El PP mueve ficha para intentar ajustar la distribución de fuerzas en un Tribunal Constitucional del que depende la futura ley de amnistía. La formación conservadora tiene previsto poner en marcha "en las próximas semanas" en el Senado, una cámara que la derecha controla, el procedimiento para el nombramiento del duodécimo magistrado del máximo intérprete de la Ley Fundamental, un sillón que lleva más de un año vacío. La intención del PP es que ese puesto sea cubierto por un jurista propuesto por ellos mismos. Un movimiento que, si finalmente cristaliza, ajustaría la correlación de fuerzas en el seno del Constitucional a las puertas de una batalla por la amnistía en la que se da por hecho una cascada de recusaciones.
El máximo intérprete de la Ley Fundamental debe estar integrado por doce magistrados. Pero desde finales de julio de 2022 está funcionando con once tras la renuncia de Alfredo Montoya por motivos de salud. Una vacante que depende de la Cámara Alta y que ahora el PP intentará cubrir. "Por supuesto que el presidente del Senado introducirá [esta designación] en el orden del día en las próximas semanas", ha asegurado este martes en una entrevista en la cadena COPE el presidente de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha insistido en que esa designación corresponde a su partido. Al fin y al cabo, Montoya formaba parte del grupo de magistrados en el Constitucional a propuesta del PP.
Este procedimiento, no obstante, puede convertirse en el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Es cierto que el PP controla el Senado. Pero no cuenta con la mayoría necesaria para sacar en solitario esta designación. Para ello, se necesitan tres quintos en la Cámara Alta, lo que equivale a 160 senadores. La formación conservadora, sin embargo, cuenta con 144. Es decir, necesita sí o sí llegar a un acuerdo con el PSOE. Ahora bien, los socialistas ya se negaron hace un año a facilitar la cobertura de esa vacante en el Tribunal Constitucional hasta que el PP no desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que la Comisión Europea, con el comisario Didier Reynders a la cabeza, lleva exigiendo desde hace meses.
El anuncio de Feijóo de que se pondrá en marcha el procedimiento para cubrir esa vacante en el Constitucional se produce pocas horas después de que el órgano de gobierno de los jueces haya cumplido cinco años con el mandato caducado por el rechazo de la formación conservadora a renovarlo. Un bloqueo que el PP se ha ofrecido a quitar si, al mismo tiempo, el Gobierno se compromete a cambiar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial. "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley", ha apuntado este martes el líder de la oposición durante su entrevista radiofónica.
Ajustar las mayorías antes de la batalla por la amnistía
La designación del duodécimo magistrado es importante para la formación liderada por Feijóo. Y lo es porque, de producirse en los términos planteados por el PP, ajustaría la correlación de fuerzas en Domenico Scarlatti. En la actualidad, el bloque progresista cuenta con siete miembros, frente a los cuatro del denominado grupo conservador. Una combinación con la que se han avalado en los últimos meses algunos de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, como la ley Celáa, la reforma que limita las atribuciones del CGPJ en funciones, el impuesto a las grandes fortunas o ley Rider. Pero con la entrada de un duodécimo magistrado propuesto por los conservadores, la distribución de fuerzas en el seno del Constitucional pasaría a ser de siete a cinco.
Es cierto que el llamado bloque progresista seguiría contando con dos votos de ventaja en el Pleno. Ahora bien, esa diferencia podría verse reducida en el que será el gran asunto al que deberá enfrentarse el TC en los próximos meses: la amnistía. El magistrado Juan Carlos Campo no parece dispuesto a participar en este debate. Es más, ya ha comunicado su intención de abstenerse en uno de los primeros recursos de amparo que han llegado a Domenico Scarlatti relacionados con esta proposición de ley. Como ministro de Justicia, Campo fue el firmante de los informes del Gobierno sobre los indultos en los que se decía que un olvido jurídico era "claramente inconstitucional". "La amnistía no cabe", ha insistido también en público en alguna ocasión.
El fantasma de las recusaciones
Campo se aparta de un recurso de amparo por la amnistía para salvaguardar la "imparcialidad" del TC
Si Campo finalmente no participa en todo lo que tenga que ver con esta medida de gracia y el PP logra sentar en la mesa al duodécimo magistrado, la distribución de mayorías quedaría en seis a cinco. Es decir, cualquier mínimo movimiento dentro del bloque progresista tumbaría una amnistía con la que el Ejecutivo pretende poner punto y final al procés. Una correlación de fuerzas en la que, además, se intentará influir también a través de las recusaciones. Que habrá una batalla en este sentido es algo que se da por descontado. De hecho, ya hay un recurso de amparo registrado en el TC por un ciudadano sobre la amnistía que pide la recusación de Campo y otros dos magistrados del llamado bloque progresista: Laura Díez y Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano.
Sobre la primera pesa, sobre todo, su pasado como alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que ocupó el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia y, antes, el de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Conde-Pumpido, por su parte, lleva meses lejos de todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el procés. Decidió apartarse tras ser recusado por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quien también ha intentado apartar en otras ocasiones a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por su vinculación al PP. Sin embargo, Conde-Pumpido entiende que ese paso al lado no le impide participar en el estudio de una futura ley de amnistía.
Pero una cosa es que se soliciten las recusaciones y otra bien diferente es que las mismas terminen prosperando. Porque cada una deberá ser vista y votada en el Pleno. El TC siempre ha defendido una "interpretación restrictiva" de esta capacidad para apartar a magistrados. Sobre todo en este órgano, cuyos miembros, a diferencia de los tribunales ordinarios, no pueden ser sustituidos por otros. Tanto es así que, por ejemplo, en algunas de sus resoluciones el máximo intérprete de la Ley Fundamental ha dejado claro que "no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver", siempre y cuando no "se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad".
El PP mueve ficha para intentar ajustar la distribución de fuerzas en un Tribunal Constitucional del que depende la futura ley de amnistía. La formación conservadora tiene previsto poner en marcha "en las próximas semanas" en el Senado, una cámara que la derecha controla, el procedimiento para el nombramiento del duodécimo magistrado del máximo intérprete de la Ley Fundamental, un sillón que lleva más de un año vacío. La intención del PP es que ese puesto sea cubierto por un jurista propuesto por ellos mismos. Un movimiento que, si finalmente cristaliza, ajustaría la correlación de fuerzas en el seno del Constitucional a las puertas de una batalla por la amnistía en la que se da por hecho una cascada de recusaciones.