Feijóo, año uno tras el 23J: de embestida en embestida, contra Sánchez y las instituciones

Un año después de las elecciones generales, el Partido Popular ha asumido su rol como principal partido de la oposición pese a las resistencias iniciales. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, daba por descontada la victoria al calor de las encuestas del 23J. Ganó, pero no pudo conseguir una mayoría suficiente para gobernar y desde entonces ha alimentado la tesis del adelanto electoral —que abandonó recientemente y ha vuelto a recuperar— y liderado una oposición sin tregua a Pedro Sánchez, buscando desgastarlo por el caso de su mujer, Begoña Goméz o la trama ‘Koldo’ utilizando para ello su mayoría absoluta en el Senado.

La dirección de Feijóo está convencida de que ambas investigaciones han conseguido desestabilizar una legislatura ya de por sí compleja para Sánchez, al tener que depender para todo de Junts. Consideran que en el imaginario colectivo ha calado la idea de que el entorno del presidente del Gobierno se ha aprovechado de su situación para conseguir beneficios personales, al margen de lo que resuelva finalmente la justicia. A esto se le suma que el PP está utilizando todo su poder territorial para tratar de torpedear las políticas del Gobierno, lo que les sitúa como la alternativa a Sánchez, y que la formación ha conseguido aguantar bien el tipo en los diferentes comicios celebrados en el último año: ganó en Galicia, resistió en Euskadi, multiplicó por cinco sus escaños en Cataluña y se fue primero en las europeas.

El Partido Popular también ha desplegado en este último año una estrategia consistente en desacreditar las instituciones. El foco ha puesto órganos como el Tribunal Constitucional, en el que desde hace un año y medio hay una mayoría progresista, o la Fiscalía General del Estado, que según Feijóo y su equipo solo obedece a los intereses personales de Sánchez. Aunque han intentado frenar por todos los medios la aprobación de la ley de amnistía, que ha sido su principal baza para protestar en las calles, todavía no han recurrido la norma ante el Constitucional.

Al ataque contra el entorno del presidente del Gobierno

El PP vio inmediatamente una oportunidad en las informaciones que tratan de sostener desde hace meses que el Gobierno ha tomado decisiones para favorecer a empresarios supuestamente afines a la esposa del presidente. Saltándose sus propias líneas rojas, porque cuando les afecta a ellos, en el PP consideran la familia un asunto privado, como está pasando en relación con los delitos confesados por el novio de la presidenta de Madrid y las mentiras que ella misma ha pronunciado para encubrirle. A esta estrategia han añadido un nuevo objetivo, el hermano del presidente del Gobierno, al que no descartan citar en la comisión del Senado.

En la rueda de prensa posterior al balance realizado por el presidente del Gobierno la número dos del PP, Cuca Gamarra, aseguró que la "agonía de Sánchez es irreversible" y que va de la mano "de la corrupción que le acorrala y la degradación a la que tiene sometida a España”: “Este curso político comenzó en Suiza con Puigdemont y va a terminar con Sánchez declarando ante un juez en el Palacio de la Moncloa”, afirmó el pasado lunes. Los conservadores van a explotar al máximo posible la investigación instigada por el juez Juan Carlos Peinado —contra el que Sánchez y Gómez se han querellado— independientemente de si el caso se archiva o no. 

Lo cierto es que a este objetivo se han apuntado todos, desde Feijóo a la vicesecretaria de Sanidad del partido, Esther Muñoz, cuyas hipérboles se han hecho populares y que ha asumido el protagonismo de la dirección a la hora de poner en duda el comportamiento de Sánchez en relación con su mujer e incluso con los negocios de su suegro. "Todos sabemos qué clase de saunas son", dijo el pasado mes de abril. Muñoz es, junto con Tellado, uno de los perfiles más duros del PP de la dirección de Feijóo. Ambos se sirven de medios afines, algunos de ellos cuya condición periodística no resiste los criterios de las asociaciones profesionales, para difundir mentiras que presentan de forma parcial para insinuar la presunta comisión de delitos.

El Senado como ariete pero sin éxitos reseñables

Durante este último año el PP ha utilizado la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta, como arma arrojadiza contra el Gobierno. Y eso que su líder, Alberto Núñez Feijóo, lleva desde que llegó al cargo defendiendo la necesidad de recuperar la independencia de las instituciones, tomadas, según él, por el PSOE y sus intereses políticos. Una independencia que no rige para el presidente del Senado, Pedro Rollán, que desde su elección en agosto del pasado año ha utilizado su cargo como plataforma política contra Sánchez y sus aliados.

Sin embargo, la estrategia del PP no ha funcionado demasiado bien porque la Cámara Alta, convertida en órgano de segunda lectura de las leyes que le llegan del Congreso —los partidos nunca han cumplido el compromiso constitucional de convertirla en un órgano de representación territorial— apenas puede tomar decisiones propias. Como norma general, el Congreso tiene la última palabra cuando el Senado discrepa, así que la Cámara Alta, como mucho, sólo puede entorpecer el trabajo de los diputados, como pasó con la amnistía. El PP trató de paralizar la ley con todos sus recursos pero no pudo lograrlo y, finalmente, fue aprobada en el Congreso. En la Cámara también acogieron la visita de la Comisión de Venecia, cuyo dictamen de la amnistía tampoco fue el que el PP esperaba.

El Senado también puede aprobar comisiones de investigación contra Sánchez, un arma de desgaste político que el PP ha utilizado pero también sin éxitos. Génova aprovechó sembrar dudas sobre el conjunto del Gobierno a partir de la investigación judicial que, al menos de momento, solamente afecta a un exasesor del Ministerio de Transportes. Sin embargo, tanto el exasesor como el exministro José Luis Ábalos lograron salir indemnes de las preguntas de los senadores del PP. Eso llevó al partido de Feijóo a posponer la citación a Sánchez para la comisión, ante el temor de que no solo saliera indemne sino también reforzado y finalmente decidió suspender toda la actividad hasta después del verano.

‘No’ a (casi) todo en el Congreso

La estrategia del PP en el Congreso —donde los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, no cuentan con mayoría y necesitan al bloque de la investidura para aprobar cualquier norma— se ha basado en no dar ningún tipo de tregua a Sánchez, priorizando la derrota parlamentaria de Sánchez frente a los intereses, incluso, de algunas de sus autonomías como sucedió recientemente con la reforma de la ley de extranjería o semanas antes con la ley del suelo.

Aunque Feijóo presume de manera frecuente de que el PP es un partido "de Estado" —de hecho, sostiene que es el único que hay en nuestro país— ha desdeñado cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez y solo se ha abierto a pactar la reforma del CGPJ tras las europeas —sin convocatorias electorales a la vista— tras bloquear su renovación desde que accedió al cargo. Un movimiento que desde el entorno del líder del PP creen que le ha afianzado a nivel interno pese a las dudas que existían y todavía están presentes sobre cualquier pacto con Sánchez.

Cuando llegó a la presidencia del PP hace ya dos años, Feijóo prometió desterrar el frentismo y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado, pero lo cierto es que ese giro nunca llegó a producirse y ahora Génova lo que prioriza es el choque con el Gobierno de Sánchez. Cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de llegar a acuerdos, el líder del PP se echa para atrás. En esta legislatura el conservador solo ha suscrito un pacto con el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término de "disminuidos".

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El objetivo de Feijóo es ser la formación de referencia 'anti Sánchez' y evitar que formaciones a su derecha, como Vox o Alvise, crezcan para capitalizar ese "descontento". Así, ya están haciendo suyas algunas de las señas de identidad de los ultras empezando por la bandera antiinmigración al hablar de "efecto llamada" y de que las fronteras españolas son "un coladero". También se están apropiando de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, un sector que la ultraderecha cultiva desde hace años agitando el miedo a las medidas que tratan de proteger el medio ambiente, a las normas de la Unión Europea y a la Agenda 2030.

La decisión de Vox de romper todos los gobiernos autonómicos con el Partido Popular hace escasas semanas fue recibida con escepticismo en la sede de Génova 13. Aunque la dirección de Feijóo lo celebró públicamente y es cierto que el PP está más cómodo gobernando en solitario, también es consciente de que todos los Ejecutivos que hasta junio compartían con Vox tienen más complicada la estabilidad para el resto de la legislatura, como subrayó el propio líder del PP solo unas horas después de que Santiago Abascal anunciara la ruptura. Feijóo pidió a los cargos ultraderechistas que "no entorpecieran la gobernabilidad" e incluso se mostró agradecido por "los servicios prestados".

En la dirección del PP quieren seducir a los votantes de Abascal, pero son conscientes de lo difícil que resulta atraerlos, ya que en su mayor parte siguen desconfiando de la voluntad del PP de llevar a cabo el programa de máximos de la derecha. Para ello están enarbolando un discurso duro en materia migratoria, con el propio Feijóo vinculando inmigración con inseguridad o con Tellado pidiendo la intervención del Ejército español para impedir la llegada de cayucos. Se trata del mismo mantra que también promueve el agitador ultra Alvise Pérez, elegido eurodiputado en las elecciones de junio, al que el PP también mira con atención ante el peligro de que la derecha vuelva a estar dividida en tres en unas eventuales generales.