Corrupción
La Policía detiene al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana
La Policía detuvo este viernes al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías. La Policía detuvo también a ocho personas más junto a Castellano.
Tras ser arrestado a primera hora de la mañana, pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, cuya juez le dejó en libertad provisional, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El PPCV suspendió cautelarmente de militancia a Castellano tras su detención por estos presuntos favores en adjudicaciones. Según fuentes consultadas por Europa Press, se procederá a abrirle un expediente de suspensión cautelar que deberá ser ratificado en la próxima reunión del Comité de Derechos y Garantías de la formación.
Los agentes desplegaron una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que se están practicando diferentes registros tanto en la vivienda de Castellano como en la sede de la conselleria, informaron fuentes conocedoras de la investigación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) es el encargado de dirigir esta operación. La causa ha sido declarada secreta, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa –empresa adjudicataria de dichos contratos– en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano –quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV– a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, indicaron a Europa Press las mismas fuentes.
En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones –se apunta en la denuncia– se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
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No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.
Asimismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.
Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.
