"En las próximas horas o días". Este es el plazo que el vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, se dio el lunes pasado para que se produjeran ceses o dimisiones en los concejales del PP del Ayuntamiento de valencia investigados –antes imputados– en el marco del caso Taula. Este lunes, una semana después, el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores emitía un comunicado en este sentido. Tras días de presiones, reuniones y llamadas de teléfono, Génova anunciaba la suspensión cautelar de militancia de los nueve ediles imputados y de los asesores. "A petición propia", rezaba el texto. No obstante, no pasa inadvertido y así lo reconocen en la formación que el proceso ha sido muy costoso y que, a día de hoy, no se ha conseguido que los investigados por blanqueo de capitales y financiación ilegal renuncien a sus actas.
Se trata de una especie de solución intermedia de la que podría haber segunda parte si se tiene en cuenta que la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, había dado de plazo hasta el 5 de abril a los concejales para renunciar a sus credenciales de concejal. Pero, en todo caso, dirige todos los focos hacia Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia no está imputada pero aseguró recientemente que acudirá a declarar voluntariamente a declarar ante el juez instructor. No son pocos en el PP los que creen que estando investigados el grueso de los que la acompañaron en la lista al consistorio, ella acabará siguiendo los mismos pasos que sus compañeros y que lo mejor para el partido es que se aparte. "Además de la responsabilidad judicial está la responsabilidad política", valora un dirigente regional en conversación con infoLibre.
Por su parte, Barberá no ha dado hasta la fecha ninguna muestra de debilidad y no parece dispuesta a ceder. Hasta el punto de que Fernández-Maíllo, como desveló La Razón, ha recibido más de un SMS en el que ésta se queja del trato que está recibiendo del partido. Dicen en su entorno que se siente con el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy, y que no ve motivos para dejar su escaño en el Senado. Este martes hay pleno en la Cámara alta y la exalcaldesa seguirá siendo la parlamentaria más buscada por las cámaras.
La senadora fue una de las personas a las que la formación abrió expediente informativo hace un par de semanas. Al presidente del Gobierno en funciones le costó mucho tomar esta decisión. Ambos han mantenido una estrecha relación de amistad en los últimos años y nunca ha dejado de mostrarle su apoyo en público. Han sido otros en el partido, los vicesecretarios, los encargados de marcar distancias con la senadora, hasta el punto de que el mismo día que se anunció el expediente desde la dirección nacional del partido se vertieron dos discursos: el de Rajoy, declarándose tranquilo tras la comparecencia de Barberá en la que aseguró que acudiría voluntaria a declarar ante el juez, y los de Pablo Casado (Comunicación) y Javier Maroto (Sectorial), considerando insuficiente el gesto de la exalcaldesa.
En el comunicado remitido este lunes a los medios, la oficina de información del PP no menciona expresamente a Rita Barberá. No obstante, deja claro que "el Comité de Derechos y Garantías continuará tramitando el expediente informativo a todas las presiones físicas investigadas o llamadas a declarar, incluidas las hoy [por este lunes] suspendidas de militancia, relacionadas con los hechos investigados". Este párrafo, subrayan fuentes del partido, afecta a la senadora aunque señalan que "no esté investigada".
El PP hace este anuncio en un momento muy delicado, en una semana en la que se supone que Rajoy retomará las conversaciones con PSOE y Ciudadanos para venderles de nuevo su apuesta por un Gobierno de coalición liderado por él mismo. Pero también en un momento en el que los conservadores se han puesto en modo campaña convencidos de que la ronda de contactos entre fuerzas con representación en el Congreso de los Diputados a fin de lograr la investidura de un nuevo inquilino de la Moncloa van a culminar sin éxito. Los conservadores, que presumen de haber aprobado iniciativas parlamentarias y cambios legislativos para poner coto a la corrupción política en los cuatro años de Gobierno de Rajoy no quieren que la oposición les siga sacudiendo con estos escándalos.
Una situación complicada en Valencia
La operación Taula dio lugar a que el PP nacional autorizara al valenciano a instaurar una gestora en el PP de la ciudad de Valencia. Pero por si la situación no era lo suficientemente delicada, la decisión de Génova, pactada con los concejales, de suspenderlos cautelarmente de militancia, deja al Grupo Municipal Popular muy debilitado. Integrado tras las municipales por diez ediles son nueve los investigados y, por tanto, nueve los que dejan de pertenecer temporalmente a las filas conservadoras. Fuentes del PP regional consultadas por este diario subrayan que permanecen en el grupo "como independientes". Esto implica que no están sometidos a la disciplina de grupo a la hora de votar.
Las mismas fuentes mantienen que, no obstante, esto no implica que tenga que ser así siempre. Es decir, que en el PP de la Comunidad Valenciana no han perdido la esperanza de que acaben por renunciar a sus actas.
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Las dificultades de los estatutos
La suspensión de militancia no es un tema sencillo estatutariamente. De ahí que las presiones siempre vayan en la dirección de que sean los propios afectados los que tomen la decisión. De hecho, el comunicado remitido este lunes subraya que la decisión había sido tomada "a petición propia mediante un escrito" en el que, además, Alfonso Novo renunciaba como portavoz del Grupo Municipal del PP en el consistorio. Su sustituto será Eusebio Monzó, el único concejal no investigado.
Según los estatutos "esta sanción se impondrá, en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración, y cuando pasase a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los del Partido Popular”. En este sentido, la exalcaldesa de Valencia y senadora reclamó hace un par de semanas pasada a Maillo, vía SMS, que el partido cumpliese con los estatutos. El mensaje fue mostrado en la portada del diario La Razón. "Defended a la gente del partido que no ha hecho nada. Cumplamos con los estatutos para todos igual. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo que quiere hacer Isabel [Bonig, presidenta del PP de Valencia] no sólo perjudica políticamente, si no (sic) también la argumentación de la defensa".
"En las próximas horas o días". Este es el plazo que el vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, se dio el lunes pasado para que se produjeran ceses o dimisiones en los concejales del PP del Ayuntamiento de valencia investigados –antes imputados– en el marco del caso Taula. Este lunes, una semana después, el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores emitía un comunicado en este sentido. Tras días de presiones, reuniones y llamadas de teléfono, Génova anunciaba la suspensión cautelar de militancia de los nueve ediles imputados y de los asesores. "A petición propia", rezaba el texto. No obstante, no pasa inadvertido y así lo reconocen en la formación que el proceso ha sido muy costoso y que, a día de hoy, no se ha conseguido que los investigados por blanqueo de capitales y financiación ilegal renuncien a sus actas.