Cuatro meses después de las elecciones generales, la atención de los medios y de los partidos de la derecha sigue dominada por la amnistía y las mesas de diálogo abiertas por el PSOE con los partidos independentistas. La proposición de ley que sirve de soporte a las medidas de gracia será, de hecho, la que el martes abrirá las sesiones ordinarias de una legislatura que todo el mundo coincide en que está llamada a ser una de las más broncas desde la restauración de la democracia en España.
La iniciativa socialista demuestra que las urgencias del PSOE pasan por dar cobertura a los acuerdos con Junts y Esquerra que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y el inicio mismo de la legislatura. Del mismo modo, las proposiciones de ley presentadas en el registro del Congreso retratan dónde están las prioridades del resto de los partidos.
Y es ahí donde se hacen visibles algunas paradojas. Como, por ejemplo, que el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, dedica prácticamente todas sus intervenciones públicas a criticar la amnistía y a cuestionar la legitimidad del Gobierno, solamente ha presentado una proposición de ley en estos cuatro meses. Una sola, a pesar de ser el grupo más numeroso de la Cámara, y con ETA como tema principal argumento.
Terrorismo
La suya es una iniciativa que propone, entre otras cosas, “la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”. Así como de “actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”.
Y trata, al mismo tiempo, de cerrar la puerta a la progresión ordinaria de grado para los presos de ETA que no colaboren en la resolución de los casos pendientes.
Si la prioridad del PP es ETA, la de Vox es “la unidad de España”. Una peculiar iniciativa pensada para ilegalizar a las formaciones independentistas en la que proponen obligar a todos los partidos a defender la unidad de España, así como reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndums y el de ofensas a España, incluida la exhibición de símbolos independentistas. También, por supuesto, defienden el endurecimiento del delito de sedición. Y aprovechan, de paso para incluir la privación de la nacionalidad para los nacionalizados que cometan determinados delitos.
Toponimia en español
Los de Santiago Abascal son, con el PNV, los diputados que más iniciativas han presentado en el Congreso. A la de la unidad nacional, los ultras suman otra que trata de cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial —en el sentido que defiende el PP y que ya fue rechazado por el Congreso hasta en dos ocasiones en la anterior legislatura—, otra que trata de imponer la toponimia en español en las comunidades bilingües y una tercera que propone utilizar a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de migrantes a las costas españolas.
Vox también ha presentado una proposición de ley dirigida a endurecer el castigo de los delitos de agresión sexual y, al mismo tiempo, retomar la diferenciación entre la agresión y el abuso sexual.
Las prioridades de Sumar en este inicio de la legislatura no pueden ser más distintas. El grupo capitaneado por Yolanda Díaz, del que se acaban de escindir los cinco diputados de Podemos, ha presentado en el registro cuatro proposiciones de ley. Dos de ellas se ocupan de asuntos como la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y la regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. La tercera busca sacar del Código Penal los delitos contra los sentimientos religiosos y las ofensas a la Corona, a España o a sus símbolos.
Jurisdicción universal
PP y Vox se niegan a aplaudir a Armengol en la apertura de la legislatura por destacar la legitimidad el Gobierno
Sumar también ha presentado una iniciativa que trata de recuperar la jurisdicción universal de la justicia española. Una iniciativa que rema en la misma dirección de otra formulada por el PNV, partido que también ha recuperado varias de las iniciativas que presentó en la anterior legislatura y que decayeron con la convocatoria anticipada de elecciones.
Los nacionalistas vascos empujan, una vez más, para que el Congreso apruebe una nueva ley de Secretos Oficiales que ponga fin a las restricciones que siguen vigentes sobre hechos acaecidos hace décadas, una reforma del Tribunal Constitucional para dar a las comunidades autónomas la capacidad de intervenir en el nombramiento de magistrados o la modificación de la norma que rige el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para someter su actividad a control judicial previo.
En el registro del Congreso constan también sendas iniciativas de Junts y de Esquerra. ¿Sobre la independencia? ¿Sobre la defensa de la identidad o de la lengua? Nada parecido. La del partido que lidera Carles Puigdemont es tan prosaica que trata de garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Y la de los republicanos propone garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los deportistas o, lo que es lo mismo, su derecho a rechazar convocatorias oficiales de las selecciones sin objeto de sanción.
Cuatro meses después de las elecciones generales, la atención de los medios y de los partidos de la derecha sigue dominada por la amnistía y las mesas de diálogo abiertas por el PSOE con los partidos independentistas. La proposición de ley que sirve de soporte a las medidas de gracia será, de hecho, la que el martes abrirá las sesiones ordinarias de una legislatura que todo el mundo coincide en que está llamada a ser una de las más broncas desde la restauración de la democracia en España.