estos cinco años tras sus protocolos de la muerte. La normativa que ha aprobado es el reflejo de que piensa que los mayores 'se iban a morir igual", lamenta la diputada socialista Lorena Morales, que critica también la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Gobierno conservador y que estableció por primera vez un catálogo de sanciones para sus usuarios. "Para que impere más el miedo", criticó.
En Galicia, por su parte, las residencias siguen regidas por la normativa aprobada en 1996, que ni siquiera hace referencia a un máximo de plazas o a unidades de convivencia. "Tal vez también Galicia sea el territorio que sufre la mayor parálisis en los últimos 15 años en el avance y refuerzo de los derechos de estos colectivos vulnerables", lamenta Paulino Campos, presidente de la Federación galega de organizacións de familiares e usuarias de residencias e da dependencia (Rede).
En Murcia, por último, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad explica a infoLibre que todavía no han aprobado ninguna normativa, pero que están a punto de hacerlo. En concreto, indican, ya han recogido las aportaciones de "agentes, entidades y órganos gestores implicados" y ahora se están incorporando a "un documento definitivo para su tramitación oficial". No especifican sin embargo si adoptarán las directrices del Gobierno central. A esta pregunta, directamente, no dan respuesta.
Pero más allá de las normativas, Madrid ya ha trasladado del papel a los proyectos su idea. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado mes de septiembre que la región abriría 40 nuevas residencias bajo un modelo público-privado. Y la primera, que ya ha sido anunciada, tendrá 150 plazas. En Galicia, según publicó Praza.gal, es la Fundación Amancio Ortega la que está construyendo los nuevos centros que luego dona a la Xunta para ponerlos en funcionamiento y, también, privatizar su gestión. Tienen, las tres últimas, 120 plazas. Justo en el límite, pero con ese mismo modelo que los estudios científicos llegaron a calificar de "letal".
Las macrorresidencias seguirán siendo una realidad en casi toda España. En los próximos cinco años hay previstos hasta 158 proyectos de geriátricos con más de 120 camas
Desde 2009 a 2022, según lamenta Campos, no ha habido ningún otro proyecto de residencia pública en toda Galicia, lo que muestra que se ha asistido en todos estos años a un verdadero "desmantelamiento del sistema público en beneficio de la iniciativa y de la gestión privada". Según datos recopilados por él mismo, cuando el expresidente Alberto Núñez Feijóo abandonó la Xunta dejó al 84,9% de los geriátricos en manos privadas y tan sólo al 15,1% en manos públicas.
En cualquier caso, y volviendo a la cuestión del número de plazas, las macrorresidencias seguirán siendo una realidad en casi toda España. El último informe sectorial de Alimarket consultado por infoLibre revelaba de hecho que en los próximos cinco años hay proyectados hasta 158 geriátricos con más de 120 camas. Y la mayoría estarán en Cataluña, que no obstante informa a este periódico que también contempla tres nuevas residencias públicas: uno en Terrassa, otro en Barcelona y otro en Sabadell. Tendrán, respectivamente, 80 y 90 plazas y costarán 11 millones cada una que provendrán de los fondos Next Generation.
Ratios no exigidas
El Acuerdo de acreditación no sólo estableció un máximo de plazas. Al mismo tiempo, fijó un mínimo de personal. En concreto, el texto habla de que las ratios deben ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes. El número, no obstante, debe ir en aumento hasta alcanzar, el 31 de diciembre de 2029 —la fecha límite de aplicación de estas normas, según el Ministerio de Derechos Sociales—, las 51 empleadas por cada 100 usuarios.
No se conoce qué aprobará Murcia en este sentido, pero consultado el decreto del País Vasco se comprueba que, aunque anunciaron que la norma aumentaría un 15% las ratios, los números no llegan a acercarse, ni por asomo, a los aprobados por el entonces ministerio de Ione Belarra. Según el documento, el equipo técnico asistencial que apoya "las actividades de la vida diaria" se sitúa, como máximo —es decir, en los centros o módulos con ancianos de grados II y III de dependencia—, en 33 personas por cada 100 mayores.
Madrid, en su decreto aprobado a finales del año pasado, estableció por su parte una ratio mínima de 37 trabajadoras por cada 100 residentes en aquellos centros de menos de 50 plazas, elevando el número a 45 en los que sí superen ese número de camas. No obstante, no hablan de aumentarlo en ningún plazo de tiempo. Y en la región, además, se permiten esos centros de hasta 150 plazas.
¿Qué ocurre en Galicia? La normativa de 1996 tampoco hace referencia ni nombra ningún tipo de ratio. Ni mínima ni máxima. Directamente es una directriz que no aparece. No obstante, el texto sí que incluía un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas. Pero hablamos en pasado porque la Xunta ha suprimido esa exigencia.
No es que no hayamos mejorado desde la pandemia, es que ahora estamos peor
Con ello, según los datos de REDE tras el análisis de las 295 residencias gallegas, desaparecen de golpe más de 200 puestos de trabajo de enfermeras. "Una decisión insensata y hasta criminal que embrutece aún más las atenciones que reciben las personas mayores más vulnerables y con la que el ejecutivo gallego de Alfonso Rueda ha dado rienda suelta a una vieja reivindicación de la patronal, que afirmaba que no había enfermeras en el mercado", denuncia Campos.
Sonia Jalda es portavoz del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y coincide con él. "No es que no hayamos mejorado desde la pandemia, es que ahora estamos peor. Eliminar esa obligatoriedad perjudica, y mucho, a la calidad de la atención a la dependencia", lamenta. Pero es que, además, deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las trabajadoras. "Donde antes eran obligatorias siete u ocho enfermeras ahora van a poder trabajar con cuatro. Si se queda una sola enfermera en el turno de noche, ¿qué va a hacer si tiene dos emergencias?", se pregunta. Precisamente este viernes se han movilizado trabajadoras de los centros privados de A Coruña y Lugo para exigir un convenio "digno" con salarios "dignos".
Las ratios mejoran sobre el papel, sí, pero es que hay centros en los que una recepcionista es contratada como gerocultora para cumplir con esos nuevos requisitos. La realidad es que aquí ya no hay personal.
Pero estas situaciones, en cualquier caso, no ocurren sólo en las comunidades que se negaron a aplicar el Acuerdo de acreditación. Carmen Martínez es secretaria general de la Federación Sociosanitaria de CCOO en La Rioja pero conoce bien el sector a nivel a nacional. Y no duda: "Ha empeorado mucho en estos cinco años". Tanto, dice, que ya nadie quiere dedicarse a él. "Las ratios mejoran sobre el papel, sí, pero es que hay centros en los que una recepcionista es contratada como gerocultora para cumplir con esos nuevos requisitos. La realidad es que aquí ya no hay personal. Se ha desmejorado todo tanto, que cada vez es más difícil contratar. Ya nadie quiere trabajar aquí", lamenta, desde el otro lado del teléfono.
Que no sean suficientes incrementa la carga de trabajo, pero es que aun así las condiciones no son buenas. Txomin Lasa, responsable sociosanitario del sindicato vasco ELA, lamenta que hay hasta un 50% de contratos parciales, lo que genera "jornadas muy escasas que obligan a las trabajadoras a complementarlas a golpe de llamadas o con otros trabajos". "Tampoco se sustituye a las trabajadoras y este aumento de carga de trabajado está haciendo que cada vez haya más bajas por motivos físicos o de salud mental", lamenta el sindicalista.
No hay datos oficiales de cuántas personas faltan en el sector, pero un informe de CCOO, UGT, Pladigmare y la Sociedad de Geriatría y Gerontología concluyó que sería necesario duplicar las plantillas para garantizar una asistencia "digna" en las residencias de Madrid. En concreto, el documento establecía la necesidad de 132 gerocultoras en plantilla por cada 100 residentes para asegurar una presencia de 83 profesionales a lo largo de todo el día: se dividirían entre 37 del turno de mañana (el que cuenta con una mayor carga de trabajo), 34 en el de tarde y 12 en el de noche.
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El Ministerio de Bustinduy, en todo caso, no da los deberes por terminados. Este martes, más de dos años después de aprobarse el Acuerdo de acreditación, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta la reforma de la Ley de Dependencia que pretende, sostienen desde el departamento de Derechos Sociales, seguir trasladando todo ese nuevo modelo de cuidados a la legislación.
La idea siempre pasa en todo por la desinstitucionalización de la dependencia, es decir, por fomentar una mayor atención al domicilio y por, siempre, escuchar las preferencias de la persona. No significa cerrar las residencias, sino transformar esos centros en geriátricos más pequeños, con una atención individualizada. Por eso aumentaron las ratios y disminuyeron las plazas.
Y por eso también han echado a rodar la reforma de la Ley de Dependencia que, defienden desde el Ministerio, actualiza las definiciones de servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio. Una vez se apruebe la norma, explican, el desarrollo reglamentario deberá ser nuevamente abordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo, alcanzar acuerdos. Y mejorar, en su caso, el Acuerdo de acreditación 2022. Pero será entonces, de nuevo, un debate con las autonomías. Y es probable que no todas, como ya ocurrió en su día, estén de acuerdo.
