El PP acepta que Rajoy abra la comisión sobre la financiación pero advierte de que no permitirá una "causa general" contra ellos

La Comisión de Investigación presunta financiación ilegal del Partido Popular constituida en el Congreso de los Diputados se reunió este miércoles en su segunda sesión tras la constitución con el procedimiento de actuación de y la deliberación y acuerdos sobre el plan de trabajo como orden del día.

El plan con el que el principal partido de la oposición llegó a esta convocatoria tuvo como eje que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que comparezca en primer lugar. Algo, a lo que, según el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, los conservadores no se opondrán. "Total normalidad", subrayó el número tres del PP.

En todo caso, la falta de acuerdo de los partidos sobre la letra pequeña de la comisión y el periodo temporal que afecta a los hechos investigados, conduce a que este tengo que reunirse de nuevo la próxima semana.

En principio, el PP no ha logrado que el formato incluya una intervención inicial de los comparecientes. El resto de partidos parecen coincidir en que es mejor que se desarrollen como un interrogatorio.

Además del presidente del Gobierno, la lista de comparecientes que demanda el PSOE está integrada por medio centenar de dirigentes o exdirigentes conservadores. Figuran, por ejemplo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el expresidente del Ejecutivo y expresidente de honor del PP, José María Aznar. No faltan tampoco Esperanza Aguirre, expresidenta del PP madrileño, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Ciudadanos, socio de investidura del PP, no comparte que Rajoy acuda a esta cita como primer compareciente. En todo caso, considera que también sería necesario que Rajoy cerrara las comparecencias. "Rajoy debe comparecer cuando hayamos recopilado toda la información; y no antes como quieren el PP y el PSOE", denunció el diputado Toni Cantó. A priori, el PSOE no pone pegas a que el jefe del Ejecutivo acudiese en dos ocasiones.

 

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El artículo 502 del Código Penal contempla que los comparecientes no pueden mentir. "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

El texto que también deja claro que no se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y va más allá: "si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".