El PP se ampara en la Constitución para no cumplir su pacto con Ciudadanos

Ciudadanos y el Partido Popular se reúnen con mucha frecuencia, señalan desde las filas conservadoras. Es lo "normal", añaden. Porque Albert Rivera es "socio preferente" de los conservadores después de que sus votos permitiesen investir presidente a Mariano Rajoy. Pero este martes, el encuentro que mantendrán delegaciones de ambas formaciones en el Congreso de los Diputados tiene especial relevancia, sobre todo para la formación naranja. En las negociaciones del pasado agosto a fin de cerrar el pacto de investidura, el PP aceptó las seis condiciones que Ciudadanos les puso para empezar a hablar. Unas condiciones que ahora, transcurridos tres meses de la investidura, deberían haber avanzado y toca revisar.

No es ningún secreto que las relaciones entre ambos socios sufren frecuentes altibajos. Unos días, el PP hace como que da la espalda a Rivera y les recuerda que sí, que gracias a ellos gobiernan. Pero que sin el PSOE o sin el concurso de otras fuerzas la cosa no avanza. Otros días les regalan los oídos repitiendo lo fundamentales que son para la estabilidad de España. "Una de cal y otra de arena", resumen desde la dirección nacional del PP.

Este lunes, el PP intentó desinflar las expectativas de Ciudadanos respecto a la reunión. No pasó inadvertido que quien lo hiciera fuese el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, en su primera rueda de prensa desde que Mariano Rajoy le encargó esta función. Y que lo hiciera después de asistir a una reunión del Comité de Dirección del PP presidida por el propio jefe del Ejecutivo. El mensaje a trasladar a Ciudadanos fue claro: el PP cumple sus pactos, pero hay dos puntos de ese pacto –limitación de mandatos y eliminación de aforamientos– que requieren reformas constitucionales. En definitiva: que les faltan apoyos para sacar estos temas adelante, con el agravante de que el PP tiene dudas sobre la legalidad de la limitación de mandatos. 

Martínez-Maillo no llegó a ponerlo sobre la mesa de forma directa. Pero con su advertencia lo que estaba haciendo era poner en el tejado de Ciudadanos la responsabilidad de promover un debate sobre la reforma de la Carta Magna. Por dos cuestiones. Una directa: el debate sobre la independencia de Cataluña. Y otra indirecta: la posibilidad de que, abierto el melón de la reforma constitucional, 35 diputados tienen la potestad de forzar un referéndum.

"Hay avances"... pero

Los conservadores insisten en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto es necesario el máximo consenso. Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, no les sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción de la Constitución, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

En su punto 3, el citado artículo de la Carta Magna refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como el régimen del 78 o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa.

"Hay avances. Queremos cumplir lo firmado. Pero reflexionemos sobre la necesidad de pisar temas complicados que no vayamos a ser capaces de cerrar", advierten desde el Grupo Parlamentario Popular.

Martínez-Maillo señaló que en Ciudadanos "lo saben" [que hacen falta reformas de la Constitución o legislativas de calado]. "Nosotros, también", dijo. "No es que sea un obstáculo, es un paso más del acuerdo". "Tenemos 137 [escaños] más Ciudadanos. Si sabemos sumar, no da", completó.

En un momento de esta rueda de prensa, el coordinador del PP llegó a admitir que su partido accedió a las condiciones previas de Rivera porque eran "lentejas" (una alusión al dicho popular "son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas"). Y recordó que "de la lectura del texto" del pacto queda claro que en muchas ocasiones "se habla de un pacto de Estado". Es decir, que no basta con el concurso de ambos partidos.

Ciudadanos, por su parte, también lanzó sus advertencias. "Ya no hay mayorías absolutas y el PP no puede pasar el rodillo", señaló la portavoz de su Comité Ejecutivo, Inés Arrimadas, informa Europa Press.

La dirigente del partido naranja señaló que el pacto firmado entre ambas formaciones no exigía la aprobación de los seis puntos en tres meses. Es "imposible", admitió. Sí exigía, señaló, iniciar su tramitación parlamentaria para poder sacarlas adelante.

Los seis puntos

A continuación, infoLibre repasa el estado de los seis puntos que este martes estarán sobre la mesa.  A día de hoy, el PP admite que sólo se cumple uno, el de la supresión de indultos, y que se han dado pasos para el tema de la reforma electoral.

1. Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política –lo que ahora se llama 'investigados'– hasta la resolución completa del procedimiento judicial. La imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el marco del caso Auditorio ha servido para poner en evidencia la distancia entre PP y Ciudadanos en esta materia. El PP señala que el momento en el que debe apartarse un cargo público es el de la apertura de juicio oral. Ciudadanos, por su parte, señala que el pacto de la Región de Murcia fija que esto debe ocurrir cuando sea imputado.

El PP pondrá sobre la mesa en la reunión la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes presentada por Ciudadanos la semana pasada en el Congreso y que contó con el apoyo de la Cámara en su primer paso. Según el texto, todos los cargos electos en ejercicio "perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos". La redacción supone una variación de la postura tradicional de la formación naranja. Y llega en un momento en el que Ciudadanos está reclamando la renuncia del presidente de Murcia.

Mientras el PP cree que es necesario debatir si este precepto debe pasar a incorporarse a todos los pactos firmados con Ciudadanos, en el partido de Albert Rivera señalan que esta ley no ha recibido todavía luz verde. Y que, cuando así ocurra, los pactos regionales prevalecerán en los territorios en cuestión.

2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Los conservadores advierten de la necesidad de una reforma de la Carta Magna y de los "riesgos" que esto entraña. Señalan, además, que nunca engañaron a Ciudadanos porque ya se lo advirtieron antes de firmar el pacto. 

3. Nueva ley electoral para incrementar la proporcionalidad. Ciudadanos ha informado de que el 8 de marzo se creará una subcomisión parlamentaria que estudiará la reforma legal que reclaman.

4. Eliminar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de corrupción política. El PP asegura que esto ya se cumple.

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5. Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos. Los conservadores advierten de que también es preciso aquí tocar la Constitución. Consideran que se trata de un asunto más de regímenes presidencialistas que parlamentarios y dudan incluso de su encaje legal. Como en el caso de los aforamientos, recuerdan que sus escaños (134) y los 32 del partido naranja no suman.

6. Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre "la presunta financiación ilegal del PP" del caso Bárcenas. caso Bárcenas. Desde el PP señalan que no se niegan a cumplir este punto del acuerdo. Pero destacan que la idea es que no haya comisiones de investigación que se solapen. En este sentido, recuerdan que primero se pondrá en marcha la que afecta a la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Después será el turno de la de las Cajas. Y a continuación tocaría la de la financiación del PP. 

En todo caso, los conservadores pretenden que esta comisión acabe sirviendo para poner el foco en la financiación de todos los partidos.