Los inspectores de la Intervención General del Estado (Igae) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción Rafael Muñoz y Sara Gavilán han confirmado este lunes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que las cuentas anuales consolidadas del año 2010 de Banco de Valencia no reflejaban fielmente el patrimonio y la situación financiera consolidada del grupo, según aseguran fuentes del caso.
La cúpula de Banco de Valencia estaba compuesta entonces por el también presidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado Domingo Parra, que fueron detenidos en junio de 2015 por estafa y malversación en relación con los negocios de Bancaja en el Caribe.
En su informe de 1 de agosto de 2013, los inspectores de la Intervención del Estado, que actuaban como peritos de la Fiscalía Anticorrupción, analizaron las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año. Según los cálculos de los peritos, la cuentas tendrían que haber presentado unas pérdidas de 86,23 millones en lugar de unos beneficios de 132 millones de euros.
Para estos funcionarios, los ratios de morosidad y solvencia mostrarían una situación mucho más desfavorable que la que se había plasmado en las cuentas oficiales: "Consideramos que no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con los principios y normas contables contenidos en la Circular 4/2004 del Banco de España".
Control semanal
La comparecencia de estos dos funcionarios, que eran jefe y subjefa de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, precede a la declaración prevista para este jueves de los inspectores de Hacienda que se encargaban de realizar el control en la entidad.
Entre estos funcionarios se encuentra el inspector José Antonio Casaus Lara, quien según la documentación aportada por el Banco de España al juez que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, dirigió en marzo de 2011 varios correos electrónicos al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, en el que aseguraba la mala situación en la que se encontraba el Banco de Valencia.
En concreto, Casaus envió a su jefe un mensaje el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, en el que le explica que había advertido a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".
Salida a bolsa
Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.
Tras la comparecencia de los inspectores de Hacienda, el juez Santiago Pedraz tiene intención de llamar a declarar como investigados a los integrantes del consejo de administración que aprobaron las cuentas que ahora los peritos consideran irregulares.
El juez Santiago Pedraz.
Entre los citados estarán el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.
Diferencia de cálculo
En el auto en el que declaraba compleja la causa, el juez Pedraz adelantó que los investigados tendrían que dar explicaciones "sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la inspección del Banco de España.
El Banco de España intervino en noviembre de 2011 el Banco de Valencia y sustituyó a los admistradores. También se vio obligado a inyectar 1.000 millones de euros al mismo tiempo que concedió a los nuevos gestores una línea de crédito de otros 2.000 millones para asegurar su liquidez.
En total, las administraciones públicas han tenido que aportar 17.868 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, para evitar la quiebra de Banco de Valencia, que era una sociedad participada de forma mayoritaria primero por Bancaja y tras la fusión por Bankia.
De esta forma, el Banco de Valencia es la tercera entidad financiera que ha necesitado más dinero para evitar la quiebra, tras los 24.861 millones de la Caja del Mediterráneo y los 22.426 millones de BFA-Bankia.
Olivas dimitó de su cargo de presidente de Bancaja el 21 de noviembre de 2011, días antes de la intervención. Al final de todo el proceso, el Banco de Valencia ha acabado en manos de CaixabankCaixabank, que se hizo con la entidad financiera valenciana tras abonar 1 euro y asumir la deuda de la misma.
Los inspectores de la Intervención General del Estado (Igae) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción Rafael Muñoz y Sara Gavilán han confirmado este lunes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que las cuentas anuales consolidadas del año 2010 de Banco de Valencia no reflejaban fielmente el patrimonio y la situación financiera consolidada del grupo, según aseguran fuentes del caso.