Los cuatro primeros grandes contratos de emergencia que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en marzo de 2020 para material de protección frente al covid son justamente los cuatro que han terminado bajo sospecha de estafa y pendientes de lo que decidan los tribunales. Tres de ellos son los que reportaron a los comisionistas de oro Luis Medina y Alberto Luceño un corretaje de seis millones de euros que, por lo que se sabe a la fecha actual, les pagó la empresa adjudicataria –la malaya Leno– y que les mantiene imputados por graves delitos: blanqueo, estafa, falsedad y alzamiento de bienes. El cuarto contrato de emergencia de esa meteórica serie es el que fue a parar a la oscura firma estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. Es decir, la empresa protagonista de un segundo caso judicial por estafa cuya reapertura ha pedido ya la oposición tras localizar infoLibre a su propietario, a quien oficialmente se daba por desaparecido. Precisamente ese destino incógnito se convirtió en el motivo por el que las diligencias se cerraron provisionalmente a los cuatro meses de haberse abierto.
Todo lo relativo a esos grandes contratos –más de un millón de euros por pieza– empezó al día siguiente de que la empresa municipal funeraria (EMSF) y la concejalía de Hacienda madrileña estamparan su firma digital en un convenio por el que el consistorio se comprometía a financiar la compra de material de protección frente al virus. Fue entonces –el 24 de marzo– cuando el consejo de administración de la EMSF aprobó vía whatsapp la compra de un millón de mascarillas a Leno por 6,68 millones de dólares y la de otras 500.000 a Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros.
Un convenio con dos fechas distintas
Por el confinamiento y por la urgencia de recabar mascarillas, guantes y test, y así lo aseguran las fuentes consultadas, la reunión del 24 de marzo no fue presencial. Antes de dar vía libre a los dos contratos reseñados e igualmente a propuesta del equipo directivo, el consejo aprobó también en aquella sesión el convenio firmado por el gerente de la funeraria, Fernando Sánchez, con la edil de Hacienda, Engracia Hidalgo. La fecha mecanografiada que figura en el acuerdo es la del 20 de marzo. Pero la firma digital aparece datada el 23 de marzo. El porqué de tal disparidad, insólita según los expertos a los que ha acudido este periódico, no se conoce aún.
Cuarenta y ocho horas más tarde, una nueva sesión del consejo aprobó el 25 de marzo la adquisición a Leno de 250.000 test rápidos por 4,25 millones de dólares y la de 2,5 millones de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares.
Traducido a euros y con los números que luego la junta de gobierno municipal tardó un año en validar –no quedó formalmente "enterada" de las adjudicaciones a Leno y a Sinclair hasta el 11 de marzo de 2021–, el coste total de las cuatro compras ascendió a 13.701.152,95 euros. Inicialmente, a esa suma habría que haberle añadido otros 3,66 millones. Pero la baja calidad de los guantes de nitrilo cuyas virtudes habían proclamado a bombo y platillo Luis Medina y Alberto Luceño hizo que el precio final se recortara: exactamente, el 13 de abril.
Tanto la suma total de pagos por esos cuatro contratos como el recorte lo atestigua el documento público que da fe de los acuerdos adoptados por la junta local de gobierno el 11 de marzo de 2021. Pero mucho antes se produjo un desfase cuya motivación ignora este periódico. Y ese desfase se condensa en una pregunta: ¿por qué si solo por esas cuatro adjudicaciones ya había abonado la EMSF el 13 de abril 13,7 millones, el consistorio aprobó tres días más tarde dotar el convenio con 11,87 millones? Esa cifra, y así consta en el acta de la junta local de gobierno del 16 de abril, era la que se correspondía en aquella fecha con la compra de "materiales sanitarios y de seguridad, según la memoria y justificantes aportados por la empresa [municipal]". infoLibre le trasladó la pregunta al consistorio en cuanto localizó esos datos el viernes por la tarde. De momento, no ha habido respuesta.
En resumen: el convenio bilateral cobra vigencia administrativa el 23 de marzo de 2020. Al día siguiente Medina y Luceño han asistido, en sentido metafórico, a la aprobación del primero de sus tres contratos y su patrocinada malaya ha recibido ya un pago de 3.171.186,2 euros. Ese mismo 24 de marzo, la estadounidense Sinclair&Wilde también ha colocado su medio millón de mascarillas defectuosas y recibido un primer pago de 1,25 millones de euros: los otros 1,25 millones se le pagaron el 14 de abril, como desveló el diario El País.
Ya antes, la malaya Leno había recibido el resto del dinero por su millón de mascarillas (3,07 millones). Y por supuesto, los demás pagos: 1,98 millones el 26 de marzo como primera entrega por sus test y 2,019 como segundo abono. El 13 de abril, una vez confirmada la estafa de los guantes de nitrilo, la funeraria le obligó a devolver por esa parte del lote 3,6 millones de los 4,6 inicialmente pactados. No obstante, se quedó con 952.000 euros la empresa Leno, que granjeó a la pareja empresarial formada por el aristócrata sevillano y su amigo Luceño nada menos que seis millones de comisión. Transmutados en yate, piso de lujo, estancia en un hotel de precio astronómico, coches de altísima gama y relojes estelares, el dinero parece haberse esfumado: el juez del caso no ha logrado aún que ninguno de los dos aporte la fianza exigida.
El pufo de los guantes no fue el único. Y por eso hay un segundo caso bajo sospecha de estafa: las deficientes características de las mascarillas de Sinclair&Wilde Ltd. fueron el detonante de la alerta lanzada apenas mes y medio después de que se efectuara el segundo pago. La lanzó quien desde la última etapa de Manuela Carmena era director de emergencias. Aquellos tapabocas –fue su aviso– en absoluto se ajustaban a lo exigido.
El desaparecido al que localizó infoLibre
Tras una investigación interna que duró 10 meses se presentó finalmente una denuncia contra el dueño de Sinclair, un tal Phillippe Solomon cuya oferta había llegado de la mano de una consultora madrileña: Araceli Vida, que hizo de intermediaria en otra veintena de contratos –la lista de proveedores de la EMSF muestra 60 adjudicaciones de emergencia en 2020– tal como confirmó el ayuntamiento a infoLibre.
infoLibre localiza a Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida
Tras verse estafado, el Ayuntamiento de Madrid puso el caso en manos de la Policía Municipal. Durante meses, se trató de localizar sin éxito a Philippe Solomon, la cara visible de Sinclair&Wilde. Incluso participó la Policía de Nueva York, que tampoco consiguió dar con él. Algo que sí logró la semana pasada este periódico. En conversación con este diario, el empresario franco-israelí aseguró que todo se hizo conforme a la ley, que “en absoluto” está “escondido” o que nadie le ha enviado una “carta oficial” con una reclamación concreta. “Nunca pagué comisiones y creo que ahí comenzó el problema”, aseveró en declaraciones a este diario.
Introducida en el circuito contractual de emergencia a través del concejal del PP y consejero de la empresa funeraria Borja Fanjul Fernández-Pita, la administradora de Aifos e introductora de Sinclair&Wilde ha rehusado en cambio responder a las preguntas de este periódico.
Lo que hizo Borja Fanjul Fernández-Pita fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le había mandado el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, Araceli Vida esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería. Una empresa de Araceli Vida, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, aparece con medio millón de euros en la lista de proveedores que la funeraria municipal entregó a la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2021. Ahora, el consistorio asegura que aquello se trataba de "un error". Y que el documento aportado al departamento del ministerio público que de forma específica investiga la corrupción era un papel "interno". Nadie ha explicado aún qué empresa suministró las mascarillas atribuidas a Aifos ni cobró aquel medio millón.
Los cuatro primeros grandes contratos de emergencia que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en marzo de 2020 para material de protección frente al covid son justamente los cuatro que han terminado bajo sospecha de estafa y pendientes de lo que decidan los tribunales. Tres de ellos son los que reportaron a los comisionistas de oro Luis Medina y Alberto Luceño un corretaje de seis millones de euros que, por lo que se sabe a la fecha actual, les pagó la empresa adjudicataria –la malaya Leno– y que les mantiene imputados por graves delitos: blanqueo, estafa, falsedad y alzamiento de bienes. El cuarto contrato de emergencia de esa meteórica serie es el que fue a parar a la oscura firma estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. Es decir, la empresa protagonista de un segundo caso judicial por estafa cuya reapertura ha pedido ya la oposición tras localizar infoLibre a su propietario, a quien oficialmente se daba por desaparecido. Precisamente ese destino incógnito se convirtió en el motivo por el que las diligencias se cerraron provisionalmente a los cuatro meses de haberse abierto.