“Es algo urgente y excepcional ante una crisis urgente y excepcional”. Con estas palabras, la presidenta del Ejecutivo comunitario, la alemana Ursula von der Leyen, presentaba esta semana ante el Parlamento Europeo el tan esperado plan de recuperación para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia en el Viejo Continente, un programa bautizado con el nombre de Próxima Generación UE que permitiría a España beneficiarse de ayudas por un montante equivalente al 11% de su PIB en 2019. El proyecto de Bruselas, que todavía tiene que superar unas negociaciones entre Estados que se anticipan duras, fue bien recibido por el Sur del Viejo Continente. Si bien el volumen puesto sobre la mesa se aleja de las cantidades reclamadas por ciertos países, los expertos creen que la propuesta es “un éxito” para Estados como España. Sobre todo, por el hecho de que el grueso de los fondos vaya a canalizarse vía transferencias. Esto, dicen, evitará que la deuda escale más de lo previsto. Sin embargo, avisan de que ese fantasma de la Gran Recesión seguirá estando bien presente en los próximos meses.
El fondo ideado por la Comisión Europea asciende a unos 750.000 millones de euros, quedaría integrado en el denominado Marco Financiero Plurianual –esto es, el presupuesto comunitario para los próximos siete años– y se financiaría a través de la emisión de deuda por parte del Ejecutivo europeo. El reparto será, probablemente, uno de los asuntos en los que se centrarán las futuras negociaciones, en las que probablemente surgirán de nuevo los cada vez más habituales roces entre Norte y Sur. Suecia ya ha dejado claro que “no es razonable que la UE se endeude para desembolsar cantidades de dinero tan grandes”. Y la portada de esta semana del semanario Elsevier Weekblad, en la que se tilda de “vagos” a españoles e italianos y se pide no dar “ni un céntimo más al Sur”, refleja por dónde pueden ir los tiros en suelo holandés.
El plan que ha puesto sobre la mesa Bruselas contempla que los principales beneficiados sean los dos países más golpeados por la crisis sanitaria. A Italia le corresponden 172.745 millones. A España, 140.446 millones de euros. Para Santiago Carbó, catedrático de Economía de la escuela de negocios Cunef, el proyecto supone una buena noticia: “Tiene buena pinta y es un apoyo suficiente. Creo que supone un éxito para los países del Sur”, señala el también investigador colaborador de Funcas. No obstante, avisa de que todavía es pronto para celebraciones. El plan no es el definitivo y “quizá se quede algo en el alero” durante el proceso negociador. El primer termómetro para tomar la temperatura de las diferentes capitales será en el Consejo Europeo del próximo 19 de junio.
Algo más templado se muestra en su análisis Javier Santacruz. El economista del Instituto de Estudios Bursátiles cree que el volumen de dinero que se puede canalizar hacia España permitirá un “cierto respiro” en un país que espera un desplome del PIB durante 2020 superior al 9%. Sin embargo, recuerda que es sólo una ayuda y que esas cantidades no son suficientes para solventar unas “tensiones y debilidad financiera” que irán in crescendo “conforme vayamos viendo los destrozos de la pandemia”. La potencia de fuego del fondo planteado por la Comisión supone la mitad de lo propuesto hace justo un mes por el Gobierno español, que pedía un instrumento para la reactivación económica de entre 1 y 1,5 billones financiado con deuda perpetua.
Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que el plan ayudará a llevar a cabo una “reestructuración productiva de sectores que difícilmente vayan a poder continuar funcionando como en el pasado, algo que el país necesita”. Sin embargo, al igual que Santacruz, afirma de que por sí sólo no va a resolver todos los problemas que van a estar sobre la mesa en los próximos meses: “No te va a ayudar en la financiación y el gasto corriente del propio sector público o en la refinanciación de la deuda”.
Una deuda por las nubes
Porque a pesar del respaldo propuesto desde Bruselas, todos los economistas señalan que el crecimiento de la deuda será un problema importante. Como ya lo fue hace más de una década. En 2008, España afrontaba el estallido de Lehman Brothers con unos niveles que rondaban el 40%. Cuatro años después, en el momento de suscribir el Tratado de Estabilidad europeo, esa cifra se colocaba ya en el 69,5%. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha disparado las cifras. Si a cierre de 2019 era del 95,5% del PIB, los últimos datos del Banco de España ya la sitúan rozando el 100%. Y el supervisor bancario cree que podría alcanzar este año el 115% o el 120%. “El aumento asociado en los niveles de deuda pública podría desencadenar una reevaluación del riesgo soberano por parte de los participantes del mercado y reactivar las presiones sobre los estados más vulnerables”, avisó esta misma semana el Banco Central Europeo.
El fantasma, por tanto, seguirá ahí. “La idea de que la deuda va a reducirse drásticamente el próximo año simplemente no es creíble. Por tanto, nos vamos a situar en volúmenes de endeudamiento muy elevados durante un largo periodo de tiempo y esto provocará tensiones en los mercados”, alerta el catedrático emérito de Economía de la UAB. En este sentido pone el foco sobre la importancia de que el BCE salga al paso en cuanto sea necesario. Por eso, se muestra preocupado ante decisiones como la del Tribunal Constitucional alemán, que a comienzos de mayo sentenció que el programa de compras de deuda pública lanzado por el regulador europeo en 2015 era desproporcionado, por lo que pidió al BCE corregirlo en tres meses si no quería que el Bundesbank alemán dejara de formar parte de él.
“Es una carga enorme si no se ve un progreso económico lo suficientemente positivo que dé confianza a los inversores”, sostiene Javier Santacruz. También Carbó cree que con todo vamos a terminar con una “mochila de deuda importante, lo que va a llevar a los mercados a tomar nota si no aumentamos la competitividad o no hacemos los deberes adecuados”. Sin embargo, recuerda que el hecho de que buena parte de las ayudas vayan a ser a fondo perdido –unos 77.000 millones serán subvenciones frente a 63.000 millones de préstamos– va a permitir cierto alivio. “Las transferencias no vendrán como deuda para nosotros”, dice. De hecho, esto explica que tanto España como Italia o Francia insistiesen tanto desde el primer momento en la necesidad de un plan basado en subvenciones.
Dinero con condiciones
Otra de las cuestiones a dirimir será la famosa condicionalidad de las ayudas. Con las cicatrices que dejó la anterior crisis económica, las autoridades comunitarias se han lanzado desde el primer minuto a asegurar que nada de “programa de ajuste con nombre distinto”. “Son los países los que diseñan qué proyectos quieren financiar con este plan, es el Estado miembro el que tiene la sartén por el mango”, se encargó de puntualizar el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
“Se va a exigir condicionalidad vía estabilidad presupuestaria, algún plan de reducción de una deuda del 120% a unos niveles más asumibles, se va a exigir un plan de pago de esa deuda. Y, además de eso, unas reformas muy concretas”, considera Santacruz. “Todavía nos lo tienen que aclarar, porque yo creo que tienen miedo al rechazo de las sociedad. Parece que hombres de negro no habrá. Y, además, cualquier cosa que sea muy específica, como usted no puede superar el déficit público en este año, al final terminará suponiendo un problema”, remacha Carbó.
Eso sí, todos ellos coinciden en que estas condiciones podrían dejar tocadas algunas de las medidas estrella del actual Gobierno, como la derogación de la reforma laboral o enlazar la subida de las pensiones con el IPC. “Lo van a colocar como una de las exigencias a la hora de conceder el dinero”, sostiene el investigador del Instituto de Estudios Bursátiles. “Pueden ser uno de los elementos de condicionalidad, seguro que van a estar ahí”, coincide Oliver. “”
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En el momento de solicitar las ayudas, los gobiernos nacionales deberán trasladar a Bruselas un Plan de Reforma y Resiliencia basado en las recomendaciones que cada año la Unión Europea dirige a los diferentes países. “Los Estados miembros diseñarán sus propios planes nacionales de recuperación a medida, sobre la base de las prioridades de inversión y reforma establecidas en el Semestre Europeo, en consonancia con los planes nacionales integrados de energía y clima, los planes de transición justa y los acuerdos de asociación, además de los programas operativos en el marco de los fondos de la UE”, recoge el Ejecutivo comunitario.
En su último informe sobre España publicado en el marco del Semestre Europeo, la Comisión hizo hincapié en las dos promesas estrella del actual Gobierno de coalición. Sobre la derogación de la reforma laboral, señalaba que los pasos que se dieron en 2012 y 2013 en respuesta a la crisis “han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica rica en empleos”, por lo que recomendaba que cualquier medida nueva se tomase sólo “después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial” y que “se conserven los logros de las reformas anteriores”. Sobre las pensiones, sostenía que los planes del Ejecutivo español incrementarían “significativamente el gasto en pensiones a mediano y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional”.
Se espera que las primeras ayudas del fondo de recuperación puedan llegar a finales de este mismo año, siempre y cuando las negociaciones entre los duros del Norte –Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca– y los Estados sureños no encallen. Sin embargo, la mayor parte del apoyo no comenzará a fluir hasta principios de 2021, con un nuevo presupuesto comunitario ya aprobado. En opinión del catedrático emérito de Economía, “el grueso de estos recursos, de estas subvenciones, irán a inversión en el sector productivo privado”. “En cuanto a los sectores, a los más afectados en nuestra casa por la pandemia, como podrían ser el turismo, todo lo que tenga que ver con transportes y comercio. Pero también, estos fondos deben servir para dar apoyo a las dos grandes apuestas de la Comisión: la transición ecológica y la digital”, completa Oliver.