Una financiación "singular" para Cataluña. Es el anuncio que ha provocado un terremoto político en el resto del país, especialmente en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Una promesa que forma parte del acuerdo ratificado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat y que, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre, debería formalizarse durante "el primer semestre de 2025". En la práctica, supondría la salida de Cataluña del régimen común en materia de financiación, al igual que Euskadi y Navarra, para materializar un "concierto económico solidario", por el que la Generalitat recaudaría el cien por cien de los impuestos.
La reacción inicial de la dirección nacional del Partido Popular al acuerdo fue el silencio. Ni Alberto Núñez Feijóo ni su equipo más cercano lo valoraron hasta el mediodía y, cuando lo hicieron, su respuesta fue menos contundente de lo habitual. Es más, mientras los presidentes autonómicos del PP prometían medidas contra el "atropello a la Constitución" y "golpe de Estado fiscal", en palabras del aragonés Jorge Azcón y el valenciano Carlos Mazón respectivamente, desde Génova se mostraban cautos y apelaban a conocer el texto completo antes de anunciar cualquier iniciativa, tanto judicial como a nivel de movilización callejera.
Es más, el líder del PP mantuvo un perfil bajo y ni siquiera compareció ante la prensa. Únicamente publicó tres mensajes en X, lamentando el "chantaje independentista" y asumiendo que el acuerdo no va a salir adelante o no, al menos, en los términos planteados por Esquerra. "Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible", resumía Feijóo, al tiempo que apelaba a "lo que quede del PSOE" a escenificar su contrariedad como ya están haciendo algunos barones como Emiliano García-Page. Se trata del mismo mensaje que transmitió este martes su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, al asegurar que ese 'concierto' catalán es "inaplicable" porque es "ilegal e inconstitucional".
Tellado prometió que el PP será el "dique de contención" contra el acuerdo y lo tildó de "ejercicio claro de corrupción política y económica", pero no le dio la importancia que cabía esperar. Es más, inició su comparecencia hablando sobre el resultado de las elecciones en Venezuela y reprochando al Gobierno su posición y la finalizó comentando lo que, a su juicio, era "lo más importante" de la jornada, la comparecencia de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado. Sobre los futuros pasos de Génova, insistió: "Vamos a ver el texto del acuerdo, cuando lo estudiemos decidiremos las acciones que vamos a llevar a cabo"
Los barones del PP llevarán el concierto económico de Cataluña ante los tribunales
La actitud de Génova contrasta con la de los Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP que ya han anunciado que llevarán el concierto económico para Cataluña ante el Tribunal Constitucional y no descartan hacerlo ante otras instituciones. El presidente de la Comunidad Valenciana fue uno de los más duros. Anunció que su Gobierno "va a dar todos los pasos hacia adelante legales, sociales, políticos e institucionales que estén a su alcance" en contra del acuerdo que califcó como un "golpe de Estado fiscal": "La Comunidad Valenciana no se puede permitir el lujo de permanecer callada", denunció, destacando que es la autonomía más infrafinanciada. Es más, Compromís ha anunciado que no apoyará el concierto catalán si no se aborda la financiación valenciana antes.
El aragonés Azcón fue uno de los primeros en posicionarse al asegurar que ese acuerdo supone "una ruptura del sistema fiscal de régimen común": "Mi gobierno hará todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad entre españoles", aseguró. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cargó directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculándolo también con el resultado de las elecciones en Venezuela en X: "Sánchez apuntala la dictadura bolivariana y rompe la caja común de los españoles. Todo en un mismo día. No nos quedaremos quietos", zanjó.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que el acuerdo "da la independencia fiscal a Cataluña" y supone "un mazazo a la esencia del Estado y un ataque frontal a los intereses de Andalucía". Un mensaje similar al del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al afirmar que "es un robo a Castilla y León y a España". En declaraciones ante la prensa, acusó a Sánchez de "asaltar "la caja común de España para sus pactos políticos". El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, pidió al jefe del Ejecutivo que "rectifique" y "no ceda al chantaje político" de los independentistas.
Por su parte, el presidente murciano Fernando López Miras, que se encontraba este martes firmando un acuerdo de colaboración en torno al turismo religioso con el presidente gallego, Alfonso Rueda, aseguró directamente que el acuerdo es "ilegal" y que él prevé "utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición jurídicas e institucionales y políticas". Un discurso ratificado por Rueda, que también manifestó que no va a "tolerar que para darle a otros más de lo que les corresponde, nos lo quiten a nosotros". Los barones del PP tratan así de abrir un nuevo frente con el Ejecutivo central utilizando su poder territorial.
Feijóo reconoció en 2016 que la financiación singular era una vía a explorar y el PP catalán lo llevó en su programa
Compromís y Chunta no apoyarán la "singularidad" catalana si no se aborda su financiación territorial
La airada reacción de los dirigentes autonómicos del Partido Popular, incluyendo a su líder en Cataluña, Alejandro Fernández, contrasta con su posición en el pasado sobre la financiación singular de Cataluña. Se trata de una idea que ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basado en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente de los populares catalanes, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.
Pero hasta el propio Alberto Núñez Feijóo reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta de Galicia. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", reconocía el actual líder del PP, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión. "Es verdad que las cosas se pueden cambiar y discutir, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en el contenido y en el continente", decía.
Lo cierto es que, cuando ha estado en el Gobierno, el PP ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación con bilateral con Jordi Pujol (CiU) para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las autonomías, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.
Una financiación "singular" para Cataluña. Es el anuncio que ha provocado un terremoto político en el resto del país, especialmente en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Una promesa que forma parte del acuerdo ratificado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat y que, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre, debería formalizarse durante "el primer semestre de 2025". En la práctica, supondría la salida de Cataluña del régimen común en materia de financiación, al igual que Euskadi y Navarra, para materializar un "concierto económico solidario", por el que la Generalitat recaudaría el cien por cien de los impuestos.