El PP da un giro sobre incompatibilidades en plena campaña electoral

Casos similares y una doble vara de medir. El Partido Popular no resiste la prueba de la hemeroteca en lo que tiene que ver con las incompatibilidades de sus cargos públicos. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos días con el caso que ha afectado al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista a las generales por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. En un gesto inédito para estos episodios, la dirección del PP emitió el pasado día 10 un comunicado informando de la apertura de un expediente disciplinario a ambos. Y las presiones internas a los afectados han dado ya como resultado que Arístegui renuncie al cargo, mientras el futuro de Gómez de la Serna pende de un hilo. No hace ni un año que el embajador en Londres, Federico Trillo, y otro diputado, Vicente Martínez-Pujalte, estuvieron en el punto de mira tras salir a la luz que habían asesorado a una empresa especializada en obra pública. La reacción de Génova fue el silencio; la del Grupo Parlamentario Popular, comprensión. De autocrítica, nada.

Tampoco hubo reproche cuando el pasado abril se descubrió que el diputado por Toledo Agustín Conde había ocultado datos en su declaración de actividades al Congreso de los Diputados. Como Trillo y Martínez-Pujalte, éste parlamentario no fue protagonista de ningún comunicado del partido. Tampoco sus máximos dirigentes salieron a posicionarse a favor de un endurecimiento del régimen de incompatibilidades como sí está ocurriendo ahora. ¿Hay alguna explicación a este cambio de actitud?

En el partido no ocultan que el contexto político explica casi la totalidad de lo que está pasando. Y el contexto político es la inminencia de las elecciones generales y el cara a cara entre Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez. "No nos podemos permitir ningún patinazo", señala un dirigente conservador.

Que en plena campaña electoral se destape, como han hecho el diario El Mundo y la cadena Ser, que Arístegui y De la Serna actuaron como conseguidores de contratos públicos en el exterior para empresas españolas no es, según coinciden las fuentes del PP consultadas, la mejor propaganda para que el partido que aspira a renovar cuatro años más de Gobierno pueda defender su legado en materia de regeneración democrática. De ahí las presiones de las últimas horas para que el número dos por Segovia también se aparte. 

"Los tiempos de la política son diferentes al paso del tiempo en el día a día. Ahora el contexto es diferente, por la proximidad de las elecciones, por el debate de Rajoy con Pedro Sánchez y por la pujanza de nuevos partido que se presentan como renovadores", reconoce un cargo del PP que integra las listas al Congreso por Madrid.

Para entender el giro del PP a la hora de hacer frente a casos similares, infoLibre repasa los elementos fundamentales de cada uno de estos escándalos, así como las reacciones oficiales de los dirigentes conservadores.

1. Abril de 2015: los negocios de Trillo y Pujalte con Collosa

El 23 de abril el diario El País publica que Hacienda había descubierto el pago de 354.560 euros en tres años de una constructora a Federico Trillo mientras este era diputado en el Congreso. La misma información señalaba que el diputado Vicente Martínez-Pujalte había cobrado 75.000 euros de la misma empresa en poco más de un año cuando el ahora embajador en Londres terminó su relación con ella. La firma pagadora era el Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León y especializada en obra pública.

En el caso del exministro de Aznar y exresponsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, la relación con Collosa se había mantenido entre febrero de 2006 y 2008. El canal era Estudio Jurídico Labor, asesoría de la que Trillo tenía el 70% de las acciones. Martínez-Pujalte, por su parte, había cobrado de esta firma entre octubre de 2008 y finales de 2009 a razón de 5.000 euros al mes a través de Sirga XXI, la empresa que por aquellas fechas compartía con Ana Torme, compañera de escaño y de partido.

La información apuntaba a que en ninguno de los dos casos existían documentos que justificasen los cobros, algo ante lo que los protagonistas esgrimieron que el asesoramiento había sido verbal.

Trillo reaccionó a las informaciones a través de un comunicado remitido a la agencia Efe. En este aseguraba que Labor firmó un contrato con Collosa, del que había informado al Congreso en su declaración de bienes, para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa y que todo se ajustaba a la legalidad.

Martínez-Pujalte

respondió apuntando a que no había cometido ninguna irregularidad, que había cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que siempre había practicado el pluriempleo. Además, aseguró que nada de lo publicado violaba su régimen de incompatibilidades.

Además señaló que había presentado sus declaraciones de actividades en la Cámara baja "en tiempo y forma" y que el pleno había aprobado con un 90% de los votos la compatibilidad de su trabajo como economista en el estudio jurídico Sirga XXI, desde el que realizó las asesorías a la constructora.

Ambos afectados recalcaron que no habían tenido ninguna relación con el sector público en la etapa en la que colaboraron con Collosa.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la última semana con Arístegui y De la Serna, sí hubo comprensión y apoyo por parte del partido. 

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a decir que Pujalte había cumplido los "duros" requisitos que había exigido la Cámara baja. Además, apostó por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios. "Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades", aseguró antes de añadir que "es compatible ser diputado con actividades privadas". 

Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo que en España "hay un régimen muy estricto [de incompatibilidades]". "Ser diputado es incompatible con todo, menos llevar su propio patrimonio y dar clases sin cobrar en la Universidad", llegó a decir. No obstante, reconoció que las Cámaras no tenían mecanismos de control para comprobar si todo aquello que sus señorías vuelcan en sus declaraciones de bienes y rentas se ajusta a la verdad.

Este mismo lunes, Posada fue mucho más duro en sus declaraciones para el caso de De la Serna, recomendándole que se aparte de las listas porque "perjudica al PP".

Trillo sigue en su cargo y Pujalte agotó legislatura en el escaño, aunque manifestó su intención de no volver a concurrir en una lista electoral.

2. Abril de 2015: el ¿olvido? de Agustín Conde

El 28 de abril otro diputado del PP, Agustín Conde, protagonizaba un episodio que tenía que ver con la rendición de cuentas de su situación ante el registro de intereses del Congreso. Según informaba la Cadena Ser, este parlamentario de la órbita de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había ocultado a la Cámara que era administrador de una empresa especializada en eficiencia energética llamada Eco-Witt.

Conde no lo pudo negar. Pero no pasó nada. Un día después incluía estos datos en el registro de intereses. En el documento manuscrito presentado por Conde, el diputado señala lo siguiente sobre la modificación: "Se declara, para su incorporación a mi previa declaración de bienes, la incorporación a mi patrimonio de las acciones de Eco-Witt S.L".

La citada información señalaba, además, que el diputado había asesorado al Banco Santander como abogado. Conde señaló que tenía permiso para compaginar su escaño con el ejercicio de la abogacía. Y sobre este particular señaló que no tenía en mente detallar cuáles eran los clientes para los que trabajaba como abogado, entre ellos el Santander, porque la confidencialidad de esta información estaba protegida por el secreto profesional.

El 23 de mayo, la Comisión del Estatuto del Diputado rechazaba investigar las actividades privadas de Pujalte y Conde, al entender que según el Reglamento de la Cámara carece de competencias para analizar si esas actividades se ajustaban o no a la ley.

3. Diciembre de 2015: los negocios de Arístegui y Gómez de la Serna

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

La primera reacción del PP fue la de defenderlos. Pero, a medida que pasaron las horas, los conservadores, incluido el presidente del Gobierno, empezaron a darles la espalda. El cambio claro de estrategia quedó plasmado sobre el papel en un comunicado remitido el 10 de diciembre pasadas las 23 horas: "El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en la prensa en estos días. La apertura del expediente disciplinario no prejuzga la resolución del mismo", podía leerse.

El Congreso no investigará a Pujalte por sus actividades extraparlamentarias

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Esta estrategia surtió efecto en el embajador, que presentó su dimisión en la tarde del domingo. Más está resistiendo el número dos del PP por Segovia, pese a las presiones que le llegan desde el Ejecutivo y desde la cúpula de la formación.

Este mismo lunes, el presidente del Congreso sostuvo que la candidatura de De la Serna perjudicaba al partido. "Mi consejo sería que abandonara la candidatura", sostuvo Posada, informa Europa Press.

Además, volvió a mostrarse partidario de que se reforme el Reglamento del Congreso para que la Cámara pueda revisar periódicamente las compatibilidades que se conceden a los diputados para llevar a cabo tareas extraparlamentarias. Durante estos últimos cuatro años no se ha tomado ninguna al respecto. Y, como se ha visto, casos ha habido.