En pleno debate sobre la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros y del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, el PP es la única formación parlamentaria de ámbito estatal que mantiene bajo secreto las retribuciones asignadas a su líder.
El lunes, infoLibre preguntó a los portavoces del PP si el partido ha decidido mantener para Pablo Casado y de forma adicional a su salario como diputado –más de 60.000 euros en 2017, según el cálculo que arroja la suma de todos los conceptos derivados de sus cargos parlamentarios– los 200.000 euros brutos que asignó a su antecesor, Mariano Rajoy, en 2011. Ese año se cerró con la victoria electoral del PP y el ascenso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno. Y, por tanto, con su incorporación a un escenario de incompatibilidad retributiva absoluta, lo que abrió un periodo de siete años de barbecho en cuanto a los pagos destinados por el PP a su máximo dirigente, que habían ido en ascenso progresivo desde 2004.
Fue el propio Rajoy quien en 2013 hizo públicas sus declaraciones de IRPF, lo que dejó al descubierto la enorme cuantía de sus emolumentos como líder del PP, muy superiores a su sueldo como miembro del Congreso de los Diputados: 200.628 euros pagados por el partido frente a los 38.456 euros que ese año le abonó la Cámara Baja. Ahora, las condiciones económicas establecidas por el PP para su nuevo jefe de filas constituyen un misterio.
El otro partido cuya web no permite conocer qué remuneración reserva para su jefe de filas, Ciudadanos, proporcionó a este periódico la cifra neta –no la bruta, es decir la que desembolsa el pagador antes de que se le apliquen las deducciones correspondientes– con que complementará este año el sueldo parlamentario de Albert Rivera: 24.000 euros. Atendiendo a sus cargos en la Cámara, el líder del partido que ahora disputa al PP la hegemonía en el electorado de centroderecha y derecha cobró en 2017 del Congreso más de 60.000 euros. Rivera ejerce como portavoz de Ciudadanos en la comisión Constitucional de la Cámara, una posición idéntica a la de Pablo Iglesias, que desde julio de 2017 ocupa ese mismo puesto en representación de Podemos.
Pablo Iglesias no cobra de Podemos. Tras adquirir el polémico chalet de Galapagar (Madrid), el secretario general de Podemos modificó este verano su declaración de bienes y rentas del Congreso. En esa nueva declaración, y aunque el Congreso ni siquiera cree necesario que recoja la cifra exacta que cada parlamentario percibe en función de sus funciones, Iglesias anotó su remuneración –"bruta", dicen fuentes de la formación– como diputado en 2017: 48.748 euros. Una cantidad algo superior a la que reflejó como la que le habían reportado ese mismo ejercicio de 2017 sus derechos de autor y su actividad como presentador de televisión: 41.211 euros.
El último líder de la serie, último por cuanto su cargo le excluye de la opción de cobrar un solo céntimo de su partido, Pedro Sánchez, cobraba hasta junio un sueldo del PSOE como secretario general: 102.000 euros brutos. Sánchez es el primer presidente del Gobierno que carece de escaño, con lo que el salario del PSOE fue durante el año previo a la moción de censura su única fuente de ingresos. Ahora, su retribución como presidente asciende a 80.953 euros brutos.
Fondos de origen público
El grueso de los fondos que manejan los partidos tiene un origen netamente público. En 2017, el PP declaró ingresos de 37,3 millones por subvenciones de las administraciones frente a 6,59 millones de origen privado, capítulo en el que se encuadran los 2,4 millones aportados por aquellos militantes del partido que cobran como cargo público. Pese a ello, el PP no ha atendido ninguna de las múltiples solicitudes cursadas por este periódico desde el lunes para conocer qué cuantía ha decidido abonar a Pablo Casado como sucesor de Mariano Rajoy.
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La declaración de bienes presentada por Casado en el Congreso el 14 de julio de 2016 señala, como ingresos procedentes del PP durante el ejercicio anterior la cifra de 24.885 euros. El 18 de junio de ese año, 2015, Rajoy le había aupado al cargo de vicesecretario de comunicación. El carácter farragoso e incompleto del formulario de declaración impide saber si se trata de una cifra neta o bruta: en teoría, se trata de importes netos, pero como se ha verificado a lo largo de los últimos años cada parlamentario aplica el criterio que entiende oportuno, con lo que resulta imposible alcanzar conclusiones fiables a menos que el autor de la declaración confirme cuál es el que ha seguido.
En la misma fecha que Casado fue propulsado a la vicesecretaría de comunicación, Fernando Martínez Maíllo se convirtió en el número 3 del partido, solo por detrás de María Dolores de Cospedal: al igual que Rajoy y también por su pertenencia al Gobierno, Cospedal tenía incompatibilidad absoluta para suplementar su sueldo público, con lo que para entonces ya no cobraba nada del PP. La declaración de bienes y rentas de Maíllo precisa que cobró del PP 35.338 euros "de julio a diciembre de 2015", lo que constituye un dato orientativo sobre la escala salarial aplicada por el PP en aquella fecha.
En pleno debate sobre la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros y del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, el PP es la única formación parlamentaria de ámbito estatal que mantiene bajo secreto las retribuciones asignadas a su líder.