El móvil de Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), fue el utilizado para grabar sus dos reuniones con el ministro del Interior. Esa es la convicción que tiene la Policía, según fuentes próximas a la investigación consultadas por infoLibre. En las conversaciones, desveladas por Público, Jorge Fernández Díaz conspira para buscar casos de corrupción con los que atacar a políticos de Convergència y de ERC.
La certeza policial se basa en un dato: el móvil de Daniel de Alfonso recibió un mensaje al comienzo de una de las reuniones con el ministro. Las fuentes consultadas se negaron a detallar si había sido en el primer encuentro, que Público fecha el 2 de octubre de 2014, o en el segundo, que tuvo lugar un par de semanas después. Y tampoco quieren ofrecer ninguna otra información adicional sobre ese hecho. "Ese mensaje activó el sistema de espionaje", se limitan a explicar.
Las hipótesis iniciales, cuando el martes saltó el escándalo, eran tres: que se habían instalado micrófonos en el despacho de Jorge Fernández, que se había hackeado el móvil del ministro o que los espías se habían hecho con el control del terminal de De Alfonso. "La posibilidad de que alguien de la Policía instale micrófonos en el despacho del ministro del Interior es absurda. ¿A quién se le va a ocurrir tal cosa? No sólo por los periódicos controles de seguridad, es que el riesgo se minimiza por completo usando un sistema de control remoto del móvil. Si hubiesen grabado en el despacho, ¿no habría cosas más interesantes que filtrar? ¿Salen justo las dos reuniones con el responsable de Antifraude de Cataluña? Puestos a espiar al ministro, es más sencillo hackear su teléfono y no microfonar su despacho. Esa hipótesis es descartable", razonan las fuentes consultadas por este periódico.
Un sofisticado sistema para controlar el móvil
¿Cómo se hackea un móvil a ese nivel? En contra de lo que insinuó el propio Daniel de Alfonso, que indicó que la Policía había "monitorizado" su teléfono, no es necesario tener acceso físico al aparato. Hay sistemas sofisticados que funcionan de otra forma: "Te envían un wasap, un mensaje de texto o un correo. Y lo hacen además desde una dirección que es conocida por el receptor, para que no sospeche. A partir de ese momento, cuando el espía llama o manda un mensaje al teléfono hackeado, lo convierte en un micro de ambiente. El sistema es tan bueno que funciona incluso aunque el móvil esté apagado. La única forma de combatirlo es quitar la batería", explica a infoLibre un experto en espionaje. No es un producto barato: el software más sencillo cuesta unos 30.000 euros, pero los mejores tienen un precio bastante más elevado.
Comprobar el tráfico de llamadas y mensajes del móvil del ministro, durante el tiempo de las dos reuniones con De Alfonso, es relativamente sencillo para los investigadores de la Policía. "Si ese terminal está limpio, y además sabes que el otro interlocutor sí recibió un mensaje, el círculo se estrecha", continúan explicando las fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico.
¿Estrechar el círculo supone localizar al responsable? Hay dos posibilidades: que para activar el sistema de espionaje se hubiese utilizado una tarjeta prepago comprada en el extranjero, o que se hubiese realizado desde un móvil español cuyo titular puedan identificar los investigadores. Si alguien se toma la molestia de espiar una reunión con el ministro del Interior, parece lógico pensar que habrá tomado la precaución de adquirir una tarjeta prepago extranjera. "No hay que darlo por supuesto. A veces se cometen errores inesperados. Es fundamental situarse en el contexto de aquel momento. ¿Para qué se hace la grabación? ¿Para filtrarla a la prensa? Probablemente no. El objetivo es tener información, quizá tener pillado al ministro. Otra cuestión es que ahora, con enfrentamientos internos en la Policía y en plena campaña electoral, sea el momento propicio para hacer detonar una bomba que en 2014 el autor de la grabación probablemente pensó que no tendría que hacer estallar nunca en público", analizan las fuentes consultadas.
Si se utilizó una tarjeta prepago extranjera, será practicamente imposible saber quién era el titular del teléfono desde el que se activó el sistema de espionaje. Lo que sí se podría llegar a conocer es el lugar donde se encontraba la persona que envió ese mensaje de activación.
El estudio detallado del tráfico y el posicionamiento de decenas de móviles se ha utilizado recientemente en una pieza separada del caso del pequeño Nicolás, en la que se investiga la grabación y difusión de un encuentro celebrado en el despacho del entonces comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y en la que participaron otros miembros de la Policía y del CNI. La existencia de dicha reunión fue desvelada en la web Información Sensible, próxima al comisario José Manuel Villarejo, y la grabación la publicó infoLibre, en diciembre de 2014. El juez encargó un informe a una comisión judicial encabezada por el propio Martín Blas –pese a ser uno de los protagonistas del caso–, que concluyó que la grabación se había realizado mediante la instalación en el móvil del responsable de Asuntos Internos de una aplicación dañina que permite hacerse con el control del aparato. Y asegura que quien activó el sistema fue un periodista que entonces trabajaba para Información Sensible. Pese a la oposición del fiscal, el juez ha decidido llamar como investigado a Villarejo.
"La grabación a Martín-Blas se produjo en octubre de 2014 y las grabaciones al ministro del Interior se realizaron en octubre de 2014. Y todo apunta a que el sistema utilizado fue el mismo. ¿Eso permite llegar a alguna conclusión? En absoluto. Ese sistema de captación de móviles era perfectamente conocido entonces en la cúpula de la Policía y entre expertos del sector de la seguridad. Pero es una coincidencia llamativa", señalan las fuentes consultadas.
Tres características del espía
La lista de sospechosos sólo la pueden integrar personas que cumplan tres características: que estuviesen interesadas en grabar las conversaciones del ministro del Interior en 2014, que estén interesadas en difundirlas ahora y que tuvieran los medios (el sistema de espionaje) y los conocimientos (el momento en que empezaban las reuniones) para realizar esa actuación. Parece lógico que los investigadores de la Policía empiecen a buscar en casa. Pero las fuentes próximas a la investigación consultadas por infoLibre no quieren hablar sobre posibles sospechosos. "Sería temerario. La investigación se acaba de iniciar y estamos hablando de un asunto muy serio", concluyen.
Otras fuentes policiales no relacionadas con la investigación enmarcan el tema en la guerra policial interna desatada hace dos años y que se ha recrudecido en los últimos tiempos. Una guerra interna que le costó el puesto a Martín-Blas y que ha puesto a Villarejo en una complicada situación judicial. Ahora ambos están enfrentados a muerte, pero las cosas no siempre fueron así.
El principal órgano de investigación dentro de la Policía es la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Y su jefe es formalmente el número dos, por detrás del director de la Policía, pero en términos operativos es el principal responsable. El PP nombró para ese puesto a Eugenio Pino, que se jubiló precisamente este jueves. Pues bien, en 2014, el DAO tenía cuatro personas de confianza: Marcelino Martín-Blas, José Ángel Fuentes Gago, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Esa era, realmente, la cúpula policial.
Desde entonces, según explican fuentes policiales, se han desatado tres guerras cruzadas entre ellos. Una, la más conocida, es la que enfrenta a Martín-Blas y Villarejo. Este último acusó al responsable de Asuntos Internos de intentar implicarlo con pruebas falsas en el tema del pequeño Nicolás, un joven acusado de estafa, falsificación documental y revelación de secretos. Y Martín-Blas apuntó a Villarejo como el responsable último de la grabación que le realizaron en su despacho, que considera que está manipulada. El saldo provisional de esa guerra es este: Martín-Blas destituido de su cargo y Villarejo pendiente de comparecer la semana que viene como imputado ante el juez que investiga el llamado caso Nicolay.
Una segunda guerra tiene como protagonistas a Martín-Blas y a Pino. El primero no le perdona que lo destituyese como jefe de Asuntos Internos y entiende que el DAO tomó partido por Villarejo en el enfrentamiento que ambos mantienen.
En estos dos frentes también desempeña un papel activo otro comisario, Jaime Barrado, expedientado el año pasado tras su papel en la investigación del apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto. Barrado apuntó en este asunto directamente contra Villarejo. Tras un polémico "reconocimiento fotográfico" en el que la víctima identificó como autor del apuñalamiento a Villarejo, el asunto terminó archivándose judicialmente. El caso se había originado por una denuncia de la dermatóloga contra el empresario Javier López Madrid, alto cargo de OHL, yerno de Juan Miguel Villar Mir y durante años uno de los amigos más cercanos del rey Felipe VI. En las batallas policiales internas, Barrado está alineado junto a Martín-Blas.
La tercera guerra policial
enfrenta a Villarejo con García Castaño. Ambos fueron grandes amigos durante años, pero les separó la corrupción en el PP de Madrid. Los dos participaron en un encuentro con el entonces presidente madrileño Ignacio González, para preguntarle por su ático de lujo en Estepona, asunto por el que está imputado ya que la Justicia investiga si fue un soborno recibido por el político del PP. Esa reunión entre González y los dos policías también fue grabada, y se filtró al diario El Mundo en marzo de 2015, poco antes de las elecciones autonómicas. La onda expansiva de la corrupción en el PP de Madrid llegó a la Policía, donde se considera que García Castaño tenía buena relación con González, mientras que Villarejo simpatizaba más con el ahora encarcelado Francisco Granados. Lo cierto es que la relación entre los dos comisarios ya no es, ni mucho menos, la que era.
¿Y Vicepresidencia qué tiene que ver en la guerra policial?
Ese es, a grandes rasgos, el panorama en la cúpula policial española. "¿Quién ha filtrado la conversación del ministro? Lejos de alguna de las guerras policiales no debería andar. Todos tienen amigos y enemigos en los medios. Y cuando hay una filtración todos miramos a un lado o a otro. Puede ser quien parece, si es más tonto de lo que pensábamos, o quien no parece, si es tan listo como suponemos", comenta de forma enigmática una de las fuentes policiales consultadas, que no está relacionada con la investigación.
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NOTA: En el informe que presentó al juez del caso Nicolay, la comisión encabezada por Marcelino Martín-Blas pidió que fuese citado a declarar como investigado el director de infoLibre y autor de esta información, Manuel Rico, por la publicación en 2014 de la grabación realizada en el despacho del entonces jefe de Asuntos Internos. El fiscal se opuso al entender que no había motivo para ello.
El móvil de Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), fue el utilizado para grabar sus dos reuniones con el ministro del Interior. Esa es la convicción que tiene la Policía, según fuentes próximas a la investigación consultadas por infoLibre. En las conversaciones, desveladas por Público, Jorge Fernández Díaz conspira para buscar casos de corrupción con los que atacar a políticos de Convergència y de ERC.