Dos acusaciones populares en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, las representadas por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y el colectivo 15MpaRato, han solicitado la imputación de la compañía Deloitte y de su socio auditor, Francisco Celma, por avalar las cuentas de la entidad en 2011, que tuvieron que ser reformuladas tras la intervención del Estado y pasaron de arrojar unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979.
El colectivo 15MpaRato, que se ha adherido a una petición solicitada el pasado 10 de marzo por la CIC, considera que Deloitte "en ningún momento" efectuó "ninguna salvedad a las cuentas de Bankia que, según los informes de los peritos independientes designados por el Banco de España, contenían "importantes errores que ya se conocían" en el momento de ser elaboradas.
Las acusaciones también fundamentan su petición, entre otras razones, en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, quien declaró ante el juez Fernando Andreu el 18 de diciembre de 2012 que Celma justificó el retraso en la presentación del informe de auditoría sobre las cuentas de 2011 alegando que el expresidente, Rodrigo Rato, estaba manteniendo "negociaciones" sobre el futuro de la entidad.
Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas, defendió la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.
Sanción a Deloitte
Además, las acusaciones de la CIC y del 15MpaRato recuerdan que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía sancionó con una multa de 12 millones de euros a Deloitte tras considerar que los procedimientos que había seguido para avalar estas cuentas "no fueron acordes a las normas de contabilidad ni realizados con la independencia requerida".
En la declaración judicial que prestó el pasado 20 de febrero de 2013 ante el juez, Andreu Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Ver másJueces, y parte, en el caso Bankia
El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).
El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.
"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.
Dos acusaciones populares en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, las representadas por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y el colectivo 15MpaRato, han solicitado la imputación de la compañía Deloitte y de su socio auditor, Francisco Celma, por avalar las cuentas de la entidad en 2011, que tuvieron que ser reformuladas tras la intervención del Estado y pasaron de arrojar unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979.