El archivo al caso en manos de un juez de Sevilla sobre el pelotazo fallido de cinco millones para la venta de test covid al Gobierno andaluz ha marcado una línea separadora: la que media entre lo que el magistrado de instrucción 2 de Sevilla no cree relevante y aquello que la Policía fue descubriendo a lo largo de las investigaciones abiertas a comienzos de 2021. Y lo que descubrió la UDEF fue, básicamente, datos que los agentes entendían suficientes para seguir hurgando sobre el alcance de la actuación de un asesor de la Junta y unos intermediarios que instaron al empresario Félix Guerrero a subir el precio del lote de maletines con test: de 19 millones —ese fue el mensaje—, la oferta debía subir cinco y situarse en 24 millones.
Fue la alerta dada por Félix Guerrero al hoy número 3 del PP nacional y entonces consejero de Presidencia de la Junta andaluza, Elías Bendodo, lo que agitó el tablero. A partir de ahí, los atestados de la UDEF incorporados al sumario destaparon grabaciones, extrañas llamadas, emails y una investigación interna dentro de la Consejería de Salud que tardó más de dos meses en iniciarse tras la alarma transmitida por Félix Guerrero. En menos de una semana, la Junta concluyó que debía cesar al asesor de Salud al que el intermediario Manuel García Gallardo y su equipo describían ante Guerrero como el "contacto" al que debía dirigir su oferta inflada. Y tras la presión de Guerrero para aportar pruebas —audios y correos— previa garantía de que los documentos estarían a salvo, la Junta presentó denuncia ante la Fiscalía.
Lo que fue encontrando la Policía figura en el sumario. Y deja una pregunta sustancial aún sin respuesta: cómo supieron los intermediarios que Félix Guerrero estaba ofreciendo maletines de test covid. La venta no llegó a efectuarse. Pero el juez no considera que nada de lo sucedido permita hablar de indicios delictivos. Archiva el caso porque hubo "artificio o engaño", pero no infracción penal. Y sostener lo contrario solo se basa -sostiene el juez- en “hipótesis y conjeturas”.
De dónde salieron los intermediarios
En su auto, el juez relata que quien dio la alerta a Elías Bendodo, el empresario Félix Guerrero, mantuvo una videoconferencia el 20 de septiembre de 2020 con Manuel García Gallardo y dos personas de su equipo, ambas también imputadas en la causa que acaba de sobreseer el segundo juez instructor. Sobre aquella reunión, el magistrado relata que la “finalidad” del encuentro era fijar un precio de venta para los maletines de test covid muy superior al que Guerrero había ofertado a través de una empresa, Harmonium Healthcare SL. Los intermediarios, y aquí comienza la reproducción literal de un párrafo del auto, “se postularon de forma anómala en el supuesto proceso de contratación desconociéndose cómo aparecieron en el proceso de oferta, pues lo usual hubiera sido el contacto directo entre el ofertante y el responsable de la contratación correspondiente de la Junta de Andalucía”.
Por explicarlo en lenguaje común, lo que el juez entiende es que urdieron una trampa para ganar dinero los intermediarios que capitaneaba Manuel García Gallardo. Pero que nadie sabe cómo se enteraron tales intermediarios de que el asturiano Félix Guerrero ya había comunicado a finales de agosto a su vecino de veraneo Elías Bendodo que disponía de maletines con test de covid y que quería saber cuál era el cauce oficial para ofertarlos. Pero a tenor del auto de archivo, aquel monumental enredo de los intermediarios no entraña la comisión de ningún delito, ya sea el de cohecho que originó la apertura del caso o cualquier otro.
En su auto, el juez introduce otra afirmación que ha sorprendido a distintos juristas consultados por infoLibre por la contradicción que encierra. El magistrado señala que no se sabe de dónde y cómo aparecieron los intermediarios que urdieron un plan para subir “ficticiamente el precio de venta” de los maletines con test y hacerse con una “comisión ilícita” “simulando la existencia de un contacto” en la Junta de Andalucía. Pero a renglón seguido el juez sostiene que todo ello iba destinado tan solo a “influir en el precio ofertado para asegurarse una ganancia”. Y que todo lo anterior no significa más que “un artificio o engaño” pero en ningún caso un delito. “Las anteriores circunstancias —escribe el magistrado— no pueden ser elevadas a la categoría de indicio racional de criminalidad, no pasando de ser meras hipótesis o conjeturas”.
El asesor “estaba mintiendo”
El hoy consejero andaluz de Presidencia y entonces número 2 de Elías Bendodo, el durante años presidente del PP de Cádiz Antonio Sanz, testificó ante la Policía el 13 de septiembre de 2021. Los agentes incluyeron esta entre sus preguntas: “Cómo surgen los intermediarios, Manuel García Gallardo y asociados, en la relación contractual entre la Consejería de Salud y Félix Guerrero”. El acta de la declaración detalla la respuesta de quien ahora es la mano derecha del presidente Juan Manuel Moreno: “Manifiesta que no tiene ni idea, pero que le sorprende escuchar el nombre de Manuel García Gallardo al ser una persona que ya está condenada y que no debía existir con este sujeto ningún tipo de relación con la Consejería de Sanidad”. García Gallardo fue condenado en 2019 a 10 años por estafa en el llamado caso Quality Food. Pero el Supremo ha ordenado repetir el juicio: García Gallardo se sentará de nuevo en el banquillo en 2023.
Tras su declaración policial, Sanz expuso más tarde ante el juez por qué fue destituido el asesor Guillermo González. Al hablar con él sobre el asunto y su relación con García Gallardo, el hoy consejero concluyó que González estaba “mintiendo”. El auto de archivo del caso solo menciona que el consejero habla de que al asesor “se le cambió la cara”. Y que eso fue una “valoración subjetiva”.
El auto no menciona las extrañas afirmaciones que destapadas por la conversaciones grabadas por Guerrero y entregadas luego a la justicia, transcribió la UDEF e insertó en sus atestados. Por ejemplo, una de las subordinadas de Manuel García Gallardo afirmó que la directiva del Servicio Andaucía de Salud (SAS) que debía certificar la calidad de los test “no es de fiar para los miembros de la Junta que están detrás de la operación”. “No quieren que se entere del incremento en la oferta económica, ella va a aprobar técnicamente y Guillermo [González] validará la parte económica”.
En la transcripción de otro de los audios, la Policía incorpora que el propio García Gallardo comentó a Félix Guerrero lo siguiente sobre el asesor Guillermo González: "No está solo en este invento".
Las llamadas telefónicas, un triángulo de las Bermudas
En su auto, el juez remarca que la Policía sustenta también la presunta participación de Guillermo González en lo siguiente: “Varias llamadas telefónicas —cuyo contenido se desconoce—, acaecidas durante la citada fase de fijación del precio, y acaecidas entre el investigado D. Guillermo González y la entidad Kefas Gestión SL, cuya administradora es una hermana de los investigados Doña Ana María García y ajena a este procedimiento”. Esas llamadas, “cuyo contenido se desconoce” —remarca el auto— conforman una especie de triángulo de las Bermudas. El porqué se explica a partir de aquí.
Para empezar, lo primero que los informes policiales habían dejado al descubierto es que el verdadero administrador de Kefas Gestión SL desde 2016 es un sobrino de Manuel García Gallardo que se llama José Antonio. En su declaración policial, y así consta en el sumario, José Antonio declaró ser amigo de Guillermo González desde su etapa universitaria. “Alguna vez” —añadió— Guillermo “le ha ayudado en su actividad profesional”.
A la pregunta de si había intermediado entre Guillermo González y sus tíos Manuel y Ana María, ambos investigados en la causa desde el primer momento y ahora exonerados, el sobrino y administrador de Kefas dio la siguiente respuesta: “Una influencer llamada Rocío O. había hecho una recaudación para adquirir material sanitario [durante la pandemia] y su tío suministró el material. Para ello pasó el contacto de la influencer a su tío. Guillermo le había comentado el asunto de la campaña de donación”.
Una empresa factura y luego firma la "cesión de cobro" a otra
Rocío O., que también declaró como testigo, le contó a la Policía un episodio que, de forma indirecta, traza un triángulo entre el sobrino José Antonio, su tío Manuel García Gallardo y Guillermo González. Aquel episodio se resume así: que junto con una amiga había lanzado una campaña para recaudar fondos con destino a la compra de equipos de protección (Epis) que se donarían. Fue entonces cuando Guillermo González, a quien conocía porque ella misma tiene un taller de costura que fabrica mascarillas, la llamó. Lo hizo “para ofrecerle un contacto o una empresa que podía proveer material sanitario”.
Ese contacto era José Antonio, el administrador de Kefas, empresa dedicada a la enseñanza de idiomas. Pero, agregó la testigo, “había otra persona llamada Manuel García que se identificó como de la empresa importadora”. “Guillermo —narró Rocío O.— le facilitó el contacto con José Antonio, José Antonio le facilitó el contacto con Manuel, y la declarante cree que tenían contacto entre ellos. De hecho, a Manuel lo tiene grabado [en su agenda telefónica] como Manuel Consejería de Salud”. Así se lee en el acta de su declaración policial.
El pago por el material que José Antonio y su tío le habían ofertado a Rocío O. lo abonó esta “a la empresa Far Andalus”. A través de Far Andalus, y como publicó infoLibre, García Gallardo ya había obtenido antes un contrato de emergencia en Andalucía: justamente para la venta de test covid por 230.000 euros. ¿Acudieron en UTE alguna empresa de García Gallardo y Far Andalus? No. Fue la segunda la que en solitario facturó 229.334,90 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por aquellas pruebas diagnósticas.
Pero el 20 de junio de 2020 Far Andalus cursó un escrito al SAS donde le comunicaba que tenía un “acuerdo de cesión de cobros” con Makanam. O sea, con una de las mercantiles de García Gallardo: justamente la que aparece en el email donde el empresario pidió a Félix Guerrero que debía subir el precio en cinco millones. Uno de los propietarios de Far Andalus era al menos en mayo de 2022 el número 3 del PP de Granada, Antonio Díaz.
La Policía cree que quien desde el número de Kefas mantuvo contacto telefónico en cuatro ocasiones con el asesor de la Consejería de Salud Guillermo González no fue el sobrino José Antonio sino su tío, Manuel García Gallardo. El empresario y su sobrino viven muy cerca el uno del otro, como recalca la Policía en un informe. Ambos en San Fernando, Cádiz. Una de esas cuatro conversaciones matenidas entre el teléfono de Kefas y el de Guillermo González se produjo el 22 de septiembre de 2020. Exactamente el día en que Manuel García envió a Félix Guerrero el correo de los cinco millones. Lo hizo desde su dirección electrónica en la empresa Makanam.
Dos meses de "inacción"
Un día después de que Manuel García Gallardo enviase a Félix Guerrero el email donde indicaba que la oferta de maletines de test covid no se haría por 19 millones sino por 24 y que había que mandársela a Guillermo González, Guerrero contactó alarmado con el entonces consejero andaluz de Presidencia y hoy número 3 del PP nacional, Elías Bendodo. Fue en aquella conversación telefónica, fechada el 22 de septiembre de 2020 y que el propio Guerrero grabó como todas las que luego aportó al juzgado, cuando el ofertante de los maletines alertó al consejero, vecino en una urbanización de veraneo, de que unos intermediarios le habían pedido que inflase el precio en cinco millones y le habían hecho partícipe de que tenían un trato privilegiado con la Junta de Andalucía a través de un contacto: el asesor Guillermo González, cuya dirección electrónica figura entre los destinatarios del email de García Gallardo, tal como ha podido comprobar este medio.
González declaró que no conoce al remitente de aquel correo. Y vino a decir que no tenía por qué haberlo visto. En su declaración ante la Policía, Antonio Sanz afirmó que en la reunión que mantuvo con el asesor fue Guilermo González quien le comentó "que era él quien contactaba con las empresas que contrataban con el SAS". En su auto, el juez remarcó que el asesor no pudo delinquir al carecer de "facultad" para contratar. Y al no existir "indicios racionales" de que "tuviera algún contacto con algún responsable del área de contratación de la Junta de Andalucía"
Cuando Guerrero llamó a Bendodo, el hoy coordinador general del PP nacional iba en coche con Antonio Sanz: Guerrero informó en aquella charla de que le habían pedido "una mordida". Así lo narró Sanz en su testifical. Y al día siguiente, Sanz, quien asegura que tenía poca relación con el asesor Guillermo González, contactó con él por teléfono hasta seis veces. Le envió tres whatsapps y un sms. Y le llamó en dos ocasiones. La primera, a las 20.27 horas. La segunda, a las 20.31.
En uno de sus informes, la Policía calificó de “incomprensible” e “incongruente” que Sanz, en cuyas manos quedó llevar a cabo una investigación interna, contactase con el asesor sobre el que acababan de caer a plomo las sospechas antes que con el empresario que había dado la voz de alerta.
Bajo el mando de Antonio Sanz, el Gobierno andaluz abrió una investigación interna. Pero no la inició hasta la primera semana de diciembre. Según la Policía, entre la llamada de alerta de Félix Guerrero y el arranque de la investigación interna —4 de diciembre de 2020— transcurrieron así “más de dos meses de práctica inacción”.
El PP renovó en su cargo en el partido al asesor que el Gobierno andaluz había denunciado por el pelotazo fallido
Cuando finalmente la Policía accedió el 10 de diciembre al buzón de correos electrónicos de Guillermo González, encontró un enorme agujero: en la bandeja de entrada había un correo del 5 de junio de 2019. Y nada más hasta finales de 2020. El atestado lo expone así: “No se localizan correos electrónicos del periodo mayo/junio de 2019 a noviembre de 2020. Esto indica la ausencia total de actividad en dicho periodo o bien el borrado sistemático de dichos correos de las bandejas y la papelera”. El grupo de delitos tecnológicos logró recuperar 615 correos. Los aportados por Félix Guerrero con Guillermo González como uno de los destinatarios nunca se encontraron.
En uno de sus atestados, la Policía subraya que Guillermo “ya estaba avisado de la denuncia o alarma dada por Félix Guerrero con anterioridad a la incautación de este material”. Es decir, lo que hubiera en su buzón de correo electrónico. “Por este motivo —finaliza el párrafo— se le atribuye a él el borrado de sus comunicaciones, aun cuando debieran constar”.
El archivo al caso en manos de un juez de Sevilla sobre el pelotazo fallido de cinco millones para la venta de test covid al Gobierno andaluz ha marcado una línea separadora: la que media entre lo que el magistrado de instrucción 2 de Sevilla no cree relevante y aquello que la Policía fue descubriendo a lo largo de las investigaciones abiertas a comienzos de 2021. Y lo que descubrió la UDEF fue, básicamente, datos que los agentes entendían suficientes para seguir hurgando sobre el alcance de la actuación de un asesor de la Junta y unos intermediarios que instaron al empresario Félix Guerrero a subir el precio del lote de maletines con test: de 19 millones —ese fue el mensaje—, la oferta debía subir cinco y situarse en 24 millones.