¿Cuál es el riesgo de que prescriban los casos de las muertes en las residencias durante la pandemia?
Los familiares de las víctimas de la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores llevan cinco años luchando, pero desde hace meses lo hacen contrarreloj. La última vía judicial que abrieron para investigar lo que sucedió durante los peores meses de la pandemia llegó a los juzgados prácticamente sobre la bocina y eso consiguió retrasar una prescripción que, en muchos casos, era inminente. Meses después de aquello, sólo el Juzgado de Instrucción número 3 ha movido ficha, imputando a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de entonces. ¿En qué situación queda ahora la prescripción de las muertes?
Estaba previsto que fuera a las 12.30 horas de este lunes cuando, por primera vez, tres ex altos cargos acudieran a declarar en forma de investigados. Se trataba de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmante y autor respectivamente de los Protocolos de la Vergüenza, y Antonio Burgueño, encargado de realizar un plan de medicalización de los centros de mayores que jamás se llevó a cabo. Sin embargo, tan sólo habían pasado cuatro minutos de la hora estipulada cuando la noticia cayó como una losa sobre los familiares de las víctimas que se concentraban en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla: la declaración quedaba suspendida.
Según explicaron los abogados de las organizaciones de familiares, las defensas de los tres hombres consideraban que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente, por lo que apenas habían tenido tiempo para preparar la defensa. Sin embargo, y según defendieron ante las puertas de los juzgados los abogados Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, el movimiento no era más que una "estrategia dilatoria" para "evitar lo que las víctimas reclaman, que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo", defendió Ranz.
Sin embargo, la maniobra no tendría demasiado sentido, explica Jacinto, teniendo en cuenta que los tres imputados van a tener que declarar igualmente y no van a lograr, en ningún caso, la prescripción. Una afirmación que, de todas formas, sirve exclusivamente para este caso concreto. De momento, para ningún otro.
Cinco años más seis meses
Los presuntos delitos por los que iban a declarar este lunes —algo que finalmente acabarán haciendo en una fecha que los abogados de las víctimas estiman antes de verano— se enmarcan en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. En este caso, por vivir en una residencia de mayores y tener un deterioro físico o cognitivo. No hacía falta tener covid, puesto que los "criterios de exclusión" que marcaban esos Protocolos de la Vergüenza se basaba, únicamente, en las otras dos condiciones.
Fueron 109 los familiares que en octubre lo denunciaron y lo hicieron en representación de 115 mayores, 111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020. Los otros cuatro sí pudieron ser tratados por los servicios sanitarios, pero en todo caso de forma demasiado tardía. El delito que el centenar de víctimas llevaron ante la Fiscalía Superior de Madrid prescribe a los cinco años de haberse cometido, por lo que en principio iba a ser hace un par de meses cuando todo se quedara para siempre en un cajón. En concreto entre marzo y abril, en función de la fecha de fallecimiento —o de hospitalización, en el caso de los que no fallecieron.
Sin embargo, un mes después de tenerlo sobre la mesa, la fiscal superior Almudena Lastra decidió declararse incompetente y dividir y repartir las causas entre varias fiscalías que tomaron declaración a los denunciantes, muchos de los cuales fueron escuchados por primera vez por la justicia. Fue entonces cuando el Ministerio Público interpuso denuncias nuevas o pidió reabrir otras tantas —como la relativa al caso que se iba a dirimir este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3—. En este contexto, varios particulares se sumaron a esta acción y presentaron también sus propias denuncias. En ese momento, el plazo de prescripción de los casos de todas esas muertes se vio ampliado en seis meses.
Ahora bien, el condicionante es que en ese periodo el juez debe dirigir la investigación. Es decir, tomar alguna decisión como la que adoptó la titular Isabel Durántez. Por eso esa muerte en concreto está paralizada. Y por eso el resto tienen hasta septiembre u octubre para esquivar la prescripción del posible delito, como detalla desde el otro lado del teléfono a Infolibre Alejandra Jacinto.
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En total, y según la información que ofrecieron las familias la semana pasada, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya están en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por esas víctimas que han visto rechazada su querella.
Las organizaciones de familiares, en cualquier caso, seguirán luchando. Lo expresaron así también sus letrados, después de la suspensión de la declaración de los ex altos cargos de Ayuso. "Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", señaló Jacinto a las puertas de los juzgados. "Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7291 discriminaciones no van a quedar impunes", añadió Eduardo Ranz.
Por su parte, las organizaciones de familiares 7291 Verdad y Justicia y Pladigmare han convocado un acto para este domingo 1 de junio en la plaza Juan Goytisolo de Madrid, frente al Museo Reina Sofía. El objetivo, según explicaron en rueda de prensa, es rendir homenaje a todos los fallecidos y reclamar verdad, justicia y reparación. Lo harán, además, con el apoyo de víctimas de la dana de la Comunitat Valenciana, con las que se sienten, dicen, íntimamente ligados.
