El PP legitima la protesta en la calle con un discurso incendiario y alineado con la extrema derecha

Ni una palabra de condena. El PP no asume como propias las manifestaciones y protestas organizadas por sus socios de ultraderecha frente a las sedes del PSOE en toda España, pero se muestra comprensivo con quienes participan en ellas, critica que la policía interviniese para evitar el asalto a la de Ferraz y se niega a condenar la estrategia de Vox.

En la sede del Partido Popular están convencidos de que tienen el liderazgo de la oposición a que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante mediante acuerdos con otras fuerzas políticas, en particular con Junts y Esquerra, y creen que la radicalización de su discurso está empezando a dar frutos en su objetivo principal: ampliar su propio perímetro a costa de Vox y, según ellos, atrayendo a votantes que supuestamente votaron al PSOE en julio y ahora están desengañados con las decisiones de Pedro Sánchez.

En Génova el llamamiento a las movilizaciones es total. Y aunque no compartan la estrategia de la ultraderecha de manifestarse frente a las sedes socialistas, no están dispuestos, al menos de momento, a hacer una condena explícita de sucesos como el de la pasada noche en Madrid, cuando un grupo de manifestantes intentó superar el cordón policial para entrar en la sede del PSOE de la calle Ferraz. 

No lo hicieron a través del comunicado que difundieron a primera hora de la mañana ni lo hizo tampoco su portavoz, Borja Sémper, en una entrevista en Antena 3 TV. El PP toma distancia con una convocatoria que no es suya, pero se muestra comprensivo con los manifestantes y crítico con las cargas policiales, que atribuye a la voluntad del Gobierno, no a una decisión de tomada por mandos policiales en defensa del orden público.

Comparación con el 11M

En vez de condenar la protesta, Génova la comparó con las movilizaciones convocadas hace casi 20 años frente a las sedes del PP después de que el Gobierno de José María Aznar intentase engañar a los ciudadanos, convocados a votar al día siguiente, haciéndoles creer que los atentados del 11M habían sido obra de ETA y no del yihadismo islamista.

“La delegación del Gobierno, entonces, no ordenó cargar a la Policía ni usar gases lacrimógenos. Ayer, el Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente Ley Mordaza”, aseguró el PP a través de un comunicado.

En el mismo texto, el PP critica a los mandos del Ministerio del Interior, subraya que todas sus manifestaciones y actos públicos han sido “pacíficos y se desarrollaron de un modo ejemplar” y anima a participar en las concentraciones que han convocado el domingo en las 52 capitales de provincia y, el próximo 18 de noviembre, en la organizada en la Plaza de Cibeles de Madrid, a la que también acudirá Vox. “La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia”, advierten. 

“Vamos a liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular”, reafirma el PP.

Ayuso dice que la protesta “irá a más”

Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, culpó a “un grupo de ultras” que “parasitaron una parte de la manifestación” de lo ocurrido el lunes en Ferraz para, a renglón seguido, echar más leña al fuego: “Hay un grandísimo descontento ciudadano de izquierda a derecha porque nos va la democracia en ello. Un descontento general inmenso, que va a más y que, además, también se traduce en que los españoles, el pueblo, tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Esto es cosa de todos”.

La radicalización de la protesta en la calle sigue a los discursos, cada vez más incendiarios, con los que PP y Vox tratan de alentar, sostener y liderar la oposición a la investidura. Apenas unas horas antes de los sucesos frente a la sede de Ferraz, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal habían pronunciado discursos en los que acusaban al presidente en funciones de estar acabando con la democracia y cometiendo un golpe de Estado.

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El líder del PP afirma abiertamente que caminamos hacia “una democracia sin Estado de Derecho” que “es una democracia hueca”. Y que lo que está pasando es una “aberración” y un “escándalo” de “dimensiones sin precedentes en la historia democrática de España”. “Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos y que traguemos. Incluso más: pretenden insultarnos y decir que los radicales somos nosotros por defender al Estado, por defender la justicia y por defender a los servidores públicos. Pues les advierto, insisto, no nos vamos a callar”. Estamos, según Feijóo, ante el “precipicio” de “decirle a los jueces que pueden ser procesados por cumplir la ley”.

Abascal, que llegó a acudir personalmente a la protesta ante la sede del PSOE antes de que se produjesen los incidentes —igual que otros dirigentes de Vox en diferentes localidades— compite en hipérboles con Feijóo. Él acusa abiertamente al presidente del Gobierno de estar cometiendo un “golpe de Estado”. “Lograr una investidura, alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales, es la ruptura total de la convivencia y de la paz social en España”, sostiene.

El líder de Vox, que llamó expresamente a protestar ante las sedes del PSOE, fue incluso un paso más allá al afirmar que la amnistía permite a todos los españoles saltarse la ley. “Quiero decir al Partido Socialista y al Gobierno que, si lo que nos dice con esta ley de amnistía es que la ley no vale para sus cómplices de investidura, debe saber el Gobierno que la ley entonces no vale para ningún español”. Si “se puede indultar a quienes cometieron delitos gravísimos, con manifestaciones violentas, con artefactos incendiarios, el Gobierno debe saber que este es un mensaje muy peligroso que lanza al conjunto de la nación, porque si la ley no vale para los socialistas ni para sus cómplices, la ley entonces no vale para el conjunto de los españoles”, advirtió.