El plan de Salvador Illa para impulsar el coche eléctrico reabre el debate sobre la movilidad sostenible
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado un ambicioso plan para “democratizar” el coche eléctrico. Con una inversión de 1.400 millones de euros en cinco años, el Govern quiere “triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico”, para llegar al objetivo europeo de un 40% de automóviles de batería en 2030. El plan incluye multiplicar la infraestructura de carga en todo el territorio, bonificaciones fiscales y ayudas para la compra de vehículos, incluidos 440 millones en préstamos a pymes y autónomos para adquirir coches o furgonetas eléctricas. Además, la Generalitat quiere atraer inversión extranjera para reforzar la industria automovilística catalana.
El plan ha recibido valoraciones diferentes desde los ámbitos sindical y ecologista, divididos sobre cómo descarbonizar el sector del transporte, responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Cristina Torres, responsable de Transiciones Justas de Comisiones Obreras (CCOO) de Cataluña, celebra el anuncio de Illa: “Son medidas importantes, en un escenario geopolítico muy complejo” por los aranceles anunciados por Donald Trump a las exportaciones europeas. “Es importante que los gobiernos den mensajes claros, este cambio de modelo productivo requiere seguridad”. La sombra de la pérdida de empleos, que ya se está produciendo en países europeos como Alemania, planea sobre la industria automovilística catalana. Para evitarlo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió en una reciente visita a la planta de ensamblaje de baterías de Seat en Martorell atractivos fiscales para “que el coche eléctrico sea de utilización masiva” y superar el estancamiento de la producción.
Sin embargo, no todos los sindicatos ven con buenos ojos el plan del Govern socialista. José Domínguez, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el comité de empresa de la fábrica de Seat, denuncia que “se está socializando la inversión. Las empresas quieren que la inversión para infraestructura y para instalar la tecnología eléctrica sea a base de subvenciones”. Además, Domínguez denuncia que “desde que empezó el coche eléctrico, la patronal dice que necesita menos horas de trabajo. Nosotros lo cuestionamos. Los coches eléctricos tienen ruedas, tapicería, pintura, absolutamente igual”, argumenta.
También muestran recelos, por razones ambientales, organizaciones como Ecologistas en Acción: “Es inviable sustituir la actual flota de vehículos de combustión por coches eléctricos. En la fabricación del coche eléctrico se consumen grandes cantidades de agua, materiales y energía”, explica Laia Serra, que recuerda que, aunque los vehículos eléctricos no produzcan emisiones directamente, “la industria que extrae estos materiales funciona con combustibles fósiles”. El Banco Mundial ha estimado que, para el año 2050, crecerá drásticamente la demanda de minerales como el litio (965%), el cobalto (585%) o el níquel (209%), empujados por la fabricación masiva de baterías para vehículos.
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La ONG Medicus Mundi Mediterrània ha analizado en un informe las consecuencias socioambientales de este incremento de la demanda: “Muchos de estos minerales son importades de fuera de la Unión Europea, presentan riesgos en su suministro y se extraen de zonas en conflicto”, señala el documento. Por ejemplo, la República Democrática del Congo concentra el 68% de la extracción mundial de cobalto, una actividad que alimenta el conflicto armado interno que sufre el país. El informe de la ONG advierte además de que “no hay suficientes reservas de algunos minerales críticos para hacer la transición”, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de las energías renovables –que también demandan gran cantidad de minerales– y los planes de expansión del vehículo eléctrico. En 2024, por primera vez se superaron los 10 millones de ventas a escala mundial.
El transporte público como alternativa
La alternativa de Ecologistas en Acción al plan de la Generalitat es “reducir el vehículo privado y desarrollar el transporte público, también en el medio rural. El dinero público tiene que servir para mejorar la movilidad colectiva”, defiende Serra. En el informe Empleo y transición ecosocial, la ONG ecologista propone reducir la jornada laboral en el sector de la automoción, reorientar parte de la industria hacia la fabricación de vehículos compartidos y reconvertir empleos “en otras ramas de actividad sostenible”.
Un horizonte alejado de los planes del Govern catalán y del ejecutivo de Pedro Sánchez, que apuestan por el coche eléctrico para mantener este sector industrial estratégico: Sánchez quiere que en nuestro país se fabriquen cinco millones de vehículos de batería antes de 2030, una cifra difícil de alcanzar al ritmo actual: en 2024, más del 94% de los vehículos nuevos vendidos en España todavía eran de combustión.
