Castilla y León está en la lista negra de las comunidades que pierden población. Varias de sus provincias, Soria y Zamora de forma destacada, están en retroceso desde hace décadas sin que las instituciones hayan sido capaces de articular políticas que le pongan freno.
La gran pregunta es si eso va a cambiar a partir de ahora. El éxito electoral de Teruel Existe en las elecciones de 2019 ha empujado a las plataformas de la España Vaciada a pasar de las palabras a los hechos y presentarse a las elecciones, por primer vez, en Castilla y León.
Su futuro electoral es incierto —aunque algunas encuestas les atribuyen incluso la victoria en el caso de la provincia de Soria— pero de lo que no hay duda es de que su mera entrada en el juego electoral ha cambiado la estrategia de los partidos, especialmente de PP y PSOE, las dos formaciones que tradicionalmente se han repartido la representación de los ciudadanos de la comunidad.
En cierto sentido, la España Vaciada ya ha ganado: los programas electorales de los principales partidos están repletos de compromisos y medidas contra la despoblación que, para poner fin al abandono tradicional, dibujan un futuro de ensueño: Internet de alta velocidad, servicios sanitarios y educativos al nivel de las grandes ciudades y ventajas fiscales por el mero hecho de vivir en el campo. Lo que sigue en un resumen de las principales propuestas de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox y de las Plataforma de la España Vaciada para luchar contra la despoblación.
Partido Popular
El programa electoral del PP en Castilla y León contiene tantas medidas para luchar contra la despoblación que, en cierto sentido, parece una enmienda a la totalidad de las políticas que este partido ha aplicado en una comunidad que lleva gobernando casi 35 años.
Casi en todos los apartados del programa incluyen coletillas en las que dicen que determinadas medidas se llevarán a cabo “en especial en zonas rurales”. Pero además han incluido un amplio apartado que defiende “la creación de un Pacto de Estado que aborde problemas interrelacionados con la población como el envejecimiento, la despoblación, la población flotante, la generación de empleo especializado o los polos especializados de atracción empresarial”.
Su medida estrella es un modelo de “fiscalidad favorable al mundo rural”. El PP no da cifras concretas, pero promete “bajos impuestos en zonas rurales”, “nuevas ventajas fiscales por residir en el medio rural”, un aumento en “la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos en zonas rurales”, la reducción de “la carga fiscal en las transmisiones de inmuebles para negocios” y la creación de “nuevas ventajas fiscales en el caso de transmisiones de explotaciones agrarias y arrendamientos de tierras”.
El partido de Alfonso Fernández Mañueco, que lleva más de tres décadas gobernando Castilla y León, promete ahora “una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF por residir de forma habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación” y “reducciones fiscales para adquirir y transmitir la vivienda habitual para los residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación.
También propone “una nueva deducción en el IRPF por traslado de residencia por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación” y “bonificaciones fiscales por actuaciones en suelo industrial y terciario de las zonas rurales”. Y se compromete a reclamar al Gobierno central “que cree una fiscalidad favorable a las zonas rurales en los tributos estatales en los que Castilla y León no tiene competencia” como “ya tienen actualmente Ceuta, Melilla y Canarias”.
Eso sí, mientras por un lado promete bajadas de impuestos, por otro exige más dinero al Estado al pedir “que el nuevo sistema de financiación autonómica prime en su justa medida las variables demográficas”.
En el programa del PP se pueden encontrar medidas para favorecer el turismo rural, la idea general de usar los fondos europeos en favor de las áreas rurales y propuestas legislativas como la aprobación de una la Ley de Desarrollo y Competitividad Rural “con medidas de apoyo a la actividad productiva, de Internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural; entre otros: las escuelas, los consultorios, los servicios sociales, la atención a los mayores, la vivienda y el transporte”.
En su listado de promesas, el PP cita también “ayudas” para autónomos “que buscan asentarse en el mundo rural”. Para fijar población, enumeras actuaciones destinadas a financiar la promoción económica, desde “la creación de nuevos espacios de coworking en el medio rural al asesoramiento específico para emprendedores.
PSOE
El programa electoral del PSOE para las elecciones del 13F también dedica un amplio espacio a las propuestas destinadas a luchas contra la despoblación.
Los socialistas proponen, como el PP, una “fiscalidad diferenciada”. Un “Plan de Incentivos fiscales” que incluirá “bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes extraordinarias” que permitan a los autónomos y empresas el establecimiento y mantenimiento de las inversiones en el medio rural, incentiven la contratación de mujeres y jóvenes, sufragan el coste de acceso a los servicios públicos esenciales y faciliten el acceso de los habitantes del medio rural a servicios, actividades y suministros básicos de los que carezcan en su núcleo de residencia. Sin olvidar el “fomento de las políticas de apoyo a la familia, de conciliación y atención a las personas dependientes, especialmente a las residentes de manera efectiva en municipios rurales”.
El programa cita deducciones de hasta el 25% de la cuota íntegra autonómica del IRPF a favor de los contribuyentes que tengan su residencia habitual y estancia efectiva en municipios rurales con graves retos demográficos, deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y continuada en municipios rurales con graves retos demográfico, hasta el 15% de las cantidades satisfechas en cada periodo impositivo y deducciones de hasta 1.000 euros por traslado de vivienda habitual y continuada a un municipio rural con graves retos demográficos, modulada en función del nivel ingresos.
El PSOE se refiere expresamente a los servicios bancarios y promete, si gobierna, requerir “a todas las entidades financieras para que con carácter inmediato se establezcan mecanismos de atención personalizada para todos aquellos clientes que por su edad, o capacidades digitales así lo soliciten, y para que a partir de ahora no se cierre ninguna oficina, ni ningún cajero en el medio rural”.
La candidatura de Luis Tudanca también promete legislación, en su caso una “ley de lucha contra la despoblación, impulso de la cohesión territorial y abordaje del reto demográfico” con la que pretende “definir el mapa de las áreas de prioridad demográfica, y “que garantizará la prestación de servicios públicos en todo el territorio”. Al mismo tiempo propone un Plan de Descentralización de la Administración. También una ley de Desarrollo Rural Sostenible que garantice la igualdad en el acceso a la sanidad publica y la educación.
Entre otras medias, el PSOE se compromete a ofrecer “cobertura universal de acceso a Internet, a 100 mbps, en cooperación con los programas estatales para la completa conectividad; cobertura móvil 100% en 4G y extensión del 5G en las zonas rurales” y hasta una “estrategia de Inteligencia Artificial para el medio rural”. También planes de industrialización del medio rural, de apoyo al comercio tradicional y de acceso a la vivienda para jóvenes en el campo.
Como el PP, los socialistas aseguran que utilizarán los fondos europeos para transformar la comunidad en términos de cohesión social y territorial. Con ese dinero quieren financiar un Fondo Autonómico de Compensación a partir del cual poner en marcha un Plan Plurianual de Convergencia Interior. Y, en su afán por multiplicar las promesas dirigidas a la España vaciada, prometen incluso “fortalecer la imagen positiva del medio rural”.
Ciudadanos
El programa de Francisco Igea no tiene un capítulo dedicado expresamente a los problemas derivados de la despoblación, pero sí medidas que aluden a diferentes aspectos a lo largo del documento que contiene sus propuestas. Por ejemplo, el compromiso de revitalizar el sector primario como alternativa sostenible de creación de empleo en el mundo rural haciendo “uso de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias en sostenibilidad y eficiencia”.
También prometen cumplir el compromiso de “ofrecer conexión de banda ancha de 100 Mps en todo el territorio de y el despliegue de 5G en 2025”.
La formación naranja asegura que si gana las elecciones aprobará “una Ley de Dinamización Demográfica para luchar contra la despoblación basada en incentivos para el establecimiento o permanencia en el medio rural”. Y la elaboración de “una nueva Estrategia de Dinamización Demográfica”.
En materia de transportes el programa de Igea se compromete a acabar con el aislamiento de determinadas zonas con un nuevo modelo de infraestructuras de transporte, a mejorar las rutas y la eficiencia de los recursos asignados a la movilidad y a compensar a las zonas rurales o despobladas que no tienen transportes alternativos “en el caso de que el Gobierno de España imponga pago por uso de las vías de alto rendimiento”. También a incrementar las partidas para dotación de medios de transporte adaptados al medio rural y las zonas despobladas.
Ciudadanos propone también crear lo que llaman una “Red de Guardería Itinerante” a disposición de mujeres emprendedoras y trabajadoras del medio rural que cubra todo su horario laboral.
Unidas Podemos
Las propuestas electorales de Unidas Podemos apuestan por un modelo económico viable que luche contra la despoblación mediante el refuerzo de los servicios públicos. Según su candidato, Pablo Fernández, “urge un cambio total, un giro copernicano a las políticas desarrolladas por la Junta. Urge transformar la despoblación en repoblación, el deterioro de lo público por el fortalecimiento de los servicios públicos”.
El programa propone lo que han llamado un “Plan Retorno, para que quienes se han ido de Castilla y León por culpa de la despoblación que provocan las políticas del PP puedan volver”. También un Plan de Telecomunicaciones y banda ancha para toda la comunidad. Y protección de la agricultura y la ganadería familiar y sostenible “frente al modelo contaminante y que solo genera desempleo defendido por el PP: las macrogranjas”.
Los morados prometen el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente el sanitario. “El PP ha destruido el sistema sanitario en esta tierra. No es justo que en el medio rural se cierren consultorios. Proponemos servicios públicos de calidad tanto en el medio urbano como en el rural”, asegura su programa electoral.
El programa incluye también la creación de una banca pública para “acabar con la exclusión que sufren las personas mayores y el medio rural”.
Vox
El programa electoral de la extrema derecha para las elecciones del 13 de febrero es breve. Eso sí, la primera de las diez medidas que incluyen hace referencia al “mundo rural” para “reivindicar y promover el estilo de vida, modelo económico y tradiciones de nuestro campo, abandonado por el PP y el PSOE y acosado por las agendas globalistas respaldadas por todos demás los partidos”.
Los ultras, liderados por Juan García-Gallardo, prometen “apoyo a la industria agroalimentaria nacional y a la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, para frenar la despoblación y hacer posible el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnológicas”. Y apuestan por “conservar el patrimonio histórico-cultural de la región como garante de la identidad nacional y motor económico y turístico”.
Su programa habla también medidas en defensa del sector primario que no detalla. Hablan de “devolver el potencial económico a nuestra ganadería y agricultura protegiendo el producto nacional maltratado por el gobierno de Pedro Sánchez, el fanatismo ecológico y la competencia ilegal de productos extranjeros”. O de “frenar la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos” y “perseguir los etiquetados ilegales o irregulares que induzcan a confusión con el origen nacional de los productos”. También del “refuerzo de la seguridad de las explotaciones, aumento de las indemnizaciones por ataques del lobo y mejora de la planificación forestal”.
En materia de servicios públicos prometen “asegurar la extensión de los servicios sanitarios y educativos básicos y las infraestructuras de comunicaciones y transporte a todos los rincones de la región”. Y defienden el “acceso rápido a centros de atención primaria (de los ciudadanos) en su propio pueblo”.
La sexta medida apuesta por “la repoblación de Castilla y León”. La repoblación de la España rural “es crucial para garantizar la prosperidad y la vertebración territorial” y para ello plantean “convertir a las familias en el centro de las políticas públicas y promover la cultura de la vida para revertir el invierno demográfico”. Además de “garantizar el apoyo de la administración a quienes quieran formar una familia en nuestra tierra mediante ayudas directas progresivas por número de hijos, facilidades en el acceso a una vivienda, medidas de conciliación o bonificaciones a familias numerosas”.
España Vaciada
El programa de la España Vaciada, como era de esperar, gira enteramente en torno a la despoblación y es con diferencia el más completo en esta materia. Propone “un modelo de ordenación territorial para mantener el mundo rural vivo y las pequeñas ciudades, comarcalización para garantizar la prestación de servicios en todo el territorio, accesibilidad física por carretera y ferrocarril que permita la movilidad de todas las personas y redes de banda ancha y 5G que permitan una conectividad de calidad en todo el territorio.
Sus candidaturas defienden que ningún ciudadano esté en coche a más de 30 minutos de cualquier servicio básico: centro de salud, instituto, centro sociocultural (biblioteca, museo o teatro), centro de atención a personas mayores y cuartel de guardia civil o comisaría de policía. Y que ninguno se encuentre a más de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad de ferrocarril o autovía.
Proponen la creación de la agencia para el desarrollo del medio rural dedicada a poner en marcha y ejecutar proyectos de repoblación, tales como servicios poblacionales, educación rural, proyectos de emprendimiento, red de espacio coworking, gestión de técnicos y agentes de desarrollo rural. También descentralizar las instituciones de la Junta de Castilla y León y la desconcentración de las entidades y organismos públicos.
Las candidaturas de la España Vaciada defienden también una ley contra la despoblación que incentive a las personas que viven en zonas despobladas y coordine la actuación de las administraciones.
Y, al igual que PP y PSOE, una fiscalidad diferenciada que haga más atractivo viviéndoos en áreas en regresión demográfica. En este sentido defienden deducciones en el Impuesto sobre Personas Físicas por residencia habitual en comarcas muy despobladas y para compraventa de viviendas por debajo de 190.000 euros en municipios despoblados. También una bonificación para los actos jurídicos documentados en los supuestos de agrupación, agregación, segregación y división de suelo industrial o terciario. En las adquisiciones en caso de ostentar la condición de explotación agraria prioritaria, defienden, se fijarán bonificaciones atendiendo al concepto de unidad familiar y no solo al titular.
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Su programa incluye numerosas medidas de apoyo al sector primario, así como destinadas al cuidado del medioambiente y la transición ecológica que lleve a las áreas rurales el despliegue de energías renovables.
En materia sanitaria defienden la ampliación y mejora de consultorios rurales y urbanos, la modernización de hospitales y centros de especialidades, la modificación del sistema citas en el mundo rural, un programa básico de salud pública zonas rurales y el refuerzo del personal médico, incluyendo la creación de la figura del “sanitario rural”.
El programa incluye también amplios apartados que desarrollan y detallan propuestas en relación con la educación, la atención a lo mayores, teletrabajo, servicios financieros, cultura, turismo y vivienda.
Castilla y León está en la lista negra de las comunidades que pierden población. Varias de sus provincias, Soria y Zamora de forma destacada, están en retroceso desde hace décadas sin que las instituciones hayan sido capaces de articular políticas que le pongan freno.