María Jesús Montero avisó a Yolanda Díaz: la decisión estaba tomada, no se presentarían presupuestos generales para este año. Los trabajos estaban muy avanzados ya para las cuentas públicas. Los equipos de las vicepresidentas primera y segunda tenían muy cerca ya el acuerdo. A la vez se estaba hablando con los socios parlamentarios. Era el gran objetivo tras la luz verde a la ley de amnistía. Pero todo saltó por los aires: los comunes tumbaban los presupuestos catalanes y Pere Aragonès pulsaba el botón electoral.
Ahora el Gobierno se mueve en un escenario muy magmático: un nuevo ciclo electoral con las contiendas de las vascas (21 de abril), catalanas (12 de mayo) y europeas (9 de junio). Sumar quería seguir con los presupuestos pero el PSOE alude a un ejercicio de “realismo político”: “¿Cómo va a aprobar Esquerra las cuentas en Madrid cuando los comunes han rechazado las catalanas y han hecho caer al Govern?”. La desconfianza entre los socios en La Moncloa ha crecido a raíz de esto: los socialistas están muy desconcertados con la línea de Ada Colau y la falta de control de Yolanda Díaz, mientras sus socios creen que el Ejecutivo pierde su principal arma política renunciando a los presupuestos.
Pero ahora toca seguir hacia adelante. Frente a la imagen de parón por este periodo electoral, las dos almas del Gobierno sostienen que van a seguir sacando leyes y medidas adelante. Para eso, ya están introduciendo vía enmiendas a proyectos de ley algunas iniciativas para sacar en las próximas semanas y meses, además de planear otras medidas en el calendario. Los partidos han aprovechado el decreto anticrisis para que el Congreso apruebe, sin tener que esperar a los presupuestos, dos importantes acuerdos: la subida del sueldo de los funcionarios un 2%, como se pactó con los sindicatos, y las entregas a cuenta de las autonomías.
En el primero de los casos, aunque se apruebe en unas semanas en el Congreso, su aplicación será retroactiva, como señalan fuentes del Gobierno. En el segundo de los casos, también se ha pisado el acelerador con la misma fórmula del decreto anticrisis para garantizar a las comunidades su principal vía de financiación (los recursos adelantados por el Gobierno en función de las previsiones de recaudación). Para este años el monto asciende a 134.658 millones de euros (un incremento del 8,3%), a la vez que también se entregará a las entidades locales (23.773 millones de euros).
Sacar adelante acuerdos de investidura
Fuentes del Gobierno explican que también tienen en mente hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, como se firmó en el acuerdo de Gobierno y como estaba presionando Sumar. Hasta el momento su naturaleza es de carácter temporal. Asimismo, el Ejecutivo sacará adelante la condonación de la deuda, que se pactó con ERC en el acuerdo de investidura (en el caso de la Generalitat será de 15.000 millones de euros) y que se hará extensible a todas las autonomías si lo solicitan (incluso aunque su deuda no sea del FLA, sino con bancos como sucede con Madrid). Se estudia hacerlo vía ley.
Además de la labor del Gobierno, los partidos, según fuentes consultadas, también pondrán mucho en el foco en el Congreso en proposiciones de ley con marcado carácter social. El PSOE y Sumar le dan mucha prioridad a la ley ELA que han registrado en la Cámara Baja. Fuentes del grupo parlamentario socialista recalcan que otra de sus grandes prioridades es sacar adelante su proposición de ley abolicionista para reformar el Código Penal para perseguir a los proxenetas y a los clientes de la prostitución.
La presión de Sumar
Desde Sumar contaban con incluir algunas de sus medidas estrella en los Presupuestos Generales del Estado y lamentan que el ala socialista del Ejecutivo decidiera, sin mediar consulta alguna, prorrogar las cuentas. Aun así, fuentes de la organización de Yolanda Díaz creen que hay margen para aprobar medidas como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas. Aunque quedó fuera de la Ley de Familias, impulsada por el ministerio de Derechos Sociales, los de Yolanda Díaz creen que hay margen para introducirla a través de enmiendas en el Congreso.
Otro de los asuntos en los que más está poniendo el foco el socio minoritario del Gobierno es en vivienda. Consideran que la ley que aprobó el Congreso la legislatura pasada —y que provocó sonoros enfrentamientos entre los socialistas y su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos— dejó sin cubrir algunas cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada. Así, subrayan que es la vía que están utilizando en comunidades como Cataluña para no ceñirse al índice de precios y, aunque también plantean “mejoras” para este índice, creen que es más probable alcanzar un acuerdo con el PSOE para regular estos alquileres.
De la aprobación de los Presupuestos también dependía el incremento del índice de referencia para las ayudas públicas (el IPREM). Sumar considera que este indicador debería aumentarse para elevar las prestaciones sociales que dependen de él, tal y como consta en el acuerdo de Gobierno, aunque se trata de uno de los puntos que se encontraba encallado en las negociaciones entre ambos socios. Sucede otro tanto con el aumento de la inversión en Dependencia. Los de Díaz reclaman a Sánchez que cumpla con el 50% de financiación estatal de dependencia que estableció la Ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSOE pide a Sumar no ser "equidistante" y defiende su respuesta frente al “acoso y derribo” del PP
En Sumar también remarcan que se debe avanzar ya para convertir los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas en permanentes. Solo en el último año han recaudado cerca de 3.000 millones de euros. Según fuentes del equipo de Díaz, los beneficios extraordinarios que han obtenido esas empresas pese al impuesto les deja sin argumentos. Desde el ala socialista, se muestran a favor de esta medida.
Los de Díaz aseguran que van a batallar todo lo posible, tanto desde el Gobierno como desde el Congreso, para garantizar que esta legislatura sea “de avances” y no solo de consolidación. Aun así, fuentes de la formación se muestran preocupadas por la parálisis a la que se va enfrentar el Congreso en las próximas semanas por las sucesivas convocatorias electorales y consideran que la ciudadanía que "les dio una oportunidad" el pasado 23J, espera de su Gobierno medidas ambiciosas.
Todas estas medidas que pasen por el Congreso necesitarán del visto bueno de los socios parlamentarios en un momento de competición electoral en Cataluña. Este parón sí supondrá que se paralicen las mesas de diálogo entre el PSOE y los socios catalanes, pero esto no supone que se paralicen otras negociaciones en el Congreso de los Diputados, como señalan tango fuentes de Esquerra como de Junts.
María Jesús Montero avisó a Yolanda Díaz: la decisión estaba tomada, no se presentarían presupuestos generales para este año. Los trabajos estaban muy avanzados ya para las cuentas públicas. Los equipos de las vicepresidentas primera y segunda tenían muy cerca ya el acuerdo. A la vez se estaba hablando con los socios parlamentarios. Era el gran objetivo tras la luz verde a la ley de amnistía. Pero todo saltó por los aires: los comunes tumbaban los presupuestos catalanes y Pere Aragonès pulsaba el botón electoral.