El PP y sus singularidades: Feijóo renuncia a poner orden entre sus barones en materia de financiación

¿Por qué el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no tiene una propuesta en materia de financiación autonómica? La respuesta es sencilla: porque su líder ha renunciado a tratar de poner de acuerdo a comunidades con intereses irreconciliables y traslada al Gobierno toda la responsabilidad en la tarea de encontrar un modelo compartido. 

La posición oficial de Génova en esta materia no se ha movido desde que Feijóo se hizo con las riendas. Su tesis es que debe ser la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que se sientan las 15 comunidades del régimen común, la que resuelva con éxito el complicado sudoku que supone renovar las reglas de reparto de un dinero del que dependen servicios tan importantes como la educación, la sanidad o la dependencia.

La ministra lo sabe. Y por eso, su estrategia sigue siendo que, antes de negociar en la CPFF, PP y PSOE unifiquen criterios con sus respectivos barones y negocien entre sí cómo debe ser el nuevo modelo. De hacerlo así, el PP debería acordar una posición común y compartida por parte de Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Galicia, Aragón, Cantabria y La Rioja. Aunque tampoco sería sencillo pactar entre las socialistas: Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, sobre todo después de haber dado el visto bueno al proyecto de cesión del 100% de la recaudación de los impuestos a la Generalitat de Salvador Illa a cambio de un porcentaje para financiar las competencias del Estado y de una aportación al común del resto de las comunidades autónomas.

Feijóo se propone reunir a sus barones en los primeros días de septiembre para fijar una estrategia de partido frente al pacto fiscal catalán. Pero no para establecer qué es lo que va a defender cada uno de ellos en materia de financiación autonómica. Y no lo hará porque sabe que las posiciones de unos y de otros territorios son irreconciliables.

Si se pone el énfasis en la población, ganan comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana. Si se prima, en cambio, la superficie o el envejecimiento, los beneficios serán para Galicia o para Castilla y León.

Encajar las diferentes “singularidades” que defiende cada territorio, el peso que unos criterios u otros tendrá en las reglas matemáticas de distribución de los fondos disponibles, será el gran caballo de batalla para lograr un acuerdo que las comunidades que se consideran a sí mismas más infrafinanciadas —en particular la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, las tres del PP— consideran inaplazable.

El propio Feijóo es un buen ejemplo de la dificultad de acomodar todas las piezas. Antes, cuando presidía Galicia, defendía una reforma del modelo de financiación autonómica adaptada a las necesidades de su comunidad, que tuviese en cuenta sobre todo los factores que encarecen la prestación de servicios, como la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, la superficie, la orografía o la involución demográfica. Pero nada más llegar a la política nacional, apostó por lo contrario. Desde entonces defiende que debe primar el criterio de la población, el mismo del que han hecho bandera Andalucía, Madrid o la Comunitat Valenciana.

Lo que sigue a continuación es un resumen de los principales criterios que defienden las comunidades autónomas del Partido Popular en materia de financiación.

Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha cifrado en numerosas ocasiones el dinero que, según él, su comunidad pierde cada año: entre 800 y 900 millones. Y pide desde hace años que, en tanto no se reforme el sistema de financiación, el Gobierno de España ponga en marcha un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente para las comunidades que según él están infrafinanciadas, entre las que incluye la suya. El criterio rector del reparto, sostiene Moreno, debe ser la población (la suya es la comunidad con mayor censo de habitantes).

Comunitat Valenciana

Existe un consenso según el cual esta es la comunidad más perjudicada por el modelo en vigor, una circunstancia que estaría en el origen de su abultado déficit. Para solucionarlo, el presidente Carlos Mazón propone lo que ha bautizado como una financiación autonómica “incentivada” en la que las comunidades tengan más margen de gestión de los impuestos indirectos para, a partir de ahí, “ensanchar la caja común” de la que se nutre el sistema, siempre de manera acordada entre todos los territorios y cumpliendo con un mínimo de recaudación.

Mazón también pide, como Moreno, un fondo transitorio para la Comunitat Valenciana y rechaza la condonación de la deuda, pero únicamente si se plantea como una “operación sólo para Cataluña” y no va acompañada de un cambio de la financiación. Como uno de los territorios más poblados, su prioridad también es que esa variable —el número de habitantes— gane protagonismo en el modelo final.

Madrid

Isabel Díaz Ayuso, igual que los presidentes de las comunidades más pobladas, quiere que el reparto de dinero se acerque lo más posible a la población real y se aleje de lo que el sistema actual denomina “población ajustada”: un cálculo a partir de varios factores que afectan al coste de la prestación de servicios. En estos momentos combina la población protegida equivalente (afecta a la prestación sanitaria). con un peso del 38%, la población real (un 30%), la población en edad escolar hasta los 16 años (un 20,5%), la mayor de 65 años (un 8,5%), la superficie (un 1,8%), la dispersión (un 0,6%) y la insularidad (un 0,6%). 

Madrid, que renuncia cada año bajo el gobierno del PP a sustanciales ingresos mediante rebajas impositivas que benefician, sobre todo, al porcentaje de población más rica, cree que pierde dinero cada año, en torno a un 4% de fondos, por la diferencia entre población real y ajustada.

Illes Balears

La presidenta Marga Prohens, cuya comunidad es una de las que aportan al sistema, quiere que el nuevo modelo respete la autonomía fiscal (rechaza que se pueda impedir la competencia entre comunidades para bajar impuestos) y que se tengan en cuenta el crecimiento poblacional, la población flotante y el principio de ordinalidad (es decir, que se garantice que Illes Balears mantiene su posición en el ránking de generación de riqueza una vez se ha producido la redistribución territorial de los recursos del sistema). También, por supuesto, “dar más peso” al factor de la insularidad. La “singularidad” de Baleares o Canarias, señaló hace pocas semanas, se puede observar por su situación geográfica, que “dificulta las comunicaciones con la península”.

Murcia

Fernando López Miras es, con seguridad, el presidente autonómico que menos ha concretado las demandas de su territorio en materia de financiación autonómica. Todo lo más se ha esforzado en disputar a la Comunitat Valenciana el dudoso honor de ser el territorio peor financiado de España, condición que le atribuyen algunos cálculos basados en la variable poblacional. Según él, Murcia recibe 650 millones de euros menos cada año de lo que debería.

“Tenemos que sentarnos todos en igualdad, en justicia, en equidad, y aprobar un sistema de financiación sin privilegios y sin singularidades, porque singulares somos todas las comunidades autónomas”, declaró el pasado mes de junio.

Aragón

El presidente regional, Jorge Azcón, defiende una financiación que tenga en cuenta “ciertas singularidades, como la extensión o la escasez y envejecimiento de la población, que nos hacen ser una comunidad muy diferencial respecto a otras”. Aragón quiere que el nuevo modelo tenga en cuenta las dificultades de los territorios rurales por la carencia de infraestructuras y su orografía, en particular la provincia de Teruel.

El Gobierno aragonés quiere dar mayor relevancia a criterios como la dispersión, la desigual distribución de la población o el envejecimiento, así como a variables físicas por la deficiente red de transportes y telecomunicaciones, como la orografía, la distancia, la conectividad y la accesibilidad territorial para el reparto de los recursos.

Galicia

La comunidad de origen de Feijóo mantiene que es “necesario reforzar el principio de suficiencia” y exige fijarse en “los factores determinantes de las necesidades de gasto reales”, no exclusivamente en la población. Eso significa tener en cuesta, “además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población” como “condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema”. Todo lo contrario que el criterio de población real.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se queja de que su comunidad recibe menos dinero del que necesita. Su Gobierno defiende que se atienda al coste real de los servicios que se prestan en cada territorio, teniendo en cuenta el envejecimiento sobre el gasto futuro e incorporando la perspectiva demográfica al nuevo modelo para dotar de una financiación adicional a las comunidades autónomas con retos demográficos.

Extremadura

La comunidad de María Guardiola también apela a la singularidad, aunque no utilice esta expresión. Quiere que se valoren variables como la superficie, la densidad de población o el envejecimiento para poder financiar el coste efectivo de los servicios que presta cada territorio. Y reclama un compromiso de compensación para aquellas comunidades que tienen carencias importantes en materia de comunicaciones e infraestructuras.

También propone que el Fondo de Compensación Interterritorial tenga, al menos, una asignación para las autonomías como la que tuvo en el año 2008, y que haya una financiación complementaria por parte del Estado para acelerar el proceso de convergencia (la reducción de la distancia entre las comunidades más ricas y las más pobres) en regiones como Extremadura.

La Rioja

La comunidad riojana ya ha expuesto una doble demanda para aceptar un nuevo modelo: el compromiso garantizado, en cualquiera de los supuestos, de que ninguna comunidad autónoma perderá recursos respecto al modelo actual y la creación de un fondo nuevo que beneficiaría a las comunidades más despobladas y con mayor dispersión poblacional.

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El nuevo fondo que propone La Rioja reservaría un 1% del monto global del nuevo sistema de financiación para repartirlo de forma lineal entre las quince comunidades autónomas del régimen común.

Cantabria

El Gobierno cántabro, consciente de tener la mejor financiación por habitante de España, centra sus demandas en no perder recursos. El consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, reclama “una ponderación media idéntica” a partir de una evaluación concreta de la situación actual.

Agüeros sostiene que el gasto de las regiones ha aumentado en este tiempo de forma “exponencial”, por lo que Cantabria reclama que se dote de más dinero al sistema de financiación. “Lo que no queremos es, con las mismas cantidades que están ahora encima de la mesa, modificar esos criterios”, porque Cantabria saldría “perdiendo”.