La sentencia de la pieza principal de Gürtel que, además de confirmar la existencia de la caja B, de poner en duda la credibilidad de Mariano Rajoy y de describir cómo funcionaba el "sistema de corrupción institucional", declara al PP beneficiario económico de la trama, ha provocado un terremoto que anticipa múltiples réplicas. Como en una nueva variante del mito, la piedra de la corrupción amenaza con caer desde la cima monte abajo una y otra vez sobre la formación conservadora. Los por el PP llamados "hechos del pasado" dominan hoy el presente más actual del partido en el Gobierno.
Encadenado a los tribunales por un racimo de casos que no solo no ha menguado sino que crece por días en extensión y relevancia de los involucrados, con los exministros Alberto Ruiz-Gallardón -Operación Lezo- y Eduardo Zaplana -Operación Erial- como las más recientes incorporaciones, en el horizonte del PP se vislumbran ya varias nuevas amenazas tangibles.
Si ya antes de la demoledora sentencia del jueves al PP le aguardaban en la Audiencia nueve piezas de Gürtel -seisyapendientes de juicio- así como 15 de Púnica y cuatro de Lezo en instrución, más una imputación penal como partido por el caso de los ordenadores de Bárcenas en un juzgado de Madrid y otra en la Operación Taula sobre la financiación del grupo municipal del PP en Valencia, hoy tiene ante sí la que todos los observadores definen como la más amenaza más inquietante aunque todavía incierta: la que acecha tras la más que posible entrada inmediata en prisión de la mujer de Luis Bárcenas, condenada el jueves a 15 años.
¿Desempolvará su marido documentos todavía desconocidos para entregárselos a la prensa o directamente al juez de la Audiencia José de la Mata, que investiga ahora la pieza de los papeles de Bárcenas tras la reapertura desencadenada hace año y medio por la confesión de Francisco Correa? Esa, hoy, es la gran incógnita. La decisión sobre el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias se conocerá el lunes. Tendrá la última palabra un tribunal del que no se sabe aún si formará parte el juez José Ricardo de Prada, uno de los dos magistrados cuyo voto decidió la condena al PP como beneficiario económico de la red corrupta.
Pero más allá de lo que pueda hacer el extesorero, el partido afronta un segundo peligro relacionado con el mismo apellido: el de una hipotética condena penal por haber destruido los ordenadores de Bárcenas con el presumible objetivo de eliminar la información sensible en ellos contenida.
En el caso de los ordenadores de Bárcenas, pendiente de un juicio aún sin fecha y donde se acusa al partido del delito de daños informáticos por haber formateado 35 veces los discos duros antes de rayarlos literalmente para borrar su contenido, la Fiscalía no acusa. Pero hay tres acusaciones populares.
¿Y cómo se condena penalmente a un partido, es decir, a un ente incorpóreo que por definición no puede dormir entre rejas? Pues aplicando los artículos que tras la reforma del Código Penal de 2012 permiten actuar contra partidos y sindicatos y que prevén incluso la disolución de las organizaciones condenadas por delitos que antes sólo podían ser atribuidos a personas físicas, es decir, de carne y hueso. Hasta esa fecha y salvo en supuestos de terrorismo, un partido quedaba por definición y en la práctica exento de culpa. De culpa en el ámbito penal, no así en el civil, como recuerda la sentencia de la pieza principal de Gürtel conocida este jueves.
Una de las acusaciones populares del caso ordenadores, la que ejerce Observatori Desc, pide que el PP sea suspendido de actividad durante seis meses y quede inhabilitado por cinco años para recibir donaciones privadas. La celebración del juicio fue ordenada por una jueza de instrucción de Madrid en noviembre de 2017.
La amenaza de Valencia
Desde el flanco estrictamente judicial, la amenaza que se perfila más próxima no es otra que la sentencia del segundo gran juicio de la serie Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional, aquel donde 13 de los 19 acusados confesaron haber participado en la financiación ilegal del PP valenciano. Diga lo que diga esa resolución, en la memoria colectiva y, sobre todo, en las hemerotecas digitales de alcance universal ha quedado ya para siempre registrada la frase con que Ricardo Costa, que fue número dos de Francisco Camps, dinamitó el 24 de enero los últimos sacos terreros de las defensas: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".
Camps, que salió ileso de la primera y más frágil rama nacida del tronco de Gürtel, el caso de los trajes, ha vuelto a desfilar ante los juzgados. Ahora, por el caso Valmor y el agujero de 300 millones que la fallida organización de la Fórmula 1 hizo en el ya deteriorado casco del erario público valenciano.
Pero tampoco son esos los únicos peligros que arrostra el PP. Si, paradójicamente, en el caso de la recién juzgada financiación valenciana la formación conservadora no consta como partícipe a título lucrativo, sí se arriesga a ser condenada de nuevo por ese concepto en la pieza de Gürtel conocida como la de BoadillaGürtel, donde el beneficio económico que le habrían reportado los delitos se cifra en 204.000 euros. El PP figura también como responsable civil subsidiario en los papeles de Bárcenas.
En lista de espera... y de tribunal
En la sobrecargada Audiencia Nacional permanecen en lista de espera para juicio seis de las ya citadas nueve piezas pendientes de GürtelGürtel. Y entre ellas se cuenta la de Boadilla. Para ese juicio no hay tampoco fecha. Y no parece probable que la haya de manera inminente.
El reciente apartamiento del tercer magistrado recusado por las acusaciones -con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción- en Gürtel por su proximidad al PP, Juan Pablo González, obliga a la Audiencia a reconfigurar el tribunal. Nada menos que por tercera vez.
La primera sala acabó pulverizada sin haber comenzado su desempeño tras la doble recusación en 2015 de Concepción Espejel, hoy presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, y de Enrique López, ahora destinado en otro poderoso puesto de la judicatura, la nueva Sala de Apelaciones de esa misma Audiencia Nacional. El segundo tribunal es el que, por mayoría de dos a uno, acaba de dictar la sentencia que certifica que hubo contabilidad B. En el tercero, impulsado por Espejel tras alterar la Audiencia de forma inopinada y retroactiva la composición de esa segunda sala, iba a integrarse Juan Pablo González pero tampoco ha llegado a funcionar. En el cuarto no se sabe aún quiénes estarán.
También en la pieza de Boadilla, como en todas las de Gürtel, habría sido materialmente imposible en cualquier caso sentar al PP en el banquillo de los acusados: los hechos que se juzgarán llegan como mucho y al igual que todos los vinculados a la red de Correa hasta finales de la pasada década, antes de la ya mencionada reforma del Código Penal que permite encausar a los partidos.
Pero tras lo sucedido en la pieza principal de Gürtel, una segunda condena de signo civil parece difícil de sortear aquí para el PP. El 29 de junio del 2016, el juez instructor, José de la Mata, acordó la apertura de juicio oral para 27 investigados de la pieza de Boadilla. El auto declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y sitúa al PP como partícipe a título lucrativo. El entramado mixto compuesto por el grupo de Correa y los dirigentes del PP procesados consiguió "que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido". Total: 204.198,54 euros.
El elenco de 'Púnica' y el 'leitmotiv' del dinero B
En fase de instrucción, el juzgado central 6 de la misma Audiencia Nacional tramita las ya referidas 15 piezas de Púnica, cuyo principal protagonista es Francisco Granados, antiguo número dos del PP de Esperanza Aguirre. Y las cuatro de Lezo, con el expresidente madrileño Ignacio González como investigado clave.
Como en un canon -musical o de tarifas en metálico-, un triple leitmotiv se repite con regularidad en Púnica y Lezo: contratos amañados, mordidas para dirigentes de bajo, medio o alto nivel y fondos opacos o pagos en especie que presuntamente iban a parar al partido.
Con la citación de Gallardón como imputado -declarará el 7 de junio por haber dado vía libre a la compra de la firma colombiana Inassa- son ya tres los expresidentes madrileños del PP bajo sospecha formal de corrupción: o sea, todos salvo Esperanza Aguirre. Porque, aunque por un caso de menor entidad que los anteriores pero que terminó por forzar su dimisión hace menos de un mes -el del máster presuntamente falsificado-, también un juzgado de Madrid mantiene imputada a Cristina Cifuentes. La UCO señaló hace un año a Cifuentes en uno de sus informes por su papel en la adjudicación de uno de los contratos investigados en Púnica. A día de hoy, no ha sido imputada.
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En total, el caso Púnica ha reunido ya en el elenco de presuntos infractores a tres expresidentes autonómicos: a Granados y González -que hace doblete con Lezo- se le suma Pedro Antonio Sánchez, que dimitió como jefe del Gobierno murciano en abril de 2017 tras conocer el escrito del juez que le atribuía fraude, soborno y revelación de información por contratos de reputación online que iban a ser sufragados con dinero público.
Su compañera de filas y exalcaldesa de Cartagena, la todavía senadora Pilar Barreiro, permanece investigada por hechos casi idénticos pero en el Tribunal Supremo. En contra de las tesis de Anticorrupción, la Fiscalía del Supremo ha pedido el archivo de la causa contra Barreiro. De momento, no lo ha conseguido. Y las fuentes jurídicas que siguen el caso dudan de un sobreseimiento inmediato.
Dos meses antes de que se viera forzado a dimitir, Pedro Antonio Sánchez encontró en Mariano Rajoy un valedor de primera línea. El presidente también habló en aquella ocasión de hechos del pasado. Pero no para poner distancia sino esta vez para asegurar que ya con anterioridad Sánchez había sido objeto de una persecución política materializada en "16 denuncias" que finalmente se habían archivado. En realidad, esas 16 denuncias nunca existieron. Sánchez sigue hoy imputado en la Operación Púnica.
La sentencia de la pieza principal de Gürtel que, además de confirmar la existencia de la caja B, de poner en duda la credibilidad de Mariano Rajoy y de describir cómo funcionaba el "sistema de corrupción institucional", declara al PP beneficiario económico de la trama, ha provocado un terremoto que anticipa múltiples réplicas. Como en una nueva variante del mito, la piedra de la corrupción amenaza con caer desde la cima monte abajo una y otra vez sobre la formación conservadora. Los por el PP llamados "hechos del pasado" dominan hoy el presente más actual del partido en el Gobierno.