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"Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias". Es el comentario que el diputado del PP Carlos Rojas espetó al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de lo Diputados en noviembre de 2018. De Prada era candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la cuota de juristas, en el anterior intento para renovar esta institución cuando se cumplían cinco años de mandato.
Unos meses antes de aquella afirmación por parte del diputado, De Prada había firmado, junto con otro magistrado, la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo. A este juez se atribuyen las frases más duras de la resolución que daba por acreditada la existencia de una caja B en el PP y que no vio "suficientemente creíble" la declaración como testigo de Mariano Rajoy. La sentencia propició la presentación de la moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa, pero aún así, ese mismo año la formación conservadora, ya con Pablo Casado al frente, aceptó al magistrado en el acuerdo que alcanzó con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Del comentario de Rojas se infiere que al PP no le importaba en ese momento que De Prada saliese de la Audiencia Nacional.
En otoño de 2018, el horizonte judicial que se le avecinaba al partido estaba repleto de futuros juicios correspondientes a piezas separadas del caso Gürtelcaso Gürtel. En la sección de la Sala de lo Penal que debía hacerse cargo de todos ellos estaba De Prada, por lo que el magistrado podía de nuevo ser asignado a cualquiera de los tribunales que debían enjuiciar causas como la del pago con dinero negro de las obras de la sede del PP en la calle Génova.
De hecho, así fue, aunque para entonces el intento para renovar el CGPJ que incluía a De Prada ya había fracasado. Al año siguiente, el magistrado fue designado ponente de los tribunales de las piezas sobre financiación irregular y la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, pero fue recusado por el PP y el extesorero Luis Bárcenas porque ya se había pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad opaca. Lo cierto es que el pasado octubre, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de la sentencia de la primera época de la red corrupta, incluidas las pruebas relativas a la caja B del partido conservador.
De Prada, pues, quedó en 2019 fuera de los tribunales encargados del resto de piezas del caso Gürtel, aunque sigue perteneciendo a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y ahora que no puede "poner sentencias" que afecten al PP, el partido de Pablo Casado ha optado por vetar su candidatura al CGPJ en la lista del Gobierno como jurista de reconocida competencia, según fuentes conocedoras de las negociaciones que se retomaron tras las elecciones catalanas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el cual lleva más de dos años caducado.
Contextos diferentes, según el PP
En el PP apuntan que los contextos en 2018 y ahora son diferentes. El más evidente es que en 2018 no tenían reservas con respecto a que el presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fuese presidente del CGPJ, tal y como habían pactado el Gobierno socialista y el PP. Ahora se supone que la presidencia sería más del gusto de los socialistas y que la entrada de De Prada implica otro obstáculo para los conservadores. Señalan, además, según las fuentes consultadas por infoLibre, que de 2018 a día de hoy han "aprendido" y son más conscientes del "daño" que han hecho algunas frases que se le atribuyen en la sentencia de Gürtel. Unos argumentos que, no obstante, chocan con el compromiso de Pablo Casado de no volver a hablar de los escándalos de corrupción que afectan a la época de sus predecesores al frente del PP.
2018 también era otro momento muy distinto al actual porque el PP era la fuerza mayoritaria en las Cortes Generales y porque Vox no pisaba tan fuerte los talones a los conservadores. No hace ni un mes que la formación liderada por Santiago Abascal se hizo con once escaños del Parlament de Catalunya. El PP, se quedó en tres. Dicen también en el principal partido de la oposición que ahora es Pedro Sánchez el principal interesado en que se desbloquee la situación. Que es el que tiene la prisa y que sabe que la alternativa es una reforma legal, presentada por PSOE y Unidas Podemos, y congelada en el Congreso de los Diputados, "mal vista en Bruselas".
En declaraciones a VozPópuli el pasado miércoles, el magistrado De Prada se preguntaba, sobre el rechazo del PP, “cómo se puede compatibilizar un declarado interés en la defensa de la independencia judicial con vetar a un juez” y achacaba el veto a su presencia en el CGPJ con “haber puesto una sentencia que parece no haber gustado al partido”.
Treinta años en la Audiencia Nacional
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La trayectoria de José Ricardo de Prada va más allá del caso Gürtel, aunque haya sido conocido fundamentalmente por eso. Se licenció en Derecho en 1980 y cursó formación complementaria especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo y Derecho Internacional Humanitario. Aterrizó en la Audiencia Nacional en 1990, aunque en estos más de treinta años ha sido también juez internacional en la Sala de Apelaciones de crímenes de guerra de Bosnia Herzegovina en Sarajevo.
Tras el juicio de la primera época de Gürtel, formó parte del tribunal de La Haya que estudió la apelación del exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra. Precisamente fue por esta labor por lo que quedó fuera de la lista de candidatos del turno judicial en las negociaciones del CGPJ de otoño de 2018, de ahí que compareciera en el Congreso por la cuota de juristas de reconocido prestigio.
Fue precisamente esta experiencia lo que alegó De Prada en su réplica al diputado del PP Carlos Rojas. "Mi independencia queda acreditada a lo largo de toda mi trayectoria profesional", dijo, para añadir que es el único juez español que es titular en varias cortes internacionales y que ha tratado los asuntos más complicados en su trayectoria de 28 años en la Audiencia Nacional. "España debe estar orgullosa de tener un juez en el tribunal internacional que revisa el caso más importante desde la Segunda Guerra Mundial", remachó.
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