El nuevo Tribunal Constitucional se abre camino. Renovado después de meses de bloqueo y que contará con una mayoría progresista. Se ha salvado una de las ramas de la grave crisis institucional que azota España, empantanada principalmente por las derechas judicial y política. Pero queda otro foco, la madre de todos los corderos: un Consejo General del Poder Judicial con un mandato caducado desde hace más de cuatro años por las obstrucciones del Partido Popular.
¿Y siente ahora más presión el Partido Popular para negociar y pactar? La respuesta la están dejando clara en Génova 13: no. El PP no se ha dado por aludido durante estas horas y no abre la puerta a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, hay una nueva excusa: la “esclavitud moral” del Gobierno con Esquerra Republicana y EH BIldu.
Esta se une a las más de veinte excusas utilizadas por el PP, tanto en la época de Pablo Casado como de Alberto Núñez Feijóo, para no acceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que no se pierda la mayoría conservadora que impera en el órgano de gobierno de los jueces. Los populares han pasado por todo tipo de pretextos como el apoyo “de independentistas y batasunos”, que Podemos ataca al rey, los indultos o que había elecciones en Andalucía y Madrid, además de la reforma del delito de sedición.
La enésima excusa del PP
Esta ocasión se utiliza esa supuesta “esclavitud moral” del Gobierno con Esquerra y EH Bildu, a pesar de que esos pactos y el bloque de investidura estaban ya presentes en la anterior negociación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que estuvo a punto de fructificar pero que el líder popular rompió a última hora, con la excusa de la sedición y la presión de la derecha mediática y de la parte más ortodoxa de su partido.
La apuesta de los populares, de hecho, va incluso ahora más lejos. No solo no se avienen a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que insisten en que se debería ampliar las competencias para que pueda hacer nombramientos este CGPJ en funciones. Las Cortes Generales aprobaron una proposición de ley para retirar esta facultad al órgano de gobiernos de los jueces mientras no se renueve. Pero los populares ahora intentan recobrar para seguir con un GGPJ a la derecha funcionando a pleno pulmón.
Pero no sólo eso, el Partido Popular lleva pidiendo, desde que se conoció el acuerdo del CGPJ que el Gobierno, en cambio, cambie a los dos miembros que ha designado (Juan Carlos Campo y Laura Díez). Un nombramiento que corresponde al Ejecutivo por ley. Con el argumento, dice el PP, de buscar otros candidatos más independientes, aunque el Partido Popular no dice lo mismo para, por ejemplo, Enrique Arnaldo, magistrado en la órbita del Partido Popular y que ha participado en cursos de Faes.
El PP quiere que el Gobierno desista de la proposición de ley
Y es que el Partido Popular, según explicó su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, quiere asimismo que el Gobierno desista de su intención de presentar una proposición de ley, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de UP, para rebajar las minorías en el CGPJ para elegir a los miembros del TC.
Esta propuesta fue incluida en la macrorreforma legal del Gobierno. De hecho salió adelante con el conjunto del texto con una abrumadora mayoría de 184 votos a favor en el Congreso, antes de que el Tribunal Constitucional aceptara las medidas cautelarísimas del Partido Popular y paralizara por primera vez en la historia un debate y votación (ya en la fase del Senado). Por el momento, el Gobierno ha enfriado esta proposición de ley, pero es partidario de sacarla adelante luego para evitar futuros bloqueos como se ha visto hasta ahora, con el sector conservador impidiendo los nombramientos a pesar de que por ley se debería haber hecho antes del 13 de septiembre.
El Partido Popular no ha cambiado ni un ápice a pesar del desbloqueo del Consejo General de los miembros del TC, gracias al movimiento del sector progresista, y se centra también ahora en el relato, intentando vender que ha sido esto una “lección” al Ejecutivo. Y hablando de “secuestro” del Consejo, al no poder hacer nombramientos, y criticando que esto lleve a que no se renueve el Supremo. Con esta justificación por parte de González Pons: “No ha sido un bloqueo, sino una resistencia democrática de los vocales a que el Gobierno le impusiera los magistrados que debía elegir”.
De esta manera, el Partido Popular se niega a llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sitúa a Alberto Núñez Feijóo en una apuesta todavía mayor que la de Pablo Casado, al aumentar el tiempo de la caducidad y pensar ya en una posible renovación de cara a la próxima legislatura.
La Justicia se ha convertido en uno de los pilares democráticos más vapuleados durante estos años. De hecho, el propio rey, durante su discurso tradicional televisado de Nochebuena, mostró su preocupación por la “erosión” de las instituciones e hizo una llamada para fortalecerlas para proteger a los ciudadanos, atender sus preocupaciones, garantizar los derechos y responder “al interés general”.
Asimismo, de manera paralela al bloqueo durante estos años, el PP y Vox han querido convertir al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara, para intentar tumbar algunas medidas clave como la ley de la eutanasia, la reforma laboral, la ley ‘rider’ o ley del aborto de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno pone el foco en el PP y la renovación del CGPJ
Ver másEl desbloqueo del TC: tan sencillo como cumplir la ley
Desde el Gobierno se intenta, a raíz de la renovación del Constitucional, poner de nuevo el foco y la presión en el Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta es la fórmula necesaria, ya que el PSOE descarta acceder a la propuesta que lanza Unidas Podemos de rebajar la mayoría necesaria reforzada a una simple en las Cortes para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pedro Sánchez no contempla esta vía sabiendo que Bruselas no está a favor de eso.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, volvió este miércoles a pedir al Partido Popular que abandone sus “artimañas” y firme el acuerdo que en su día estuvo a punto de materializarse. Mientras no lo haga, según el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo no tendrá “ninguna credibilidad”. Con este mensaje tras la reacción de Génova 13: "Que el PP quiera nombrar a los dos magistrados del TC que corresponde nombrar al Gobierno cuando gobierna el PP y cuando gobierna el PSOE es poco menos que una inocentada".
Los puentes con el Partido Popular están rotos en estos momentos. El propio presidente del Gobierno lo verbalizó así durante su comparecencia en La Moncloa este martes para hacer balance del año. Ante la preguntaba de qué esperaba del PP, respondía: “¿Qué espero del PP? Imagino que será una pregunta retórica, permítame el sarcasmo. El balance del nuevo líder de la oposición... pues enmudecer a las Cortes. Niega el pan y la sal, vota no a todo, se opone a todo… Y el insulto y la descalificación, antes me llamaban de una manera y ahora de otra pero significa lo mismo".
El nuevo Tribunal Constitucional se abre camino. Renovado después de meses de bloqueo y que contará con una mayoría progresista. Se ha salvado una de las ramas de la grave crisis institucional que azota España, empantanada principalmente por las derechas judicial y política. Pero queda otro foco, la madre de todos los corderos: un Consejo General del Poder Judicial con un mandato caducado desde hace más de cuatro años por las obstrucciones del Partido Popular.