El Partido Popular, el partido del Gobierno, está dejando enfriar un anuncio realizado por varios de sus dirigentes, sobre todo del País Vasco, justo cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. Se trata de articular los cambios legales necesarios para que aquellos vascos y navarros que tuvieron que abandonar estas comunidades autónomas por la amenaza de la banda terrorista puedan volver a votar en ellas. A cambio, los conservadores han aprovechado la última semana de campaña para que su programa electoral crezca con 140 propuestas llegadas de las redes sociales y una de ellas, para la que dicen contar con el respaldo del Gobierno, es la de crear una fiscalía de protección a las víctimas del terrorismo.
Hace un mes, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, trasladó al Gobierno una recomendación al respecto al tiempo que el Partido Popular, en boca de su presidente en Guipúzoa, Borja Sémper, se mostraba convencido de que la iniciativa llegaría próximamente al Congreso de los Diputados gracias al consenso de formaciones, dijo, como el PSOE o el PNV. Es, precisamente, la falta de acuerdo con el resto de formaciones políticas, sobre todo con el principal partido de la oposición, lo que ha motivado que este asunto quede en stand by.
Las fuentes consultadas en el PP y en el Gobierno argumentan que cambiar la ley electoral, como este asunto requiere, sin el apoyo del PSOE, es algo que ahora no entra en sus planes. "Hay unos límites. Y tocar la ley electoral en solitario es algo delicado", subrayan fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja.
Por su parte, las fuentes socialistas consultadas ponen de manifiesto que, efectivamente, ese consenso no existe. Y el Gobierno vasco, que ha tildado de "electoralista" esta propuesta del PP, la rechaza insistiendo en que se trata de una cuestión recurrente que los dirigentes conservadores ponen sobre la mesa siempre que se acercan las citas electorales.
UPyD entra en acción
El 16 de abril, dos días después de que se conociera la recomendación de la Defensora del Pueblo, desde UPyD, su presidenta, Rosa Díez, se interesó por los motivos por los que esta cuestión no sale adelante. A través de una pregunta escrita dirigida al Gobierno, UPyD quiso saber por qué el Ejecutivo no ha llevado esta reforma a la Cámara "cuando se comprometió a hacerlo hace casi dos años". También le pide que aclare cuándo piensa hacerlo.
Por estas fechas, UPyD lamentó "que el Gobierno no haya dado todavía ningún paso para emprender esta reforma, que garantizaría el derecho a votar en el País Vasco y Navarra de los miles de exiliados del terrorismo".
No pasa inadvertido que el tema ha vuelto a saltar en un momento delicado: en plena campaña electoral, cuando el partido presidido por Mariano Rajoy lleva meses de tensiones con las asociaciones de víctimas del terrorismo a raíz de la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la doctrina Parot.
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Precisamente, estas tensiones están, en parte, en el origen del nacimiento de Vox, la formación que integran ex del PP como Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal o la víctima de terrorismo José Antonio Ortega Lara. Y también, el hecho de que Jaime Mayor Oreja trasladase a Mariano Rajoy el pasado enero su rechazo a volver a encabezar una lista del partido conservador al Parlamento Europeo. En su entorno señalaron que el exportavoz del PP en Bruselas no se iba a sentir cómodo rivalizando en las urnas con el exfuncionario de prisiones Ortega Lara, a quien considera un referente moral.
Orígenes
La propuesta se puso sobre la mesa en diciembre de 2011. Fue el entonces presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien anunció que su partido impulsaría una reforma de Ley Electoral a fin de que aquellos vascos que tuvieron que abandonar Euskadi por la amenaza de la banda terrorista ETA pudiesen volver a votar donde lo habrían hecho de no haber emigrado. La iniciativa, que se extendería también a Navarra, no cayó nada bien en los grupos de la oposición que llegaron incluso a dudar de su constitucionalidad y a calificarla de "pucherazo". Meses después, en el verano de 2012, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo ver "viable" esta posibilidad. Esgrimió, para ello, un estudio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que concluía que lo propuesto por el dirigente del PP vasco no excedía los límites de la Carta Magna. No obstante, rechazó que fuese a ser posible aplicarlo en las próximas autonómicas vascas porque la intención del Ejecutivo era la de consensuarla con el resto de grupos parlamentarios. De esto han pasado ya casi dos años.
El Partido Popular, el partido del Gobierno, está dejando enfriar un anuncio realizado por varios de sus dirigentes, sobre todo del País Vasco, justo cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. Se trata de articular los cambios legales necesarios para que aquellos vascos y navarros que tuvieron que abandonar estas comunidades autónomas por la amenaza de la banda terrorista puedan volver a votar en ellas. A cambio, los conservadores han aprovechado la última semana de campaña para que su programa electoral crezca con 140 propuestas llegadas de las redes sociales y una de ellas, para la que dicen contar con el respaldo del Gobierno, es la de crear una fiscalía de protección a las víctimas del terrorismo.