El desbloqueo del TC: tan sencillo como cumplir la ley

La actualidad lo pone en bandeja. A Pere Aragonès, president de la Generalitat de Cataluña por un partido que defiende la autodeterminación de Cataluña desde hace 91 años, le gustaría no cumplir la Constitución, pero la cumple. Así, en su discurso del martes por la noche, abogó por la cuadratura del círculo: un referéndum de autodeterminación, pero legal y acordado. Atrás, en 2017, quedaron las vías unilaterales, las leyes de desconexión y el fulgor del procés. 

El PP, que se reivindica como partido constitucionalista, que a menudo intenta establecer por su cuenta quiénes son y quiénes no forman parte del club, lleva cuatro años incumpliendo la Carta Magna, que en su artículo 122.3 fija los plazos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que define la orientación de las principales plazas judiciales de España, donde se juzgan todos los asuntos que afectan, y mucho, a los ciudadanos. Los motivos están a la vista de todos. Las excusas, algunas realmente peregrinas, que se amontonan por decenas en la hemeroteca, también. 

A unos les gustaría no cumplirla (se lo pide el cuerpo), pero no les queda más remedio. Y ya saben lo que ocurre cuando no lo hacen. Otros dan lecciones de cómo cumplirla (casi con fervor místico) mientras son los primeros en pisotear sus provisiones porque, precisamente, están convencidos de que les sale gratis. La clave está en la percepción pública y en su politización, en su mejor sentido (para mí, el único que tiene, lo otro es partidismo) y su conciencia de lo público. Y en sus consecuencias electorales. 

Cataluña es una vía rápida para la indignación de ciertos votantes conservadores que no son insensibles a atavismos seculares. La historia pesa. Por contra, el pleno respeto de las instituciones presume civismo y la anteposición de la razón. Visto lo visto, quizás 44 años de democracia no hayan dejado aún el poso suficiente. 

La estabilidad institucional no genera pasiones. Al contrario: el virus del populismo necesita pasar por encima de las instituciones, cuya fortaleza opera precisamente como antídoto. Lo hemos visto en otras democracias avanzadas y consolidadas, con consecuencias funestas, como el asalto violento al Congreso de EEUU (¡en nombre del pueblo!), y lo vemos en España. En la de 2017 y en la de 2022. ¡Para qué voy a pararme a reflexionar si siento el pecho enardecido! Nada está a salvo fuera de la institucionalidad. Y nada es nada.

Cuando pensábamos que diciembre no podía dar más de sí, saltó la sorpresa. ¡Unanimidad en el CGPJ! ¡Milagro! Todo en 10 minutos, sin debates extenuantes y recesos para reponer fuerzas.

Conviene echar la vista atrás. El pleno de este martes es tan solo el segundo en el que se debatieron nombres. La viciada tradición de que el bipartidismo se reparta, como si fueran cromos, el conjunto de vocales del CGPJ, indicaba que a los conservadores les correspondía elegir a un magistrado (conservador) para el Tribunal Constitucional y a los progresistas, otro (progresista). Pues bien: los conservadores han elegido al conservador, César Tolosa, y a la progresista, María Luisa Segoviano. Y los progresistas han decidido, para sorpresa de todos, incluidos los conservadores del CGPJ, que el desbloqueo del TC bien valía renunciar a su candidato, José María Bandrés. Un epílogo a la altura de la rocambolesca cronología que protagoniza el bloqueo conservador y partidista de las altas instituciones jurídicas del Estado. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Si los vocales del CGPJ no hubieran pasado un verano en blanco, no se habrían saltado el plazo legal (hablamos de los vocales del Poder Judicial, nada menos) que les obligaba a culminar la renovación del TC el 13 de septiembre, no habríamos llegado hasta aquí..

Si Alberto Núñez Feijóo hubiera ejercido el liderazgo en su partido, confirmando su intención de desbloquear el CGPJ cuando en abril desembarcó en Génova al son de las trompetas, reivindicando que había votado a Felipe González y que tiene un amigo sindicalista, no habríamos llegado hasta aquí. 

Si los vocales, conservadores y progresistas, hubiesen dimitido de su puesto (por vergüenza torera) cuando caducaron sus mandatos, en diciembre de 2018, los partidos no habrían tenido más remedio que pactar y no habríamos llegado hasta aquí. 

Si el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no se hubiese aprovechado del bloqueo para ahormar mayorías con las que seguir pintando el panorama judicial para una España progresista con el color conservador fruto de los equilibrios de 2011 (mayoría absoluta de Rajoy), e igualmente hubiera dimitido, no habríamos llegado hasta aquí. 

Si a Pablo Casado, que soñaba con controlar “la sala Segunda [del Tribunal Supremo] desde atrás” (sin que, en realidad, le hiciera mucha falta) no le hubieran temblado las piernas en su competición con Vox por el liderazgo de la derecha, no habríamos llegado hasta aquí. 

Si el PP se hubiera abstenido de deslegitimar al Gobierno nacido de una exquisitamente constitucional moción de censura, o su posterior confirmación en las urnas, con el argumento de que hay escaños que no valen, ciudadanos cuya representación no cuenta o no se puede plasmar en el día a día de la actividad parlamentaria, no estaríamos aquí. 

Hay que reconocerlo también: si Pedro Sánchez no se hubiese atrevido, por la vía menos ortodoxa posible, a introducir dos polémicas enmiendas para desbloquear el TC, al sector conservador del CGPJ hasta entonces instalado en el filibusterismo no le habrían entrado las prisas. Y que vaya por delante: modificaciones tan importantes como las del Código Penal deben hacerse con más calma, debate e informes técnicos. Por más que todos los Gobiernos lo hayan hecho en el pasado, introducir enmiendas en leyes que nada tienen que ver, como fueron las del desbloqueo del TC, es una pobre técnica legislativa llena de riesgos innecesarios.

Cuando el PP tiene problemas en su liderazgo, o sus líderes tienen problemas en las urnas, se convierten en problemas para la democracia por la vía del secuestro del Poder Judicial.

Por último. Si el PP hubiera ganado las elecciones o, al menos, hubiera podido reunir una mayoría suficiente para la investidura tras las dos elecciones de 2019, hace ya más de tres años, tampoco habríamos llegado hasta aquí. 

La Historia es esclarecedora: el PP prolonga la agonía del CGPJ sólo cuando está en la oposición. He ahí la gravedad. Cuando el PP tiene problemas en su liderazgo, o sus líderes tienen problemas en las urnas, se convierten en problemas para la democracia y el cumplimiento de la Constitución por la vía del secuestro del Poder Judicial. 

Y las instituciones no pueden ponerse en cuestión porque el PP no esté conforme con el lugar que le reservan los ciudadanos con su voto. El cumplimiento de la ley no puede depender de los temblores de piernas de líderes conservadores bajo las balas del fuego amigo. 

El Constitucional ha sido desbloqueado. Aleluya. Salvo otro giro de guión, podrá funcionar con normalidad muy pronto y hasta 2026, cuando toca renovar otro tercio. Ahora queda el CGPJ. Obras son amores.