"No tiene ninguna ventaja que el Estado sea dueño de empresas". Así, el exministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, inició un camino de privatizaciones de entidades públicas durante su etapa. Aunque la de Telefónica en concreto había comenzado antes, con el socialista Pedro Solbes al frente de la cartera de asuntos económicos. El proceso se cerró en 1997, ya con Rato sentado en la vicepresidencia del Consejo de Ministros.
Veintiséis años después el Estado vuelve a ser accionista de Telefónica, la principal empresa de telecomunicaciones en España. Fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien anunció que ya se contaba un 3% del capital público y es el primer paso del Gobierno de Pedro Sánchez para poder conseguir el esperado 10%, con el que sería el máximo accionista de la empresa de telecomunicaciones. El vehículo elegido para hacerlo ha sido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), grupo empresarial público adscrito al Ministerio de Hacienda.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró este martes que el Gobierno culminará la compra a través de la SEPI "en el menor tiempo posible y siempre y cuando no afecte a la cotización". El objetivo, según remarcó la ministra, es "proporcionar más estabilidad" a la empresa. Desde el Gobierno inciden en que se trata de una "empresa estratégica" determinantes en áreas como la seguridad y la defensa. Telefónica está ligada al Ministerio de Defensa, al ser una de las principales proveedoras de servicios digitales y de telecomunicaciones del Ejército.
¿Por qué Telefónica es una empresa estratégica para el Estado?
Un aspecto especialmente relevante a juicio de Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. "La defensa y la seguridad no se entendería sin los sistemas de información y telecomunicaciones. Telefónica es propietaria de toda la red donde circulan estos datos", expone. También incide en esta cuestión el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín: "Es una empresa estratégica porque controla una gran parte de las comunicaciones privadas y todas las relacionadas con la Defensa y la Seguridad del país. No nos parecía conveniente que un país extranjero pudiera tener una participación de control", añade.
Se refiere al anuncio de Saudí Telecom Company (STC), el Estado de Arabia Saudí, de convertirse la primera accionista de Telefónica. A comienzos del pasado mes septiembre STC adquirió el 4,9% del capital de la entidad y concretó el 5% a través de derivados financieros. "No nos oponemos a que Arabia Saudí tenga una participación exclusivamente financiera y vaya recogiendo el dividendo. Pero no que pueda influir en las decisiones de una empresa tan sensible para las comunicaciones privadas y la seguridad del país", añade Martín.
A juicio de Melle, la participación del Estado en Telefónica "tiene bastante sentido" por varios motivos. En primer lugar por una cuestión de "interés público" ya que se podría determinar "qué tipo de inversiones puedan acometerse" en función de los intereses para el país. En segundo lugar porque se trata de un "bien esencial", ya que Telefónica "proporciona cobertura" a toda España y las telecomunicaciones son básicas para el funcionamiento de la vida actual. Por último, la economista señala que el mercado de las telecomunicaciones funciona "casi como un monopolio" y el Estado podría forzar a que el precio para el consumidor "fuera más barato".
Lo cierto es que el paso dado en España no desentona con lo que está sucediendo en los países del entorno europeo. Así, Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange; e Italia adoptó el pasado mes de agosto, cuando gobernaba ya Giorgia Meloni, un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
Sumar plantea emular esa participación del Estado en otras empresas
Martín presume del papel que ha tenido Sumar en la entrada de Telefónica. "Cuando supimos lo de Arabia Saudí la vicepresidenta Yolanda Díaz mandó una carta a la titular de Economía, Nadia Calviño, oponiéndose a esa operación y se produjo el movimiento conjunto del Gobierno". El portavoz económico de Sumar lamenta, sin embargo, no haber convencido al ala socialista de tomar el control de la siderúrgica catalana Celsa. "Lo que defendemos es una política industrial activa, un Estado emprendedor que promueva la autonomía estratégica de empresas que están ubicadas en las telecomunicaciones, el transporte, el sector energético, financiero y alimentario".
Sobre el sector financiero, Martín propone dos estrategias: que el Instituto de Crédito Oficial, adscrito al ministerio de Economía, "tuviera un papel como banco de desarrollo" y que "ganase centralidad" incluso con una "red de sucursales de cobertura estatal" a través de la antigua caja postal. "Se podría generar un nuevo operador en un sector muy oligopolizado y donde hemos visto que ha habido movimientos claros de falta de competencia, como que no se haya trasladado la subida de tipos de interés a la remuneración de los ahorros de las familias y empresas o que alguien que quería cambiar la hipoteca de variable a fijo no ha podido hacerlo".
Otra "palanca muy importante" sería, a su modo de ver, CaixaBankC. "El Estado tiene una participación del 17,5% por la absorción de Bankia y está controlada por una fundación pública, donde las dos participaciones tienen un porcentaje de la entidad que supera el 50%. Podría operar como un banco público si existiese esa voluntad, pero es cierto que en el socio de gobierno no la detectamos", añade. Melle, por su parte, cree que "podría ser interesante" la presencia del Estado en las entidades financieras pero pide no cometer los mismos errores que con las cajas de ahorro, donde "las decisiones políticas primaron sobre las técnicas".
El Estado desembarca en Telefónica y se hace con un 3% de su capital
Otra de las propuestas de Sumar pasa por el sector de transportes. Así, Martín considera que Iberia es "otra de las grandes banderas" que ha perdido el Estado y, aunque reconoce que será complicado, promete dar la batalla a su socio de Gobierno. "Se deberían abrir espacios de oportunidad para hacer estas intervenciones", así como potenciar que ADIF pueda plantear, gracias a su amplia red de subestaciones eléctricas, la "transición hacia un tren solar".
Sobre el sector de la alimentación, el portavoz económico de la formación de Yolanda Díaz reconoce que el camino no sería el mismo. En ese sentido plantea que las intervenciones se hagan "desde la política fiscal" con un impuesto similar al que ya se aplica en la banca o en las energéticas que, a su modo de ver, "obligaría a cambiar comportamientos" porque si las empresas buscan la manera de no pagar ese impuestos tendrían que, sí o sí, "reducir precios". "Se quedarían con una parte del mercado porque venderían más barato. En cuanto alguien hace ese movimiento, el resto lo sigue. Al final se conseguirían reducir los precios", opina.
Melle también cree que el intervencionismo no es el camino con el sector de la alimentación, porque "hay muchos agentes" implicados, aunque las distribuidoras sí que son muy pocas. "Se podrían generar desabastecimientos y, además, el supermercado público tampoco podría cubrir el total de la demanda". En ese sentido señala que la legislación se debe cumplir y que se deben reforzar las inspecciones, así como conocer el margen de beneficios de las empresas.
"No tiene ninguna ventaja que el Estado sea dueño de empresas". Así, el exministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, inició un camino de privatizaciones de entidades públicas durante su etapa. Aunque la de Telefónica en concreto había comenzado antes, con el socialista Pedro Solbes al frente de la cartera de asuntos económicos. El proceso se cerró en 1997, ya con Rato sentado en la vicepresidencia del Consejo de Ministros.