Los barones del PP, siguiendo las indicaciones de Alberto Núñez Feijóo, suscribieron el pasado lunes 26 de agosto un manifiesto en el que invocan la “igualdad” como un “principio irrenunciable” para defender el actual modelo de financiación autonómica y el que debe sustituirlo, en oposición a la ruptura que, según ellos, va a suponer el modelo pactado por PSC y ERC para Cataluña, en el caso de que el Congreso de los Diputados apruebe las reformas legales imprescindibles para hacerlo realidad.
Feijóo se reunirá el próximo viernes con ellos para escenificar la ofensiva del partido y de la mayoría de las comunidades autónomas al pacto catalán. Es “un momento de urgencia nacional”, argumentan, y hay que “empezar a articular una respuesta democrática en todos los ámbitos a nuestro alcance, consensuada entre las CCAA y de la máxima firmeza, ante este intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás, al dictado de quienes nunca han aceptado la igualdad y la solidaridad de los españoles”. Ni una palabra sobre ponerse de acuerdo en torno a un modelo alternativo.
La apelación a la igualdad es una paradoja. En primer lugar, porque quienes la defienden maniobran, al mismo tiempo, para tejer alianzas en defensa de que el nuevo modelo tenga en cuenta los criterios que más les benefician a la hora de establecer la “población ajustada”, que es, en última instancia, el criterio del que depende el dinero que va a recibir cada comunidad. Y, en segundo lugar, porque si algo caracteriza al modelo vigente para las comunidades del régimen común —todas excepto el País Vasco y Navarra— que los dirigentes del PP reivindican es, precisamente, la desigualdad.
Pero los presidentes autonómicos del PP han preferido cerrar los ojos y hacer como que nada de esto es así. El manifiesto que han suscrito define el sistema actual como un “modelo de igualdad y solidaridad” amenazado por la posibilidad de que Cataluña recaude todos los impuestos en su territorio y solo después contribuya a sufragar los servicios que el Estado presta allí y aporte fondos de solidaridad para las comunidades con menos recursos.
De lo que no hablan es de qué comunidades se verán perjudicadas si quienes piden más financiación (sobre todo Andalucía, la Comunitat Valenciana y Murcia, pero también Castilla y León o Extremadura) reciben una porción mayor de la tarta.
El documento de los barones, que prologa la movilización que el PP prepara contra el pacto PSC-ERC, está plagado de afirmaciones falsas como esa y de tergiversaciones, como asegurar que la reforma propuesta por PSC y ERC es una “imposición” del Gobierno. “Las decisiones, y más aún las de este calado, deben tomarse entre todos en el marco institucional que corresponde”, añaden, obviando que la reforma que denuncian solo podrá aplicarse si cuenta con el visto bueno de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
La “particularidad”
Invoca la defensa de la “igualdad”, pero al mismo tiempo admite “la particularidad”. Y defiende —algo sin precedentes tratándose del Partido Popular— las bondades del modelo federal, al que pone como referencia y atribuye rasgos de “lealtad y solidaridad”.
Al crear un modelo desigual, razonan los barones del PP, “el Partido Socialista dinamita no solamente la autonomía y la Hacienda del Estado, sino su capacidad y mandato constitucional de velar por la solidaridad y el crecimiento cohesionado de todo el país”. Su obligación, insisten más adelante, es “asegurar la igualdad y la ausencia de privilegios entre las administraciones”.
La cesión total de la fiscalidad serviría, según el PP, para certificar “la inexistencia del Estado en Cataluña”, lo que, de ser cierto, implicaría que el Estado ya no existe en el País Vasco y Navarra.
La verdad es que el actual modelo de financiación ya es desigual. Daniel Fuentes, doctor en Economía por la Université Paris Nanterre, profesor de la Universidad de Alcalá y director de Kreab Research, tiene pocas dudas. “En contra de lo que se pueda pensar, el actual sistema de financiación de las comunidades de régimen común (pendiente de reforma desde hace una década) es muy deficiente en términos de igualdad o solidaridad territorial”. Además de ser “un sistema muy poco intuitivo”.
Esto es así porque “hay una desigualdad tributaria que tiene su legitimidad en el margen discrecional de cada comunidad autónoma, según las preferencias políticas expresadas en las urnas”. Por eso, los impuestos no son iguales en todos los territorios, como puede ocurrir en los sistemas tributarios federales.
El ejemplo del ‘dumping’ fiscal
“Esto no está exento de problemas: la literatura sobre el dumping fiscal madrileño y sus efectos es extensa”. Y hay comunidades infrafinanciadas o con dificultades para cumplir los objetivos de déficit que proceden a realizar rebajas fiscales que merman su recaudación. “Recordemos que Madrid recauda por el “efecto sede” o “capitalidad” aproximadamente el 50% del IVA de toda España y cerca del 40% del IRPF”, apunta.
Fuentes cita algunos datos a tener en cuenta que no hacen sino ratificar la desigualdad inherente al sistema. En 2022, solo tres comunidades transfirieron fondos al resto a través del Fondo de Garantía (el mecanismo creado para nivelar los recursos entre las distintas comunidades autónomas, compensando las desigualdades en la capacidad recaudatoria de cada una de ellas). Se trata de Madrid (5.168 millones), Cataluña (1.302) y Baleares (255). Son, en total, 6.275 millones (según datos de Fedea) que apenas llegan al 0,5% del PIB de España (la aportación del Estado a ese fondo equivale al 1,4%).
¿Y quiénes recibieron más dinero? Andalucía (5.970), Galicia (1.989) y Canarias (2.397, además de los 1.143 propios del Régimen Especial Fiscal canario).
El director de Kreab Research no comparte el catastrofismo de los barones del PP. En su opinión, la aplicación del modelo catalán “estaría legítima y políticamente fundamentada” si consigue alcanzar el aval del Congreso, aunque admite que “se abriría un debate jurídico acerca de su conformidad al texto Constitucional, sobre lo que deberán pronunciarse los órganos competentes”. “En todo caso, hará falta mucho realismo, mucha política, mucha pedagogía y una hoja de ruta de Estado más allá de Cataluña” para sacarlo adelante, advierte.
En opinión de Fuentes, y a diferencia de lo que opinan los barones del PP, “existe margen técnico para que de aquí salga un sistema de financiación más solidario territorialmente que el actual”. Pero “hasta que no conozcamos las reglas concretas y los números del acuerdo, conviene ser prudentes en este sentido”. Eso sí, anticipa: “Es previsible que toda exigencia sobre transparencia se traslade al cálculo de los cupos vasco y navarro”.
María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC) y coautora de una propuesta de reforma del modelo presentada por el Foro Económico de Galicia en el Congreso el pasado mes de junio, tampoco tiene dudas sobre la desigualdad intrínseca del sistema. “No es igual”, ratifica. “Cada comunidad autónoma tiene un cálculo propio de cuáles son sus necesidades de gasto en base a esa población ajustada. La clave está en las diferentes necesidades de unos y otros territorios”.
Tres regímenes
“En España”, resume, “hay al menos dos regímenes de financiación que en realidad son tres. Tenemos el régimen foral, el régimen común y, dentro del régimen común, tenemos la excepcionalidad de Canarias, un régimen muy especial dentro del régimen común”.
El modelo actual es tan desigual que el cálculo vigente –que el Gobierno, sin éxito, propuso reformar en diciembre de 2021– está siendo contestado por prácticamente todas las comunidades. En él “se producen ciertas arbitrariedades”, como que la Comunitat Valenciana cuente con el 70% de los recursos por habitante ajustado en comparación con Cantabria. “Es fruto de un mal planteamiento inicial; hay piezas que hay que ajustar dando respuesta coherente a lo que son las necesidades de gasto en cada una de las comunidades autónomas” a partir de los principios de suficiencia, autonomía y equidad.
El modelo lo que trata de resolver es cómo se reparten los recursos. “Hay distintas fórmulas en el mundo, pero en el caso español se ha optado no por una distribución de recursos per cápita, sino que se va a la singularidad de cada comunidad autónoma en eso que se llama la población ajustada”, ponderando “las singularidades del envejecimiento, de la dispersión” y de “todos aquellos factores que consideramos que generan diferencias de coste en la prestación de servicios”.
Cadaval describe la insuficiencia del sistema vigente. “Lo demuestra el hecho de que tuvo que ser completado con mecanismos extraordinarios de liquidez” (el conocido como FLA), apunta. Además de que todo el modelo se vio alterado a partir de 2020, subraya, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a repartir recursos extraordinarios o a perdonar la liquidación negativa producto del déficit de recaudación durante la pandemia.
La desigualdad también es impositiva. “Tenemos un problema con los impuestos sobre la riqueza. A día de hoy, tenemos tres: el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, y el de las grandes fortunas. Esto hay que arreglarlo, hay que racionalizarlo. Habría que llegar a un acuerdo sobre qué es lo que se quiere gravar realmente de la riqueza y establecer un suelo por debajo del cual ninguna comunidad autónoma se podría mover, porque la competencia fiscal a la baja no tiene sentido alguno”.
El problema foral
La profesora de la USC, igual que Fuentes, pone el foco en el sistema foral. “La Constitución”, recuerda, ampara los derechos históricos de los territorios forales, pero no dice que no tengan que contribuir a la solidaridad interterritorial”. Una cosa es reconocer el derecho a recaudar, gestionar y liquidar sus impuestos o los impuestos de su territorio, y “otra muy distinta es que no tengan que hacer una aportación a la solidaridad interterritorial”.
Por eso, subraya, si se habla de equidad lo primero que habría que hacer es ampliarla a País Vasco y Navarra para que también atiendan a la solidaridad. “Ahora mismo hacen una aportación al Fondo de Compensación no voy a decir ridícula, pero sí muy pequeña. Les correspondería hacer una mucho mayor”.
La desigualdad es propia de los sistemas federales, explica. “Hay una especie de mínimo común denominador, pero hay también un reconocimiento de diferencias entre comunidades. Esa es la esencia de un sistema como el nuestro, porque si no, tendríamos un sistema centralizado y no habría ningún tipo de discusión”. Lo que se busca en realidad “no es la igualdad. Para eso tendríamos un sistema centralizado. El sistema federal lo que busca es reconocer las diferencias, respetar las diferencias y, en la medida de lo posible, aportar financiación para que esas diferencias puedan producirse”.
Esa es la razón por la que cada comunidad puede decidir lo que desee, por ejemplo, sobre su tramo del IRPF. Si todos fuesen “exactamente iguales”, no haría falta un tramo autonómico del impuesto. “Si las comunidades son autónomas es porque tienen capacidad de decidir sobre sus propios ingresos”.
Reparto “topado”
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Cadaval es más crítica que Fuentes con el pacto fiscal para Cataluña. Con “el País Vasco y Navarra ahora mismo estamos en una situación de insolidaridad”. Y si Cataluña se equipara con ese modelo, “sería insolidario”. El acuerdo PSC-ERC, recuerda, establece el principio de ordinalidad (que después del reparto de solidaridad ninguna comunidad pierda posiciones en el ranking de dinero disponible), pero “en realidad lo que está diciendo es: ‘Vamos a poner un tope a ese reparto”.
Con el acuerdo para Cataluña, la Administración central perdería “la capacidad de control sobre la recaudación real de los principales impuestos en Cataluña. Que ya ha perdido en el País Vasco y Navarra”, recuerda, algo que le parece “una anomalía de nuestro Estado. Ningún otro país federal ha renunciado a ese poder sobre una parte de su territorio”, asegura. Eso sin contar con que el problema con Cataluña, “además de cualitativo, es cuantitativo. El País Vasco está en el 5,8% del PIB y Cataluña supera el 20% del PIB”.
A Cadaval le preocupa además que, como ha sucedido en el pasado, el acuerdo catalán acabe en “café para todos”. “Si hacen eso con todas las comunidades autónomas, en realidad habrán convertido el Estado cuasifederal que tenemos en la actualidad en un Estado confederal”. Sería, sostiene categórica, “un punto de inflexión en lo que hasta ahora conocemos como la descentralización del Estado español”.
Los barones del PP, siguiendo las indicaciones de Alberto Núñez Feijóo, suscribieron el pasado lunes 26 de agosto un manifiesto en el que invocan la “igualdad” como un “principio irrenunciable” para defender el actual modelo de financiación autonómica y el que debe sustituirlo, en oposición a la ruptura que, según ellos, va a suponer el modelo pactado por PSC y ERC para Cataluña, en el caso de que el Congreso de los Diputados apruebe las reformas legales imprescindibles para hacerlo realidad.