La crisis por la pandemia del coronavirus arrasa con casi todo. Derriba fronteras, pone en evidencia las fragilidades de la economía, golpea a sectores que parecían inexpugnables, exhibe la fragilidad de otros sectores durante años abandonados por los poderes públicos y hace que se tambaleen planteamientos ideológicos o apuestas políticas que parecían inamovibles para sus promotores.
En el caso del Partido Popular, el principal partido de la oposición se enfrenta estos días a las contradicciones en una serie de principios que, sobre el papel, pretendían ser parte de la columna vertebral de su ideario y que, en la práctica y más en una situación tan compleja como la actual, se quedan en modo de espera.
Los conservadores están comprobando estos días la complejidad de la asunción de las competencias de las comunidades por parte del Estado. No es ningún secreto, porque los presidentes autonómicos del Partido Popular no están ocultando los roces que están teniendo con el Gobierno central. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y Murcia son los máximos exponentes. También se enfrentan a contradicciones en el modelo de gestión sanitaria puesto en práctica en sus territorios, el de las privatizaciones, y en su defensa de los valores liberales.
Las elecciones del 28A
En el primer programa electoral con el que Pablo Casado concurrió a las elecciones como líder de los conservadores, el de los comicios del 28 de abril de 2019, una de las cuestiones fundamentales fue la apuesta por la recentralización de competencias.
El documento dejaba por escrito el compromiso de reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas. Con esto pretendían "garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas".
Creen los conservadores, y así lo sostenían en el preámbulo de este programa, titulado Nuestro contrato con los españoles,Nuestro contrato con los españoles que "si en 1978 la modernización del país pasaba por la descentralización, hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el de fortalecer la capacidad vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles".
Si lograba ganar las elecciones, Casado se comprometía a aprobar "una moratoria" que paralizaría "la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas"cesión de nuevas transferencias a las comunidades . Y, además, establecería "los cauces necesarios" para que aquellas comunidades autónomas que así lo quisieran encomendasen a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que pudiesen ser administradas "de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación".
La centralización afectaba también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Reformaremos la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas", defendían los conservadores en este programa que aglutinaba la oferta del partido para las generales, autonómicas y municipales.
El grueso de estas propuestas había que entenderlas en el contexto de la crisis territorial con Cataluña. El PP competía con Ciudadanos y Vox en dureza y en la exigencia a Pedro Sánchez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Barones territoriales que marcan discurso propio... con el apoyo del líder
Ahora, el contexto es totalmente diferente y los barones conservadores tiran de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo. El propio Casado avaló este lunes que dirigentes de su formación plantearan, en un estado de alarma en el que la última palabra la tiene el Ejecutivo central, el cierre total de las comunidades autónomas. El más contundente en este sentido ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Según comentó el líder del PP en una rueda de prensa tras reunirse con alcaldes de localidades gobernadas por su partido, con una pandemia de estas características, él prefiere que se "peque por exceso" a la hora de tomar medidasporque "es mejor prevenir que tener que curar". Así, vio "positiva" cualquier propuesta de las comunidades y consistorios que vaya en la línea de la "protección de sus vecinos".
En todo caso, mantuvo que tiene que ser el "mando único" el que "armonice" esas medidas. Otras regiones gobernadas por el PP como Andalucía y Castilla y León —ambas en coalición con Cs— también ven con buenos ojos lo planteado por López Miras.
De momento, el Gobierno no comparte la misma opinión que los conservadores, aunque se trata de un asunto que genera cierto debate interno puertas adentro de la Moncloa. En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió la continuidad de las actividades esenciales en la economía española para que pueda continuar funcionando el sistema sanitario y para asegurar "cuanto antes" la recuperación económica tras la crisis sanitaria.
El PP se define como un partido liberal. Y la insistencia de Casado en estos días en que el Ejecutivo se queda corto en sus actuaciones en el campo económico para hacer frente a la pandemia hace también que se encuentren discrepancias respecto a sus posiciones originales o planteamientos de cabecera.
El líder del principal partido de la oposición ha intentado justificar su postura. "Es compatible tomar medidas de choque urgentes—como ellos demandan—: líneas de crédito, retardo en el cobro de impuestos, ayudas directas para los más vulnerables, el tema hipotecario, etc. Y, al mismo tiempo, decir que no se puede hacer rígida ni se puede poner palos en la rueda en una recuperación económica, si no que hay que bajar impuestos, reducir trabas burocráticas, reducir los costes laborales... para que en cuanto combatamos y derrotemos al virus la gente pueda volver a su trabajo", defendió en su comparecencia ante la prensa.
Un modelo sanitario en cuestión
El Partido Popular también se enfrenta estos días en los que faltan medios, personal y camas en los hospitales a críticas sobre su modelo de gestión de la Sanidad pública, con la Comunidad de Madrid como principal foco de estos reproches. También por los recortes en servicios sociales cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa tras las generales de 2011.
Casado acusa a Sánchez de "defraudar a los españoles" y "abandonar a su suerte" a los sanitarios
Pero Casado, en la misma rueda de prensa, vendió un panorama diferente. Dijo que su partido estuvo a la altura en los peores años de la crisis. Y pidió "lealtad bidireccional" al Gobierno de Sánchez a la hora de criticar la gestión de los gobiernos del PP.
El PP siempre ha defendido que su modelo de gestión de los hospitales puesto en marcha durante los gobiernos de Esperanza Aguirre nunca afectó a la calidad del servicio prestado, pese a las denuncias de la oposición y de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.
"El incremento del gasto sanitario es común en todas las comunidades autónomas y especialmente en las del Partido Popular. Lo tengo que decir, especialmente en la Comunidad de Madrid. Porque no hay otra autonomía que haya abierto 12 hospitales en diez años, no hay otra autonomía que haya incrementado el 10% del gasto en plantilla...", dijo Casado.
La crisis por la pandemia del coronavirus arrasa con casi todo. Derriba fronteras, pone en evidencia las fragilidades de la economía, golpea a sectores que parecían inexpugnables, exhibe la fragilidad de otros sectores durante años abandonados por los poderes públicos y hace que se tambaleen planteamientos ideológicos o apuestas políticas que parecían inamovibles para sus promotores.