¿Y todo esto por 650 familias?, cabe preguntarse. Lo cierto es que todo indica que hay mucho más detrás de la ley del PP y Vox para ampliar la zona regable en el entorno de Doñana, regularizando cultivos ilegales que esquilman su acuífero.
El argumento central del Gobierno andaluz y del PP para impulsar la medida –ayudar a 650 familias con sustento agrícola– no puede explicar por sí solo el empeño de Juan Manuel Moreno, que presume de concienciado por el cambio climático y ahora es acusado de "negacionista" en los telediarios nacionales. La norma tiene tal cantidad de detractores relevantes que el coste se antoja excesivo si el objetivo son sólo esas 650 familias. Rechaza la ley la comunidad científica. Particularmente duro para el PP es el repudio de la Estación Biológica de Doñana CSIC, que ha publicado un informe ad hoc que alerta del "insostenible punto crítico" de la zona y urge a parar la ley. También se opone la Comisión Europea, con la advertencia de acudir a los tribunales. Lo mismo el Gobierno de España. Por supuesto, el movimiento ecologista en bloque. Y la Unesco.
Más aún: supermercados europeos como Aldi, Lidl, Sainsbury’s o Tesco, preocupados por no herir la conciencia de sus consumidores con fresas regadas con agua del exhausto acuífero de Doñana, han hecho saber que no quieren una ley que, además, resta credibilidad a la "revolución verde" de Moreno, hoy citada con sarcasmo por la oposición.
Vuelve la pregunta: ¿se mete Moreno en todo este lío por 650 familias? Un elemento más invita a una respuesta negativa: la ley difícilmente solucionará los problemas de esas familias. En primer lugar porque, de llegar a aprobarse, se abriría una batalla judicial que previsiblemente la paralizaría. Pero es que, incluso si entrase en vigor, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha establecido que el agua que sea posible trasvasar no servirá para nuevos regadíos, sino para recuperar el acuífero del espacio natural. Con todos estos elementos, es razonable que el biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, titule un artículo en El País La incomprensible propuesta de ley de regadíos en Doñana. ¿Incomprensible? Delibes precisa: "Salvo si se ha hecho por razones electorales".
Esa es la llaga, las "razones electorales", en la que ponen el dedo PSOE, Por Andalucía y Adelante. Moreno lo niega. Es más, acusa a la izquierda de electoralismo. "Hay elecciones a la vista y este es un tema suculento", ha dicho. Pero lo cierto es que las dos veces que la ley ha llegado al pleno, en febrero de 2022 –cuatro meses antes de las elecciones andaluzas– y en abril de 2023 –un mes y medio antes de las locales–, ha sido el PP el que la ha presentado, acompañado de Vox y Cs la primera vez y sólo de Vox ahora.
Lo innegable es que el "tema" es "suculento". Y lo es empezando por los municipios afectados: Almonte (25.448 habitantes), Moguer (22.643), Rociana del Condado (7.866), Bonares, (6.093) y Lucena del Puerto (3.213). En total, más de 65.200 habitantes, por encima del 12,3% de una provincia, Huelva, que supera los 525.000. La trayectoria electoral de estos pueblos dice mucho sobre la política andaluza, sobre el ascenso del PP, sobre su ambición por consolidar su dominio y terminar de ocupar el espacio hegemónico antes del PSOE y sobre la amenaza que constituye Vox en las zonas agrícolas. Se trata, además, de un conflicto que no se queda en Huelva, ni en Andalucía. Ni empieza en Doñana ni se agotará entre marismas y flamencos y pozos ilegales.
Un zona históricamente de izquierdas
Los pueblos afectados han sido de izquierdas. La comarca del Condado, que integra a Almonte, Rociana y Bonares, tiene pedigrí rojo. Sobre todo del PSOE, pero también de IU. De Bollullos fue alcalde Diego Valderas, el que fue vicepresidente de la Junta por IU. "El PP nunca ha logrado gran cosa en esta comarca, salvo en La Palma del Condado, y ahora ve una oportunidad", explica un responsable socialista.
Toda la zona se está tornando ahora azul, si bien el cambio no ha llegado a las alcaldías. Si llegara, sería la culminación de un rápido proceso de sustitución de una hegemonía del PSOE por otra del PP. Los datos. Las alcaldías en manos del PSOE han sido la regla en la zona. Sus exhibiciones electorales se extendieron durante décadas a las autonómicas y generales. En 2008, año de la última mayoría absoluta del PSOE, la lista del partido de Manuel Chaves sacó un 64,01% en Almonte, un 49,02% en Moguer, un 58,42% en Rociana, un 63,36% en Bonares y un 57,2% en Lucena.
Aquellas elecciones fueron a la vez un triunfo abrumador del PSOE y el inicio de su cuesta abajo. Entre 2008 y 2018, el partido del puño y la rosa, sacudido por la crisis y el caso ERE, perdió más de un millón de votos en las autonómicas. Aquel año, cuando Susana Díaz perdió el feudo socialista, los socialistas aún eran los más votados en todos estos pueblos –salvo Lucena–, si bien su primacía se veía amenazada por la suma de los tres partidos –PP, Cs, Vox– que los desbancaron de San Telmo. Pero lo peor para el PSOE estaba por llegar. Autonómicas de junio de 2022: Moreno logra una mayoría absoluta que, mirada en detalle, hace frotarse los ojos. Pueblos con bagaje socialista de décadas se pasan en masa al PP. Esta es la diferencia en porcentaje de voto entre PP y PSOE: Almonte, 44,91-27,39; Moguer, 45,21 frente 27,95; Rociana, 49,4 frente 26,4; Lucena, 61,27 frente 15,99; Bonares: 39,65 frente 39,47. Salvo en Bonares, son vapuleos de Moreno.
Ahora bien, la marea azul de 2022 todavía no ha llegado a las alcaldías. En los comicios locales de 2019, con Moreno ya en el Palacio de San Telmo, el PSOE obtuvo mayoría absoluta en Moguer, Rociana y Bonares y fue el más votado en Lucena, si bien aquí gobierna con pactos un grupo independiente. Los socialistas quedaron segundos en Almonte –tras otro partido independiente liderado por un exalcalde del PSOE– y forman parte del Gobierno. El PSOE sigue siendo el partido alfa a nivel local. El PP no es el más votado en ninguno.
El responsable socialista consultado cree que, tras una legislatura marcada por las movilizaciones el mundo rural y el ascenso del PP en Andalucía, Moreno cree que ha llegado la hora de ser competitivo en esta zona también en municipales. Recuerda que "ya le funcionó" la misma operación en 2022, cuando llevó una ley similar antes de las autonómicas que se abortó al disolverse el Parlamento pero contribuyó a sus buenos resultados en estos pueblos. Y se muestra convencido de que el presidente busca desdibujar el debate local de la campaña en estos municipios mediante la confrontación con el Gobierno central, en la creencia de que este tiene "mala imagen". Este tuit es del portavoz del Gobierno andaluz.
La lucha por la Diputación
Pero si las 650 familias no explican la ofensiva del PP y Vox, tampoco lo hacen estos cinco ayuntamientos. Hay otro espacio de poder en juego: la Diputación. Las instituciones provinciales son el último gran refugio del PSOE andaluz. De las cinco que hay, preside seis: Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada y Huelva. El PP tiene la declarada intención de arrebatárselas.
En la de Huelva hay 27 diputados, de los que 16 son del PSOE, 9 del PP, uno de Cs y uno de Unidas Podemos. Los dos partidos judiciales donde se encuentran estos municipios, Moguer y Almonte, suman 7 diputados, de los que ahora el PSOE tiene 4 y el PP 3. La politóloga Ana Salazar, CEO de Idus 3, señala que la victoria clara del PP en las autonómicas en estos pueblos puede alimentar en el PP la idea de que es posible un vuelco en estos partidos judiciales que, junto con los buenos resultados que las encuestas les dan en la capital, ahora gobernada por el PSOE, acerquen a su formación a la Diputación. Son instituciones "golosas", porque funcionan como "cuarteles de invierno" para los partidos cuando están en la oposición a nivel autonómico, añade. Una pérdida importante de diputaciones del PSOE sería un nuevo golpe para Juan Espadas.
El espejo de Almería
Salazar, que ve a Moreno con "viento a favor" en la campaña, tiene dudas de que la operación le sea globalmente rentable, pero no de cuáles son sus destinatarios, en tres escalas: 1) Las famosas 650 familias. 2) Los pueblos afectados, claves para la Diputación. 3) Todo el sector agrícola, especialmente el regadío. Y aquí reflexiona: "Se podría pensar: 'Bueno, si estos agricultores ya votan al PP... Pero, claro, también hay un voto fuerte a Vox".
La rivalidad PP-Vox en el mundo rural es un elemento clave del caso Doñana. Así lo ve Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana, cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, preocupado por la competencia por satisfacer el oído del regadío español, que ve desproporcionado. "Está en juego cuál el partido hegemónico en la defensa del regadío en España. Ahora va ganando el PP, como demuestra su dominio en Murcia y Almería, pero ha entrado fuerte Vox. La consigna es 'vamos a pararles los pies'", señala.
Si el resultado de Vox en Andalucía en las autonómicas fue del 13,47%, en Almería subió al 20,73%. El PP no quiere en Huelva otra Almería, donde Vox disputa de tú a tú al partido de Moreno la primacía de la derecha agarrado a un discurso que combina el corporativismo –toda agua es poca para el agricultor–, la guerra cultural campo Vs ciudad y la xenofobia. Nadie olvida que en 2019 Vox logró ganarle al PP en las generales en la provincia y que fue el partido más votado en Níjar y Vícar, las dos localidades de más de 20.000 habitantes más pobres de España, según el INE. Tampoco ignora nadie su fuerza en plazas como El Ejido, donde incluso en las últimas autonómicas, con un Moreno arrollador, mantuvo un 27,76%.
Desparecido o mitigado en la cita electoral local el efecto Moreno, Vox pone a prueba el 28 de mayo el calado de su estrategia en Huelva, donde lleva desde su irrupción en Andalucía en 2018 martilleando con la exigencia de agua y la alerta migratoria, un binomio calcado al de Almería. Rafael Segovia, el parlamentario de Vox que dice que hay "agua para inundar Doñana", es el mismo que se planta en una plaza de Moguer para denunciar el "ambiente de inseguridad".
El factor migratorio tiene su peso. De los 25.448 habitantes de Almonte, 5.705 son extranjeros; el 55,5% de estos, rumanos. En Moguer, de 22.643 habitantes, son foráneos 6.643; el 43,7% de ellos, marroquíes. A pesar del éxito de Moreno en las autonómicas, Vox obtuvo en ambos municipios en torno a un 15%. La Huelva agrícola que pinta Vox sobre esta paleta demográfica es una zona atestada de sucias y peligrosas chabolas llenas de inmigrantes que alteran la paz de un sencillo pueblo agrícola ahogado por el alarmismo climático. En la respuesta a este mensaje es donde Del Moral inscribe la defensa por parte del PP del regadío incluso cuando es ilegal. Una prueba es la arenga de un dirigente del PP de Huelva, Alberto Fernández a los agricultores que roban agua en Doñana en una reunión en 2019. "Lo estáis haciendo de puta madre", les dijo. Hoy es parlamentario.
Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura
"Doñana es un laboratorio en el que se está jugando el modelo de la adaptación del regadío a las condiciones reales de sobreexplotación, en escenarios de fondo de cambio climático", señala Del Moral. El PP, con su ley, genera una expectativa de obtener agua a agricultores a los que se les niega, dentro de un discurso según el cual los agricultores son "criminalizados". Esa es la fórmula que el PP lleva al "laboratorio" onubense. Una fórmula que, a juicio de Del Moral, no tiene nada que ver con la solución del problema.
"Es pura estrategia electoral. Están prometiendo algo para lo que harían falta obras de más de cinco años y que llueva mucho. El 29 de mayo, una vez contados los votos, les darán a los agricultores una palmadita en la espalda y les dirán: 'Lo siento, lo hemos intentado, pero por culpa de Pedro Sánchez no vais a tener agua'", analizan desde el PSOE.
La ley se inscribe en el mismo concepto que llevó a Moreno a crear una consejería de "Agricultura y Agua", al margen de Medio Ambiente, como si el agua fuese una cuestión agrícola y no multidimensional. Del Moral insiste en que el alcance de toda esta estrategia va más allá de Huelva. "Es un mensaje político de gran envergadura", señala, porque el sector agrícola tiene "mucho arrastre" en toda España. "Incluso más arrastre –añade– de lo que le corresponde por volumen real".
Y eso que el volumen real no es poco. El porcentaje de población activa dedicada a la agricultura en España es del 3,8%, pero supera el 10% en doce provincias. Entre ellas, Huelva. En Almería llega al 21,7%. Por comunidades, la más agrícola es Murcia (11,6%), seguida de Extremadura (9,5%), Andalucía (7,8%) y Castilla La Mancha (6,5%). Todas ellas comunidades meridionales, de la España comparativamente pobre. El PP ya domina dos –Andalucía y Murcia– y aspira a las otras dos.
La disputa PP-Vox por el voto agrícola
En su avance, el PP se enfrenta al PSOE, pero también al pujante Vox. El último barómetro del CIS muestra cómo el electorado agrícola, inclinado hacia la derecha, se erige como espacio de disputa entre las dos derechas. Varias características lo favorecen. En primer lugar, los "agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros" son una población que destaca por la baja percepción de su propia situación económica. Un 41,9% la ve "buena" o "muy buena", frente a un 63,9% en España. A ello se suma un fuerte enfado con la política: es el colectivo que en mayor porcentaje cita "los problemas políticos" como los más graves de España, con un 22,2%, frente al 13,5% total.
Ese enfado parece más dirigido contra la izquierda. Sumando todos los partidos estatales en el Congreso, la derecha gana a la izquierda en recuerdo de voto: 34,1% frente a 27,7%. Y la situación mejora para PP y Vox de cara al futuro. Esta es la intención de voto: PP, 23,5%, PSOE, 23,4%; Vox, 17%, UP, 4,7%. ¿Resultado? Izquierda: 28,1%. Derecha: 40,5%. Y eso sin contar el 1% de Cs. El 17% de voto al partido de Santiago Abascal multiplica por 2,5 el del conjunto de las ocupaciones. De modo que no es sólo que la derecha esté fuerte en el agro, es que, dentro de la derecha, Vox apunta alto. Retomando a Del Moral, esa rivalidad ayuda a explicar las posiciones del PP, que se ve obligado a responder a Vox. El propio Alberto Núñez Feijóo ha respaldado expresamente la ley de Moreno.
Una batalla más allá del regadío y que se agudizará en el futuro
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A juicio del catedrático de Geografía Humana, lo que está en juego es el reparto de un bien básico que ya escasea y escaseará más. Parte del regadío se ha erigido como un poderoso lobby, con el que Vox y el PP se alinean. El conflicto que describe Del Moral es ya visible en múltiples puntos: en trasvases, como el del Tajo-Segura; en el Mar Menor o las Tablas de Daimiel... Del Moral señala que los mensajes pro-regadío tienen potencial para llegar a otras zonas tensionadas por motivos similares como el Altiplano de Granada, la Axarquía y la Costa del Sol Oriental en Málaga, las campiñas de Málaga, Sevilla y Córdoba... "Se habla de Doñana por su extraordinario valor y conflictividad, pero hay situaciones comparables por toda la España agrícola", dice.
En un momento de fuerte impacto sobre la agricultura de la sequía y la inflación, el sector está inquieto y sería necesario que desde la política se diseñara, señala Del Moral, un "reparto social" del agua que diese prioridad "a las pequeñas y medianas explotaciones". A juicio de Del Moral, el PP ha decidido alinearse con discursos que, soslayando la gravedad de la sequía y el cambio climático, sostienen que es posible mantener e incluso ampliar el regadío si el Gobierno hace suficientes obras hidráulicas. La encrucijada no se da sólo en el terreno agrícola. Allí donde haya un sector afectado por objeciones ecológicas, sean los regadíos en Doñana, el sector cinegético o los ganaderos intensivos molestos por un vídeo contra las macrogranjas, PP y Vox se ponen de parte del sector indignado.
Si el día de mañana Feijóo se instala en La Moncloa, tendrá muchos compromisos que atender.
¿Y todo esto por 650 familias?, cabe preguntarse. Lo cierto es que todo indica que hay mucho más detrás de la ley del PP y Vox para ampliar la zona regable en el entorno de Doñana, regularizando cultivos ilegales que esquilman su acuífero.