El último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 4,4% de los encuestados había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en 2016 porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España renunciaron a tratamientos médicos por este motivo. En 2014, la primera vez que el barómetro incluyó esta pregunta, el 4,5% de los encuestados respondió en este mismo sentido. El porcentaje bajó al 4% en 2015 y ahora ha vuelto a subir.
Aunque el sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, incluye desde su origen el copago en las medicinas que se dispensan en las farmacias. El Gobierno de Mariano Rajoy implantó en 2012 un nuevo sistema que incluyó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta.
Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados sin prestación ni subsidio y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.
Abandono de tratamientos
El análisis de las cifras de abandono de tratamientos llevó al Gobierno de la Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís) al convencimiento de que era necesario compensar el copago farmacéutico para los colectivos más vulnerables: jubilados con rentas bajas, personas con discapacidad superior al 65%, menores que estén adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibe menos de 18.000 euros anuales e hijos de migrantes en situación irregular. Desde entonces, 1.011.375 personas se han beneficiado de esta medida, que tiene un coste anual para las arcas públicas de alrededor de cincuenta millones de euros y también incluye ayudas para la compra de productos ortoprotésicos.
"La idea es ayudar a estabilizar a la persona y hacer un seguimiento mejor de su salud con el objetivo de evitar que se agudicen sus patologías. Es una apuesta por la protección de salud que tiene beneficios tanto para los usuarios como para el sistema", señalan a infoLibre desde el Gobierno valenciano. Lo cierto es que los expertos en política sanitaria siempre advierten de que resulta más eficaz para el sistema mantener estabilizados a sus enfermos que tener que intervenir directamente cuando su situación empeora.
Los datos facilitados por la Generalitat valenciana evidencian que la compensación del recargo impuesto por el Gobierno ha reducido el abandono de tratamientos. Así, mientras entre enero y marzo de 2015 el número de tratamientos abandonados ascendió a 96.886, en el mismo período de 2017 esta cifra descendió a 60.468. En porcentaje, la reducción es del 37,6%. Desde la conselleria explican que el cálculo se hace con tratamientos, no con pacientes, ya que una misma persona puede necesitar varios.
En relación al copago, también en el País Vasco se puso en marcha hace cuatro años un sistema de ayudas para que pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, desempleados de larga duración y personas que se encuentran en situación irregular y sin recursos económicos pudieran completar sus tratamientos. Más de 300.000 personas se han beneficiado de esta medida, que tiene un coste para las arcas públicas de alrededor de siete millones de euros anuales.
Los modelos son diferentes. En el País Vasco se implantó un sistema de reembolso en el que a los beneficiarios –previa inscripción en su centro de salud– se les hace una devolución del dinero pagado de más dos veces al año. En la Comunitat Valenciana las personas que tienen derecho a esta subvención son identificadas de oficio por la conselleria y, por tanto, no tienen que abonar nada cuando van a la farmacia a retirar las medicinas o el material ortoprotésico prescrito porque se les identifica con su tarjeta sanitaria.
Respuesta del tercer sector
Sin embargo, la crisis también ha generado nuevas situaciones de precariedad que no tienen una respuesta directa en el sector público. Ese es el espacio que intentan llenar ONG como Banco Farmacéutico, que desde 2015 ha sufragado la medicación de 1.716 personas vulnerables en Barcelona y que planea expandirse al resto de Cataluña, a Madrid y a Aragón en los próximos meses. Esos tratamientos han tenido un coste de 187.000 euros que la ONG ha financiado a través de las cuotas de sus socios, los donativos de grandes empresas y la asignación que recibe gracias a la casilla destinada a fines sociales de la declaración de la renta.
En el proyecto Fondo Social de Medicamentos puesto en marcha por el Banco Farmacéutico actúan de forma coordinada los trabajadores sociales de los centros de salud, que verifican la adecuación del paciente al proyecto previa entrega de la documentación que acredita su situación de vulnerabilidad, y las farmacias colaboradoras, que se implican financiando el 100% de los medicamentos y adelantando ese dinero hasta que, al final de mes, la ONG les entrega el dinero que han dejado de ingresar por esos fármacos. El paciente sólo tiene que acudir a una de esas farmacias colaboradoras y retirar los medicamentos recetados sin cargo económico alguno.
Lluis Llaquet, uno de los colaboradores de la ONG, explica que la mayoría de beneficiarios del Fondo Social de Medicamentos son pacientes crónicos de entre 50 y 60 años, de nacionalidad española, y que están en situación de desempleo, un colectivo que tiene que abonar hasta el 40% del precio de las medicinas prescritas por los médicos si está cobrando algún tipo de prestación o subsidio. No obstante, la ONG ha puesto en marcha de manera reciente el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, con el que pretenden analizar y dar a conocer el perfil de las personas que no tienen recursos para pagar las medicinas que necesitan.
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), señala que, desde el sector público, la única opción que se puede ofrecer a las personas que no pueden pagar sus medicinas es un subsidio de emergencia –por ejemplo, en forma de cheque para que acudan a la farmacia, igual que se le puede dar para que acudan a su supermercado o para que paguen la luz o el agua–, pero es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones. De hecho, asegura que a veces son los propios asistentes sociales los que, ante la escasez de medios, se ven obligados a derivar a estas personas hacia la beneficencia que ofrecen organizaciones del tercer sector.
La Defensora del Pueblo, en su informe de 2016 [consultar, aquí], alertó de esta situación. Subrayó que es "necesario" que la Administración ponga en marcha un protocolo para atender "con medios públicos" situaciones de alto riesgo tras haber detectado que instituciones públicas han derivado a ONG a personas que acudían a los servicios sociales a solicitar ayuda porque no tenían dinero para adquirir los medicamentos que necesitaban. El mismo organismo también señaló que la "regulación actual" del copago farmacéutico "no garantiza" que determinados grupos de personas "sin ingresos o con rentas muy bajas" puedan acceder a los medicamentos que precisan.
Fármacos excluidos
Por otro lado, la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, ha lanzado en los últimos años propuestas como blindar frente al copago los fármacos para determinadas enfermedades, de forma que nadie quede excluido de ningún tratamiento por falta de medios. De hecho, países de la Unión Europea como Francia, Italia y Holanda tienen listas de fármacos para determinadas patologías financiados al 100% por la Administración.
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Desde el Ministerio de Sanidad suelen defender que ya existen los llamados fármacos de aportación reducida por los que los pacientes pagan, tengan la renta que tengan, un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta. Se trata de 40 grupos de productos entre los que están los antidiabéticos orales y la insulina, los antidepresivos, los tratamientos para controlar las arritmias o los medicamentos para el tratamiento del cáncer que se toman fuera del hospital.
Sin embargo, la reforma sanitaria puesta en marcha cuando Ana Mato estaba al frente del Ministerio de Sanidad también puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax.
Precisamente los pensionistas, que son el colectivo con una mayor afectación de enfermedades, suelen quejarse del desembolso que supone para ellos la compra de productos que son necesarios para mantener su bienestar y que no están financiados. Entre ellos, cremas dermatológicas, gotas oftalmológicas, empapaderas, ropa interior especial para incontinencia... En estos casos, la única respuesta está en los exiguos subsidios de emergencia o en la caridad de organizaciones del tercer sector.
El último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 4,4% de los encuestados había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en 2016 porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España renunciaron a tratamientos médicos por este motivo. En 2014, la primera vez que el barómetro incluyó esta pregunta, el 4,5% de los encuestados respondió en este mismo sentido. El porcentaje bajó al 4% en 2015 y ahora ha vuelto a subir.