Crisis del coronavirus

Personas mayores tras conocer el informe de Sanidad sobre las residencias: "¿En manos de quién estamos?"

Una residente de la Residencia de Mayores Pablo Neruda.

infoLibre

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha tachado de "un sin sentido" las conclusiones del informe del informe sobre el Sistema de información de centros residenciales covid-19 del departamento que dirige Salvador Illa.

Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas un informe, en el que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión por la calidad de los mismos; que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y otras no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

"¡Qué poca seriedad! ¿En manos de quién estamos? Si todo eso fuera verdad, ¿qué tendríamos qué hacer con quienes nos gobiernan. Prefiero no creerlo", ha declarado a Europa Press el presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez.

En el documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por covid, en 9.830 se detectó sintomatología covid pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas.

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En el mismo documento se especifica que el número total de centros residenciales sobre los que se comunica su intervención fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.

Por su parte, la Federación Empresarial de la Dependencia (Fed) ha tachado de "increíble" que haya comunidades autónomas que no hayan reportado sus datos sobre la situación de las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus.

"Esto es una república bananera", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, quien se pregunta "cómo es posible" que un Estado de Alarma haya comunidades que "se permitan el lujo" de no reportar la información que se les requirió y que el Estado central "no tenga poder coercitivo" sobre estas regiones.

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