El presidente del Gobierno tiene complicado el esquivar rendir cuentas en el Parlamento ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, una demanda en la que PSOE y Ciudadanos han insistido en los últimos días a raíz del estallido de la operación Lezo. Una investigación que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y que ha provocado la dimisión de todos sus cargos de Esperanza Aguirre.
La debilidad parlamentaria del PP, que gobierna en minoría, condujo a que los propios conservadores no se opusieran a finales del pasado marzo a la creación de esta comisión de investigación que ahora los socialistas quieren agilizar. Y esta misma debilidad conducirá a que, salvo cambios de última hora, Mariano Rajoy sea llamado a declarar. Si así lo requiere el Congreso, señalan desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular, el jefe del Ejecutivo acudirá.
En público, no obstante, los mensajes son más prudentes. "Ya veremos. Cada día tiene su afán", respondió este miércoles el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
La idea del PSOE, y así se lo ha demandado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP), es que esta comisión, ya aprobada en pleno, esté constituida en el plazo de diez días.
Paralelamente, este mismo miércoles, Unidos Podemos y Compromís registraron una petición en la Cámara baja para celebrar en un plazo máximo de 48 horas un pleno monográfico sobre la Operación Lezo en el que el Rajoy dé explicaciones sobre las diferentes informaciones y actuaciones judiciales que se han sucedido a lo largo de los últimos días.
Los conservadores confían en que esta iniciativa no salga adelante "por falta de apoyo". "No hay tiempo material", señalan las fuentes consultadas al tiempo que destacan que el próximo 10 de mayo comparecerán en sede parlamentaria tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza.
El "postureo de Podemos"
"Lo de Podemos en este caso es postureo. Se van a dar todas las explicaciones que estén en nuestra mano. Pero no estamos por el espectáculo", señala un parlamentario.
Cuando el PP y el Gobierno hablan de falta de apoyos para que Rajoy comparezca en pleno se refieren a que consideran que ni Ciudadanos ni PSOE están a favor de este formato. De hecho, recuerdan que este episodio ha generado un conflicto interno en el principal partido de la oposición, entre la gestora, partidaria de que el presidente pase por la comisión de investigación, y Pedro Sánchez, que aboga por que el primero de los pasos sea el pleno al tratarse de algo más inmediato.
Esperar a que "baje el suflé"
Los conservadores creen que el pleno es siempre un formato "más mediático", de ahí que la formación de Pablo Iglesias abogue por ello. También creen que se presta más "a la dispersión" que una comisión específica como la que parece esperar a Rajoy. Algunas fuentes no ocultan que la no inmediatez de la comparecencia en comisión –confían en que Rajoy no tuviese que ser el primero en pasar por este órgano–, es decir, el paso del tiempo, pueda contribuir a que "baje el suflé".
Fuentes parlamentarias recuerdan, y es uno de los argumentos a los que recurrió el PSOE para defenderse ante las demandas de Pedro Sánchez, que en las comisiones de investigación no se puede mentir.
Así figura en el artículo 502 del Códido Penal: "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Un texto que también deja claro que no se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y va más allá: "si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Pese a que el Gobierno y el partido que lo sustenta intentan vestir de normalidad tanto la comisión de investigación como la declaración de Rajoy como testigo en el caso Gürtel, la situación en las filas conservadoras de gran preocupación.
"La corrupción nos hace una vez más distraernos de lo importante. Se empaña toda la labor que está haciendo el Gobierno", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Rajoy presume de que "ahora" se actúa contra la corrupción
Tras varios días de silencio, el presidente del Gobierno habló por fin este miércoles desde Montevideo de la operación Lezo operación Lezoy de la actuación de sus ministros de Justicia e Interior. Mariano Rajoy, sostuvo que es "ahora" cuando se está actuando contra la corrupción y recalcó que "nadie podrá decir que bajo los gobiernos del PP la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia".
Estas fueron sus palabras al ser preguntado en rueda de prensa sobre qué va a hacer para recuperar la credibilidad contra la corrupción tras informaciones como la reunión del número dos de Interior, José Antonio Nieto, con el hermano de Ignacio González, también en prisión, o el mensaje del ministro Rafael Catalá al expresidente madrileño deseando que se cierren pronto "los líos".
Rajoy aseguró que confía "plenamente" en la Justicia y que hará "todo lo posible" para "facilitar" la labor de los jueces y fiscales. "Pido que se deje trabajar con tranquilidad a la Justicia", dijo antes de insistir en que "el que la hace, la paga".
Este mismo miércoles, el PSOE y Ciudadanos sumaron fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos, informa Europa Press.
Horas antes de la comparecencia, en una conversación con los periodistas, había respaldado a sus ministros del Interior y Justicia.
"Es el PP el que está al frente de la lucha contra la corrupción"
En un sentido similar al del presidente del Gobierno, el portavoz en el Congreso Rafael Hernando, defendió que "las más de 70 reformas aprobadas en la X Legislatura en materia de corrupción han permitido dotar de mayor capacidad de acción a los tribunales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de control a las formaciones políticas".
"Por eso –añadió– muchas de las cuestiones que hoy salen a la luz se deben a esas reformas, porque hoy tenemos un Estado de Derecho mucho más sólido del que teníamos en años anteriores y los vericuetos por donde se colaban la corrupción se van cerrando".
Sobre la comisión de investigación subrayó que el PP no va a "impedir" que se ponga en marcha. "No tenemos nada que ocultar, creemos en el Estado de Derecho también en la separación de poderes y lo que no vamos a hacer es utilizar la corrupción como un elemento de confrontación".
"Es el PP quien está al frente de la lucha contra la corrupción", manifestó el dirigente del PP a la vez que afirmó que "la financiación del PP es la más conocida por parte de la opinión publica respecto a cualquier otra formación política".
El PP acepta que Rajoy abra la comisión sobre la financiación pero advierte de que no permitirá una "causa general" contra ellos
También se preguntó "por qué algunos se siguen negando a que se investigue, averigüe y aclare la financiación de otras formaciones políticas que está siendo cuestionada estos días”. La idea inicial del PP era que esa comisión abarcase la financiación de todos los partidos, una demanda en la que se quedó en minoría y que trasladó al Senado, donde sí tienen mayoría.
Es en la Cámara alta donde los conservadores intentarán que se retraten el resto de formaciones políticas, sobre todo Podemos, sostienen las fuentes consultadas.
"El partido de Pablo Iglesias tiene mucho que hablar sobre su financiación", añaden.
El presidente del Gobierno tiene complicado el esquivar rendir cuentas en el Parlamento ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, una demanda en la que PSOE y Ciudadanos han insistido en los últimos días a raíz del estallido de la operación Lezo. Una investigación que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y que ha provocado la dimisión de todos sus cargos de Esperanza Aguirre.