PNV y Ciudadanos permiten a Rajoy pasar el primer trámite de los presupuestos pese a la corrupción

Los votos del PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria, sumados a los escaños del PP y sus socios electorales dieron este jueves a Mariano Rajoy una buena noticia después de unas semanas en las que su partido se ha visto fuertemente sacudido por los escándalos de corrupción. Algo de oxígeno que, además, aleja, al menos de momento, el fantasma de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones, algo que, con la ley en la mano, el presidente del Gobierno podía hacer desde el 3 de mayo.

Pasadas las 12.00 horas, los parlamentarios votaban por primera vez. El resultado: "sí", 175 votos y "no", también 175. Al resultar empate, los diputados volvieron a votar con el mismo resultado. En este momento, la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), convocó una tercera votación en cinco minutos. Con tres empates consecutivos las enmiendas a la totalidad son rechazadas. Y así ocurrió. Por lo ajustado de los apoyos, en el Gobierno existía el temor de que algún parlamentario se equivocase en la votación. Al término de la misma, respiraron aliviados. Rajoy se declaraba "satisfecho".

Los conservadores no las tuvieron todas consigo hasta el miércoles, cuando ya se habían empezado a debatir las enmiendas a la totalidad. Los nacionalistas vascos dejaron pasar el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, pero habían avisado al Gobierno de que si no había acuerdo iban a sumarse a las iniciativas de los grupos que sí las habían registrado. Fue al filo de las 14.00 horas cuando Rajoy, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, firmaron en el Congreso el pacto por el que el Grupo Vasco apoyará con sus cinco escaños los presupuestos a cambio de una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.

Junto a la rebaja, el Gobierno ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios.

¿Trato de favor?

El acuerdo con los nacionalistas vascos, a quienes el PP de Euskadi también respaldó en los presupuestos autonómicos, provocó denuncias de agravio por parte de otras comunidades autónomas en un momento en el que el Ejecutivo sigue teniendo como asignatura pendiente la financiación autonómica.

Si el miércoles fue el turno de los grupos que plantearon enmiendas a la totalidad, la mañana del jueves tuvieron la oportunidad de explicar su postura Ciudadanos y PNV. Justificaron su apoyo en una cuestión de responsabilidad. Ciudadanos consideró que estas cuentas públicas, a diferencia de las prorrogadas son buenas. Y desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, subrayó que no hay alternativa a estos Presupuestos porque se ha demostrado que no se puede articular una mayoría que haga frente a Rajoy. En este sentido, insistió en la división de la izquierda.

Acusaciones de corrupción

Si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó sus intervenciones para intentar consagrar el discurso de la recuperación económica, los grupos parlamentarios que presentaron enmienda a la totalidad aprovecharon la ocasión para sacudir a los conservadores por los escándalos de corrupción protagonizados por destacados exdirigentes del partido. Hace dos semanas que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ingresaba en prisión en el marco de la operación Lezo. El lunes pasado dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento Esperanza Aguirre y el propio Rajoy declarará como testigo en el caso Gürtel y no podrá esquivar comparecer ante la comisión parlamentaria que investigará la presunta financiación ilegal del PP. A ello se suman las sospechas de injerencias en estos procesos por parte de miembros del Gobierno y la judicatura.

En el Gobierno y en el PP admiten que estos casos les preocupan mucho, pero también admiten que el paso dado este jueves en el Congreso les permite ver la legislatura con algo más de optimismo.

El Ejecutivo ha concebido estos presupuestos más como un programa de Gobierno que como algo puntual para un solo ejercicio, de ahí que vayan a intentar extender los pactos firmados para las cuentas de 2018. 

Los próximos pasos

La tramitación del proyecto de Presupuestos continúa con la presentación de enmiendas al articulado, para lo que los parlamentarios y los grupos disponen de plazo hasta las 14.00 horas del día 5 de mayo. Después llegará el debate en ponencia y en Comisión.

Antes del 26 de mayo, la Comisión elaborará un dictamen que debe ser debatido y votado en Pleno, junto con los votos particulares y las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan vivas. En este debate, que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio, cada ministro expone las partidas que le corresponden y los grupos defienden sus enmiendas a las distintas secciones.

El texto que apruebe el Congreso continuará su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. Si la Cámara alta no lo modifica, los presupuestos quedan aprobados, y en caso de que introduzca enmiendas o vete el proyecto, éste volverá al Pleno del Congreso para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levante el veto.

El papel del diputado de Nueva Canarias

Superada la primera fase, el PP necesitará 176 escaños para sacar las cuentas públicas en el Pleno una vez que el texto pase por la Comisión y se debatan las enmiendas. Para este momento, los conservadores esperan haber convencido a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias que en las generales concurrió junto al PSOE.

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Este miércoles, el parlamentario reafirmó su disposición a negociar las cuentas públicas. Pero exigió a Montoro que la negociación se haga con "rigor" y sin "triunfalismo". Y el jueves, el propio Montoro subrayó que estamos ante una cuestión de "entendimiento, voluntades y negociaciones".

"Canarias necesita un tratamiento diferente que ha tenido siempre en su historia. Y en ese territorio siempre encontrarán al Gobierno. Tiene que tener un tratamiento fiscal y financiero diferente sobre el que estamos trabajando y desarrollando", añadió Montoro.

"Tenemos que llegar a acuerdos, reconocer lo que estamos avanzando. Llegar a acuerdos que no signifiquen discriminar contra nadie [...] y eso funciona en nuestra democracia y lo que reconoce la sucesiva doctrina del Tribunal Constitucional en España", añadió advirtiendo a quienes hablan de trato preferente a unas comunidades respecto a otras.